¡PREPÁRATE! LA POLICÍA NACIONAL ABRIRÁ CONVOCATORIAS PARA MÁS DE 40 CARRERAS PROFESIONALES

La entidad brindará este programa con el fin de darle la oportunidad a profesionales de diferentes ramas para que se vinculen a la institución.

El curso, con duración de un año, está dirigido a hombres y mujeres que cuenten con un título profesional en las carreras convocadas por la policía.

Ser colombiano menor de 30 años o hasta 35 años, si se acredita título de postgrado, y tener un promedio académico igual o superior a 3.5, son algunos de los requisitos para aplicar a esta convocatoria la cual ofrece un título de ‘Especialista en Servicio de Policía’, además de obtener un grado de subteniente en la institución.

EL RETIRO DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS, KEVIN WHITAKER

Habrá relevo en la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

El Gobierno del presidente Donald Trump acaba de decidir el cambio del representante de su país en el nuestro, señor Kevin Whitaker.

Una de las razones que determinaron el cambio fue la famosa carta que el embajador le envió a la Corte Suprema, en la que cuestionó la justicia para la paz. Como se recuerda, esa carta provocó una fuerte reacción del presidente Santos sobre la no intervención de extranjeros en temas internos del país.

Estados Unidos no ha fijado la fecha del relevo, pero esta sección estableció que su sucesor será un diplomático de carrera.

LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN COSTA RICA ACOMPAÑÓ A LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA CANCILLERÍA EN LA VISITA DE TRABAJO PARA LA COOPERACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN LA CANCILLERÍA DE COSTA RICA

Del 28 de agosto al 1 de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia visitó la Cancillería de Costa Rica en el marco del programa de cooperación técnica mediante el cual Colombia colabora en la transferencia de conocimientos para estructuración y establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad en la Cancillería costarricense.

El 1 de septiembre se llevó a cabo, en las instalaciones de la Casa Amarilla del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la reunión de cierre a la visita. Durante la reunión, Liz Jerez Araque, Jefe Oficina Asesora de Planeación de la Cancillería colombiana y Jessica Alvarado Lizano, Directora de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Cancillería de Costa Rica, expusieron los avances logrados hasta la fecha y los retos para llevar a buen término este proyecto de cooperación técnica.

Durante la reunión estuvo presente el señor Jorge Gutiérrez Espeleta, Viceministro Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, quien agradeció a la Jefe de la Oficina de Planeación de Colombia por su dedicación y trabajo para sacar el proyecto adelante, así como al Embajador por su acompañamiento y en general al Ministerio de Relaciones Exteriores por la excelente relación que se mantienen.

Por su parte, el Embajador de Colombia agradeció al Gobierno costarricense su disposición de trabajo y el grato recibimiento para la Jefe de Planeación de la Cancillería, así como el esfuerzo para llevar a cabo estos proyectos conjuntos de cooperación técnica que permiten fortalecer la relación bilateral.

SE LE VUELVE A COMPLICAR LA VIDA CON LOS JUECES AL EXMINISTRO FERNANDO LONDOÑO

Un nuevo giro acaba de dar el proceso contra el exministro Fernando Londoño en el Consejo de Estado.

Si bien, inicialmente el magistrado César Palomino elaboró una ponencia anulando la destitución de 15 años, proferida en su contra por la Procuraduría, el mismo magistrado Palomino la modificó. En la nueva ponencia, ratifica la sanción que le impuso la Procuraduría en diciembre de 2004. El magistrado argumenta que el Ministerio Público sí tenía pruebas suficientes para determinar que Londoño incurrió en un tráfico de influencias cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia, pues intervino para que el Ministerio de Transporte le pagara una millonaria multa al consorcio italiano Recchi Grandi Lavori Fincosit. Este caso se originó en 1997, cuando Londoño representaba a la firma italiana en un pleito contra el Estado, por inconformidad con la ejecución del contrato de la vía Bogotá-Villavicencio. En ese proceso, el Invías fue condenado a pagar $ 23.000 millones.

Londoño, en 2003, siendo ministro del Interior, envió una comunicación al entonces embajador en Italia, Francesco Peano, en la que le comunica que el Ministerio de Hacienda ya había hecho la reserva presupuestal suficiente para pagar la multa a favor del consorcio. Desde Roma le devolvieron la comunicación agradeciéndole por sus gestiones.

Para el magistrado Palomino, esas pruebas son suficientes para que la Procuraduría haya impuesto la sanción por tráfico de influencias.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR ORDENA CINCO DÍAS DE ARRESTO CONTRA EL MINISTRO DE AGRICULTURA

El Tribunal Superior de Valledupar ordenó cinco días de arresto contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Irragorri y otros altos funcionarios, por el incidente de desacato de una tutela de la restitución de un inmueble ubicado en San Ángel, departamento del Magdalena. También deberá pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales.

El magistrado Álvaro Enrique López Valera, explicó que se trata de “un incidente de desacato promovido por Antonio María Rodríguez Acosta contra Incoder, que se tramitó para poder dar cumplimiento de la sentencia de tutela 477 de 2014 emanada de la Corte Constitucional por medio de la cual se ordenó restituir a Rodríguez Acosta un inmueble en el municipio de San Ángel Magdalena, como quiera que las entidades obligadas a cumplir con la acción de tutela no lo han hecho se tramitó el incidente de desacato y como en el curso del incidente tampoco se pudo que se diera cumplimento a esa sentencia se sancionaron a los funcionarios encargados de cumplir con la sentencia”.

Igualmente hizo la salvedad de que “al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural se le sanciona porque era el superior funcionario que debía cumplir con el fallo”.

Además del ministro de Agricultura, también deberán cumplir con cinco días de arresto, el director de Unidad de Tierras, Miguel Samper y el director de Incoder, Carlos Eduardo Gechen.

Esta decisión no es definitiva y va a consulta a la Sala de Casación.

CORTE CONSTITUCIONAL SUSPENDE DEBATE DE BLINDAJE JURÍDICO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

La Sala plena de la Corte Constitucional suspendió el debate sobre el blindaje jurídico de los acuerdos de paz, debido a que a última hora la exministra de Defensa, Martha Lucia Ramírez, recusó a los magistrados Antonio José Lizarazo y Cristina Pardo por haber trabajado antes en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En la recusación, Ramírez consideró que los magistrados Lizarazo y Pardo no deben participar del debate, debido a que, previamente, lanzaron conceptos sobre los acuerdos de paz siendo Pardo, secretaria jurídica del presiente Santos y quien asesoró en materia legal la creación de los decretos de paz; y Lizarazo, siendo asesor del gobierno en la mesa de negociación de la Habana. 

La sala deberá revisar y analizar dicha recusación para decidir si los magistrados deben o no hacer parte del debate y las votaciones para definir el futuro jurídico del acuerdo de paz. 
El acto legislativo 02 de 2017 es trascendental para los acuerdos, ya que, entre otras cosas, establece que los tres periodos presidencias siguientes, después de la firma, están sujetos a preservar los contenidos y principios del Acuerdo Final. 

"Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final". 

Y el artículo 2 señala "El presente Acto Legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final". Dicho punto fue discutido en la Habana con el fin de que el acuerdo no fuera modificado por el gobierno de turno fuera o no opositor al gobierno Santos.

LA DISCRECIÓN DEL GOBIERNO FRENTE AL ESCÁNDALO DE BUSTOS Y RICAURTE

Aunque para muchos colombianos la justicia atraviesa por su peor momento, por cuenta del escándalo que hoy tiene involucrados a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en el cobro de millonarias sumas de dinero para favorecer procesos a congresistas, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, prefiere no mencionar la palabra crisis.

No lo hizo cuando el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias para que se investigue a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. En ese momento el mandatario reclamó investigaciones “rápidas y sin contemplaciones”.

Tampoco mencionó la palabra crisis a pesar de los graves señalamientos de la versión libre del senador Musa Besaile, quien admitió pagar 2.000 millones de pesos para no ser capturado por parapolítica, aunque se declaró víctima de un soborno por parte del abogado y exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

En suma, crisis en la justicia, para el Gobierno, no existe.

El pasado lunes, durante la posesión de los magistrados José Fernando Reyes (Corte Constitucional) y Oswaldo Giraldo (Consejo de Estado), Santos se refirió a lo que muchos medios han llamado la “hecatombe judicial”. Pero lo hizo para darle un mensaje de confianza a las instituciones.

“La Corte Suprema no es corrupta. Puede que haya algunos miembros que hayan cometido actos de corrupción. Hay que actuar contra ellos y por tratarse de personas con semejante investidura, hay que hacer una labor ejemplarizante”, dijo Santos.

El presidente no se refirió a ningún nombre en específico, a pesar de que Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte hoy estén en la picota de la opinión pública.

Solamente anunció dos decisiones para enfrentar la situación. Por un lado el Gobierno respaldó revivir el tribunal de aforados, y así quedó incluido en la reforma política. Por otro, anunció tres reformas para quitar las funciones electorales de las altas cortes, que para el mandatario son la causa de la politización de la justicia.

La forma como el presidente se refirió a este caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, contrasta con la postura que asumió durante el primer gran escándalo judicial que coincidió en su Gobierno.

Hace dos años el país se escandalizó con el caso del entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien fue señalado de haber pedido 500 millones de pesos para seleccionar una tutela de la firma Fidupetrol.

Luego de que la Comisión de Acusaciones acusara a Pretelt por el delito de concusión, en diciembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos le sugirió al magistrado renunciar a la Corte Constitucional por el daño que le ha causado a la institución. Durante el proceso, tanto el ministro del Interior como el de Justicia tomaron la misma posición.

En el nuevo caso de corrupción de la justicia, Santos no se ha referido directamente a Leonidas Bustos, ni a Francisco Ricaurte. Tampoco ha mencionado el caso de su esposa del expresidente de la Corte Suprema, María Cristina Pineda, a quien la Casa de Nariño ternó para la Comisión de Disciplina Judicial. Por ahora, no se sabe si esa postulación se mantendría a pesar de los serios cuestionamientos que pesan sobre el exmagistrado.

Para algunos, la discreción del Gobierno frente a la mala hora de Bustos se debe al apoyo decidido que el entonces magistrado tuvo frente a la agenda del proceso de paz. En círculos judiciales se recuerda que el entonces presidente de la Corte Suprema aseguró en agosto de 2015, en Cartagena, que “las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo para la definición soberana del destino de una nación, el derecho ha de servir al fin máximo de conseguir y mantener la convivencia pacífica del país”. Esas declaraciones produjeron una reacción aireada de sus colegas y de un grupo de juristas del país.

Para otros, la prudencia del Gobierno se debe a que se trata de dos magistrados que no están hoy en ejercicio y para proteger a la Corte Suprema como institución de la hecatombe que vive hoy.

El ministro de Justicia, quien fue magistrado del Consejo de Estado, también ha hecho declaraciones generales, pero no se ha referido a los exmagistrados. “El Gobierno acompaña, respalda, rechaza y pide que se investiguen estos hechos de manera pronta y expedita a efectos de que se establezca la realidad y se impartan las sanciones”, dijo en una reciente entrevista.