INVESTIGAN AL SEGUNDO DE LA DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN

Un mes después de la captura del director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y conocer su confesión al mismo tiempo que una frustrada audiencia de aceptación de cargos, aparece en lista de las autoridades el nombre del segundo al mando de esa unidad en el ente acusador. 

El fiscal Daniel Díaz, aparentemente, resultó mencionado en una conversación entre Moreno, su ex jefe y el abogado Leonardo Luis Pinilla, los dos capturados y donde indicaron que el actual funcionario recibió 300 millones de pesos para favorecer, supuestamente, al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. 

El mandatario sería objeto de investigación en el llamado “Cartel de la Hemofilia” que tiene a más de una docena de funcionarios de esta y la anterior administración con enredos en la Fiscalía. 

El dinero aparentemente recibido por el fiscal Díaz tendría como objetivo evitar una orden de captura contra el gobernador, eso investiga el ente acusador.

GENERAL TORRES ESCALANTE PIDE INGRESAR A LA JEP

El mayor general retirado del Ejército Henrry William Torres Escalante esta privado de la libertad desde el 28 de marzo de 2016 procesado por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el departamento de Casanare cuando fungía como comandante de la brigada XVI del Ejercito, ahora espera que un juzgado de Yopal resuelva si su proceso puede ser conocido por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-

La solicitud envió a la Fiscalía su abogado Jaime Granados para quien el proceso deberá suspenderse mientras se crea la Jurisdicción Especial y su caso es conocido por los magistrados de paz. “Hasta tanto no entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la pez y se remita el proceso a la misma y por otra parte, disponga de la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa contra mi prohijado, de conformidad con los hechos”.

Según la Secretaria de la JEP a corte de hoy han quedado en libertad condicionada a 245 miembros de la Fuerza Pública.

“CON EL PLAN DECENAL DE JUSTICIA PASAREMOS DE LA DECLARACIÓN A LA ACCIÓN”: MINJUSTICIA

En el marco una nueva jornada de socialización del Plan Decenal de Justicia 2017-2027, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero advirtió que el país exige un sistema de justicia moderno y con mayor capacidad, pero sobre todo que pase al campo de las realizaciones.

“Hagamos de la justicia un concepto real, pasemos de los textos a las realizaciones”, instó el Ministro Gil Botero a los asistentes y señaló que la implementación del Plan Decenal de Justicia (PDJ) es tarea de todos. “Del trabajo articulado dependerá que este documento no se convierta en letra muerta y, por el contrario, impacte de forma positiva la estructura y buen funcionamiento del sistema de justicia de cara al ciudadano”, puntualizó. 

El PDJ fue adoptado mediante Decreto 979 de 2017 y se concibe como un conjunto de principios rectores de política, propuestas, acciones y metas que expresan de forma indicativa la voluntad del país en materia de justicia en los siguientes diez años. Promueve la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización en la administración de justicia. 

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Fabián Marín Cortés, líder técnico institucional del Plan, destacó la importancia de tener esta hoja de ruta. “El Plan Decenal es la mega herramienta para coordinar el sistema de justicia, respetando competencias y responsabilidades”´, dijo. 

Según Marín Cortés, el PDJ constituye la apuesta del Gobierno Colombiano para articular esfuerzos en favor de la modernización del sistema en términos de información, infraestructura, talento humano y en general en todos los aspectos que provean una mejora del servicio de justicia de cara al ciudadano.

Entre las principales líneas de trabajo del PDJ se encuentran: optimizar la capacidad de gestión del sistema de justicia para aumentar el impacto hacia el goce efectivo de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica; generar la transformación del sistema de justicia mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones; arraigar los métodos de resolución de conflictos como práctica social e institucional para la gestión de los conflictos, a nivel nacional y territorial de cara a la construcción de paz, seguridad y convivencia; y fortalecer las destrezas, calidades y conocimientos especializados de los actores del sistema de justicia; entre otros.