UN SOLDADO MUERTO DEJÓ ATAQUE DEL ELN CON EXPLOSIVOS A BASE MILITAR EN EL CATATUMBO

Hombres de la Fuerza de Tarea Vulcano de la segunda división del Ejército, fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil, en la base militar de zona rural del municipio de El Teorama en Norte de Santander. 

Las fuerzas militares señalaron al frente Héctor del Ejército de Liberación Nacional, que delinque en al región, como los responsables del atentado.

El hecho se presentó en la vereda Llana Baja, en el Catatumbo, donde según información preliminar, dos uniformados identificados como Hollman Servantes y Justin Guzmán resultaron heridos por la onda explosiva y esquirlas, luego de la fuerte detonación, al momento del ataque.

En el hecho, El soldado profesional Robinson Delgado Lázaro perdió la vida y se espera conocer el reporte oficial por parte de las Fuerzas Militares y la responsabilidad de este ataque.

Durante varios minutos, los uniformados adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, repelaron el ataque que mantuvo en total alerta a la comunidad vecina del sector.

En la zona delinquen grupos armados como el Eln, Los Pelusos, reducto armado del Epl y bandas criminales al servicio del narcotráfico.

El pasado 11 de enero, las fuerzas militares frustraron un hostigamiento a una base militar en el corregimiento de Orú, zona rural del municipio de El Tarra, en el Catatumbo, que no dejó soldados lesionados.

CORTE SUPREMA DE EE. UU EXAMINARÁ DECRETO MIGRATORIO DE TRUMP

La Corte Suprema de Estados Unidos indicó este viernes que examinará la tercera versión del polémico decreto antimigratorio del presidente Donald Trump.

En su tercera edición, el decreto –que los detractores del mandatario combaten ante la justicia– prohíbe la entrada a Estados Unidos de manera permanente a los ciudadanos de siete países (Yemen, Siria, Libia, Somalia, Irán, Corea del Norte y Chad) y cierra las fronteras del país a altos funcionarios venezolanos.

El texto fue suscrito el 24 de septiembre del año pasado, pero fue suspendido por un juez del estado de Hawái el 17 de octubre, la víspera de su entrada en vigor.

De acuerdo con ese magistrado, el decreto no lograba demostrar de qué forma bloquear el ingreso al país a personas de países de mayoría musulmana favorecía “los intereses de Estados Unidos”.

Otro juez del estado de Maryland bloqueó posteriormente los efectos de la medida.

El gobierno inició un largo derrotero de apelaciones hasta que en noviembre una corte de San Francisco autorizó parcialmente la aplicación del decreto, excluyendo a “extranjeros que puedan demostrar una relación de buena fe con una persona o una entidad” local.

La resolución de la Corte Suprema debería ser conocida alrededor del mes de junio.

PROCURADURÍA SUSPENDE AL GOBERNADOR DE CÓRDOBA EDWIN BESAILE

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por el llamado cartel de la hemofilia.

El organismo investiga el pago de más de $1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana .S.A.S., para la atención de 14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia.

La suspensión provisional fue ordenada para evitar que el gobernador Besaile Fayad interfiera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS.

Entre las pruebas que fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría figura la declaración a un medio radial donde el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aseguró que su sucesor en 2016 siguió pagando las cuentas por la atención a falsos pacientes de hemofilia.

Así mismo, una auditoría de la Contraloría General de la República que estableció en más de $1.500 millones los pagos por parte de la gobernación a la IPS San José de La Sabana.

Para la Procuraduría las presuntas irregularidades del gobernador Besaile Fayad giran en torno a la infracción de disposiciones que posiblemente constituyen faltas gravísimas y graves relacionadas con haber permitido o tolerado el incremento injustificado en el patrimonio propio o de terceros, así como la omisión de deberes en el proceso de seguimiento y control de los recursos presupuestales del Sistema General de Participación –SGP.

La medida cautelar de suspensión provisional del gobernador de Córdoba le será notificada al Presidente Juan Manuel Santos.

LA TUTELA QUE LA HIJA DE BUSTOS LE GANÓ A PETRO

En medio del escándalo del carrusel de la toga se han hecho muchas afirmaciones de gravedad. La mayoría de estas tienen que ver con revelaciones sobre cómo operaba la red de corrupción al interior de ese alto tribunal que destapó con su testimonio el exfiscal Gustavo Moreno. Sin embargo, los tentáculos de ese episodio han ido mucho más allá y se han extendido al rol no solo de los togados sino de sus hijos.

Una de esas denuncias la hizo Gustavo Petro. En su cuenta de Twitter, el candidato aseguró que el contralor distrital Juan Carlos Granados había contratado a los hijos de Leonidas Bustos por más de mil millones de pesos. “Compró la impunidad”, aseguró refiriéndose a que el funcionario ha sido supuestamente mencionado en el escándalo de Odebrecht pero no le había pasado nada en ese frente.

La hija del exmagistrado, Ximena Bustos, interpuso una acción de tutela con el fin de proteger su derecho al buen nombre. La joven asegura que las afirmaciones que hace Petro son falsas pues ella sí tuvo vinculación con la Contraloría pero esa relación comenzó mucho antes de que Granados fuera nombrado en esa entidad. Aclara que se separó del cargo el pasado 22 de agosto de 2017.

Ante el juzgado, el organismo de control emitió los certificados que prueban que Ximena Bustos no ha tenido contratos sino que se desempeñó como subdirectora técnica, en un cargo de libre nombramiento y remoción.

Ximena Bustos explicó que lo dicho por Petro es “absolutamente falso como quedó ampliamente demostrado con las pruebas aportadas a la acción constitucional que formulé”.

Con base en esa información, el juzgado 71 civil de Bogotá asegura que Petro no tiene cómo sustentar lo que afirmó y por eso debe retractarse. “Lo dicho por el político carece de sustento, al punto que este ni siquiera dice en qué fuente se apoya, ni especifica en qué contrato millonario está involucrada la reclamante”. Agrega que los trinos fueron fruto de “una mera ligereza”.

El juez recuerda que la vitalidad de las redes sociales ha hecho que afirmaciones falsas se vuelvan masivas y que por cuenta de esto se habla hoy que el mundo vive en la era de la posverdad. Para él, “permitir que cualquiera diga de cualquiera lo que sea” sería asumir que el derecho al debido proceso está en vía de extinción.

En ese sentido, la justicia le ordena a Gustavo Petro rectificar sus afirmaciones sobre la hija de Bustos en un plazo de 48 horas. Agrega que debe hacerlo en la misma forma en que comenzó: con un trino.

FISCALÍA ADVIERTE RIESGO DE PRESCRIPCIÓN DE CASO INTERBOLSA

El caso Interbolsa arrancó en 2012, un año y medio después la Fiscalía logró la imputación de cargos. En 2014 radicaron el escrito de acusación en contra de nueve implicados y cuatro años después el juicio ni siquiera tiene fecha de cierre. 

La Fiscalía le envió a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucia Olano, una carta con cara de advertencia por el riesgo de prescripción del caso Interbolsa. 

El fiscal general Néstor Humberto Martínez firmó el documento y dejó constancia de los motivos que llevan a pensar que el caso esté al borde de la prescripción: dilaciones de abogados a través de la solicitud de pruebas, aplazamientos de las audiencias, el paro judicial de 2014 y la inclusión de víctimas en el proceso. 

Pero el hecho particular que motivó al fiscal a redactar la carta con destino a la judicatura, sale del más reciente aplazamiento de la audiencia que debía resolver la incorporación de 1347 pruebas y más de 680 testigos, pero que nuevamente fue aplazada. 

La Fiscalía le pide al Consejo Superior que se designe, como en casos especiales, un juez exclusivo para el proceso y que de esta forma se tenga la garantía de trabajar en el juicio y conocer por fin la condena contra los responsables. 

En seis años de investigación hay dos condenas en el caso Interbolsa, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, que aceptaron cargos pero cuyas penas a cinco años generaron fuertes críticas entre las víctimas del descalabro financiero.

NUEVOS DIGNATARIOS DE LAS SALAS ESPECIALIZADAS DE LA CORTE SUPREMA

Las salas de Casación Civil, Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia eligieron como sus presidentes a los magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Fernando Castillo Cadena y Luis Antonio Hernández Barbosa, respectivamente.

El nuevo presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, es egresado de la Universidad Autónoma de Colombia y Especializado en Derecho de Instituciones Jurídicas Familiares de la Universidad Nacional de Colombia; Magíster en Derecho de la Universidad Nacional; con 25 años de experiencia en los campos del Litigio, el Académico y Gerencia Administrativa; investigador con énfasis en Derecho Privado, Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia, y Género. 

El magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Sala de Casación Laboral, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (2003) y Magister en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana (1997), se graduó como Abogado de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga en 1995. Actualmente se desempeña como Magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Fue Profesor Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde fungió también como director de la Maestría en Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Líder del Grupo de Investigación en Derecho Económico. 

El magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, presidente de la Sala de Casación Penal, es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal. Juez de carrera. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Director Seccional de Fiscalías, juez de Instrucción Criminal, juez Penal Municipal y empleado judicial. Catedrático en Procedimiento Penal, Jurisprudencia, Casación y Recurso de Revisión, en las Universidades Santo Tomás, Libre y de Medellín. 

Como vicepresidentes de las salas de Casación Civil, Laboral y Penal fueron designados los magistrados Octavio Augusto Tejeiro Duque, Luis Gabriel Miranda Buelvas y Luis Guillermo Salazar Otero.

El vicepresidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y docente universitario en Derecho Constitucional, Procesal Civil y Romano en varias universidades del país. Ha sido juez de carrera. Y Antes de llegar como magistrado de la Corte Suprema de Justicia venía ejerciendo el cargo de presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. 

El magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, vicepresidente de la Sala de Casación Laboral, es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia. Inició su carrera profesional como citador, escribiente y oficial mayor de Juzgado Laboral de Circuito, auxiliar judicial del Tribunal Superior de Bogotá, secretario del Juzgado Laboral del Circuito de Girardot, conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, Juez Promiscuo Municipal, Juez Laboral del Circuito, abogado litigante y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. 

El nuevo vicepresidente de la Sala de Casación Penal, magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, con título de doctor en Jurisprudencia y especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Desempeñó diversos cargos en la Rama Judicial hasta llegar a la magistratura del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en 2011, entre ellos los de Juez Primero Penal Municipal del Socorro (Santander), Juez Segundo Penal del Circuito del Socorro, Secretario de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil.