ESTE DICIEMBRE, PAZCÍFICO SINFÓNICO REGRESA A BOGOTÁ CON MÁS DE 100 ARTISTAS EN ESCENA

Después de sus presentaciones en Lima, representando a Colombia en la Feria Internacional del Libro, y en Cali en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia vuelve al Teatro Jorge Eliécer Gaitán este 15 y 16 de diciembre con PaZcífico Sinfónico, el concierto que rinde homenaje a la música del Pacífico colombiano, a sus artistas y a sus diversos ritmos, llevando la música del folclor al formato sinfónico.

Las voces de reconocidos músicos de esta región como ‘Markitos’ Micolta, Nidia Góngora y Clarisol Martínez, junto con el marimbero Hugo Candelario González, especialista en la música del Pacífico y Director del Grupo Bahía; el percusionista oriundo de Buenaventura Wilson Viveros, y el pianista caleño Jonathan Ortiz, más conocido como ‘Mulatho’, interpretarán 18 temas insignia del Pacífico acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, bajo la dirección del colombo-belga Paul Dury. 

Canciones como La vamo’ a tumbá, Mi Buenaventura, Amanecé, Te vengo a cantar, La caderona y Kilele, harán un reconocimiento a la enorme riqueza y el gran legado cultural de Colombia a través del encuentro entre el folclor de esta región y la música sinfónica.

CICAD DESTACA EL TRABAJO QUE MINJUSTICIA ADELANTA CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

El asesor jurídico y coordinador de proyectos de Justicia Terapéutica de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto Amiot Rodríguez, elogió la labor que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza del doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, desarrolla en materia de lucha contra las drogas y la responsabilidad penal para adolescente.

‘El Ministro de Justicia va por muy buen camino, ya que cuenta con funcionarios y profesionales que están capacitados y sensibilizados para responder a las necesidades de los adolescentes y tratar plenamente a los jóvenes que están sumergidos en la problemática de las drogas y en conflictos con la ley’, puntualizó Alberto Amiot Rodríguez.

El Asesor Jurídico de la CICAD, presente en el foro denominado ‘Seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)’ que se desarrolla en la ciudad de Medellín, destacó el proyecto que lidera el Ministerio de Justicia para la materialización de la política de drogas centrada en jóvenes y lo considera como “potencial e influyente en la sociedad colombiana, porque le da un lugar al delito del adolescente y le brinda la oportunidad de reintegrarse a la sociedad activamente”.

En cuanto a la intervención judicial o el encarcelamiento, el experto de la CICAD afirma que no es el único mecanismo que se puede implementar, ya que este genera más perjuicio social. Amiot Rodríguez hace hincapié en que estos modelos ofrecen salidas distintas, es decir, alternativas que se pueden respaldar en cortes de reinserción, tribunales de tratamiento de drogas y cortes comunitarias.

El experto chileno también felicitó el trabajo mancomunado que adelantan las instituciones involucradas como: la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el sector salud. Invitó a los participantes a seguir trabajando para consolidar una sociedad más justa al momento de penalizar a los jóvenes en conflicto con la ley.

PLENARIA DE SENADO APRUEBA PROYECTO QUE ACABA CON ABUSOS EN FOTOMULTAS

Hoy en plenaria de senado se aprobó con 59 votos el proyecto que reglamenta y pone en operación las fotomultas, esta iniciativa hará tránsito en la cámara de representantes para conviertirse en ley de la república.

El senador Mauricio Aguilar (Opción Ciudadana), ponente de la iniciativa aseguró que las fotomultas proliferaron sin control y este proyecto sin duda ha generado una gran connotación por los abusos cometidos contra los conductores y propietarios de vehículos, y preciso "que se regule el uso de esta ayudas electrónicas y se acabe este negocio de particulares, que lo único a que conlleva es a enriquecer el bolsillo de unos pocos".

El Congresista santandereano, ponente de esta iniciativa, fue enfático en afirmar "hemos sustentado y defendido que no se vulneren los derechos de los colombianos y que hayan políticas que regulen esta implementaciones, no estamos en contra de las herramientas tecnológicas, sino que sea haga un buen uso e implementación, que contribuyan no solo a la movilidad sino al tema de la seguridad vial"

En el marco de la discusión el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, precisó "el uso de tecnologías es importantes pero con el sistema de fotomultas se están cometiendo abusos y el proyecto tiene un riesgo muy alto, porque este tipo de negocios de las fotomultas genera corrupción".

Por otra parte los senadores Antonio Correa y Marco Aníbal Avirama coinciden en proponer que los alcaldes utilicen los recursos de las multas para obras, y aclaran que "los alcaldes no necesitan empresarios privados" y que además el gobierno debe revelar la ubicación de estas cámaras.

A su turno el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez puntualizó "este proyecto lo que pretende es quitar abusos de remuneración".

Finalmente el senador Álvaro Asthon argumentó que el proyecto busca legitimar tres aspectos: legalizar un negocio entre privados y tránsitos territoriales, "no podemos legislar para privados"; que los particulares asuman los gastos del negocio y no las alcaldías; y por último que se sometan a licitación pública los procesos incluso los actuales, la mayoría de los municipios deben operar directamente, "si es con privados que sea con licitación" declaró el senador liberal.

CONGRESO RECONOCE HONORARIOS A EDILES DEL PAÍS

La Plenaria de Senado dió luz verde con 70 votos positivos y ni uno solo en contra, para que sean reconocidas las funciones constitucionales que cumplen los miembros de las Juntas Administradoras Locales, y para autorizar a los alcaldes el pago de honorarios a los ediles en poblaciones en dónde el número de habitantes sea superior a los cien mil.

La congresista Doris Vega, autora, ponente y conciliadora de esta iniciativa, le solicitó al Gobierno Nacional darle mayor celeridad para que el proyecto se convierta en Ley de la Republica.

La propuesta pretende que los alcaldes financien con sus recursos de libre destinación, la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de cotización de un salario mínimo legal mensual vigente y sin que esto implique vinculación laboral con la entidad territorial, a través de la suscripción de una póliza de seguros.

En el mismo sentido, el proyecto contempla que las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias al año. Los ediles que se ausente sin justficación alguna a por lo menos la tercera parte de los debates, serán excluidos de recibir estos beneficios.

La congresista, de Opción Ciudadana, expresó complacencia con el respaldo dado por sus colegas a esta iniciativa, con la que busca rescatar la loable y meritoria labor que cumplen los ediles en pro de sus localidades.

"A nombre de los ediles del país, en razón a que pertenecí a ese gremio en los inicios de mi labor pública, agradezco a los honorables senadores el apoyo dado a este proyecto de ley para resaltar el derecho a la igualdad, en este caso a funcionarios pertenecientes a una corporación pública".

FISCALÍA SOLICITÓ IMPUTACIÓN CONTRA 725 EXPARAMILITARES POR MÁS DE 22.000 HECHOS DELICTIVOS QUE DEJARON 49.000 VÍCTIMAS.

La Fiscalía General de la Nación ha continuado con el proceso de cierre de las investigaciones contra las macroestructuras paramilitares, según el procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005.

En ese sentido el día de hoy, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación contra 725 exintegrantes de las Autodefensas, por 22.221 hechos delictivos, que dejaron más de 49 mil víctimas. Todas ellas han participado de manera directa en los procesos penales contra las personas cuya imputación se solicita.

Hemos diseñado una estrategia de cierre del Proceso de Justicia y Paz que comienza con esta solicitud de imputación a 725 postulados, y significa el cierre parcial de ocho macroestructuras criminales, a saber:

1. Macro estructura de Salvatore Mancuso, que incluye los Bloques: Norte, Catatumbo y Montes de María.
2. Bloque Central Bolívar
3. Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada
4. Bloque Héroes de Tolová
5. Bloque Elmer Cárdenas
6. Bloque Pacífico
7. Macro estructura de Heberth Veloza García, alias “HH” la cual incluye los Bloques Calima y Bananero
8. Bloque Centauros

Entre los máximos responsables de las macroestructuras que se hallan en esta etapa de cierre, se pueden relacionar los siguientes:

1. Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito
2. Heberth Veloza García, alias HH
3. Salvatore Mancuso Gómez, alias Mono Mancuso
4. Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón
5. Jorge Iván Laverde Zapata, alias el Iguano
6. Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino
7. Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez
8. Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar
9. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna
10 Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán
11 Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata

Dentro de los hechos cometidos por estas estructuras, se encuentran entre otros, los siguientes:

- Desplazamiento de Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca), ocurrido entre el 12 de enero de 1999 y el 24 de agosto de 2000 en Pivijay (Magdalena), que cobró cerca de 300 víctimas.

- Homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis, 17 de septiembre de 2004, en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). Correa de Andreis era ingeniero agrónomo y sociólogo, enseñaba en las Universidades del Norte y Simón Bolívar.

- Masacre de la cabecera municipal de Villa Nueva (La Guajira), el 8 de diciembre de 1998 con 11 víctimas letales.

- Masacre del Corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní (Cesar), el 8 de enero de 1.999 con 32 víctimas.

- Homicidio de la fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda del Carmen Paternina Negrete, el 29 de agosto de 2001, en Sincelejo (Sucre).

- Las masacres de Caunapí y la Guayacaná en Tumaco (Nariño), ocurridas en los años 2002 y 2003, respectivamente.

- Desaparición forzada de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Monsalve, el 6 de octubre de 2000, en la ciudad de Medellín (Antioquia) Defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

- Masacre de Bojayá (Chocó) y desplazamientos masivos años 2002 con 1.300 víctimas.

- Desplazamiento de Las Mercedes en Quibdó ocurrido el 26 de noviembre de 1999 con 69 víctimas directas y 380 víctimas indirectas.

- Masacre de Gualanday, municipio de Corinto (Cauca) acaecida el 18 de noviembre de 2001, con 14 víctimas.

- Masacre de La Rochela cometida el 18 de enero de 1989 que cobró la vida de 12 personas, en el municipio de Simacota (Santander).

- Homicidio del Diputado de Meta, José Rodrigo García Orozco, en Villavicencio (Meta), el 26 de noviembre de 1992.

El avance en el cierre de estas estructuras es resultado del trabajo realizado por los Fiscales e investigadores adscritos a la Dirección de Justicia Transicional, con el fin de dar respuesta en materia de verdad y justicia a las más de 49 mil víctimas afectadas con los hechos; develando el fenómeno paramilitar en que se cometieron, a partir de la asociación de casos y el esclarecimiento de los fenómenos criminales de sus macro-estructuras.

DESIDIA DE PADRES DA A LUGAR A SER SEPARADOS DE SUS HIJOS: CORTE SUPREMA

Los niños podrán ser separados de su familia cuando haya desidia de los padres que impida garantizar las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos.

Así lo determinó la Sala de Casación Civil al negar una acción de tutela promovida por una madre de familia que buscaba dejar sin efecto una resolución emitida por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Leticia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Regional Amazonas), dentro de una actuación administrativa a través de la cual le entregaron la custodia de su hijo a la abuela paterna.

Para la Corte Suprema de Justicia la tutela resulta improcedente debido a que la progenitora tuvo la oportunidad de cuestionar la resolución objeto de censura ante el Juzgado de Familia de Leticia y no lo hizo.

“…se resalta la desidia de la actora de colaborar en el trámite administrativo, cuantas veces se le cito y nunca asistió, en aras de fortalecer la relación materna con su pequeño hijo, y que (…) se queja en este amparo. De ahí que el estatuto de la infancia señale que los niños sólo podrán ser separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos”, sostiene la decisión.

Finalmente la Corte Suprema de Justicia sostuvo que ha sido enfática en que si el gestor de la salvaguarda desperdició las diferentes oportunidades procesales “…es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria (la tutela), o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, pues los mismos son perentorios e improrrogables…”.