ENVIADOS A PRISIÓN LOS PRIMEROS INVESTIGADOS POR RED DE PROSTITUCIÓN EN CARTAGENA

En la denominada “Operación Vesta” dos israelitas, un venezolano y tres colombianos fueron capturados por delitos sexuales. 

En las últimas horas, un Juez de Control de Garantías decidió enviar a la cárcel a seis de los 18 capturados durante la “Operación Vesta” por hacer parte de la red de prostitución que sometía a abusos sexuales a más de 250 víctimas, entre niñas y adolescentes. 

Según la Fiscalía, los ciudadanos israelíes fueron identificados como Liad y Samu, los colombianos como Giorgi, Marcos y Margedis y el venezolano como Iván. 

Dos, de las 18 personas capturadas son señaladas de buscar, convencer niñas y explotarlas sexualmente en sitios turísticos de Cartagena. Otras dos personas que aparentemente se desempeñaban como administradores de algunos hoteles, son acusados de acceder a que la prostitución se lleve a cabo en sus establecimientos.

Además de los ya mencionados, dos presuntos policías identificados como Javier Tovar y Naymiro Cabarca, fueron detenidos y están siendo investigados por exigir una suma de dinero para abstenerse en el cumplimiento de sus deberes y no capturar a los turistas que pagaban por adquirir los servicios sexuales con las niñas y adolescentes; las autoridades mencionaron que algunas de las víctimas son de nacionalidad venezolana que se encontraban en estado de vulnerabilidad. 

Otra protagonista en el caso de la explotación sexual en Cartagena, quien de igual manera fue capturada el pasado lunes en la “Operación Vesta” es Liliana del Carmen Campos Puello, alias “Madame”, señalada por las autoridades de atraer niñas y mujeres jóvenes y ofrecerles trabajo en las islas del Caribe, ayudándoles a obtener pasaporte y dinero para su manutención, pero en realidad, las encerraban y explotaban.

Al parecer, alias “Madame, tiene antecedentes penales por ingreso irregular de heroína a Estado Unidos.

SE POSESIONA NUEVA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JEP, MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN

Este miércoles, María del Pilar Falla Bahamón, abogada especializada en Derecho Administrativo y Financiero se posesionó como la nueva Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La nueva Secretaria Ejecutiva fue escogida luego de realizarse una convocatoria pública, en la que participaron 62 aspirantes. Este proceso implicó la inscripción, verificación de requisitos y entrevistas, que estuvieron a cargo de una comisión de magistrados y magistradas de la JEP.

Las funciones de la nueva Secretaria Ejecutiva que empezará a desempeñar son:

1. Gestionar los aspectos administrativos, económicos y financieros de la JEP.
2. Facilitar el procedimiento de contratación con entidades públicas y privadas que permitan el adecuado funcionamiento de la JEP. 
3. Promover el acercamiento de la JEP a las víctimas y comparecientes. 
4. Brindar asesoría a los ciudadanos, comparecientes y víctimas sobre las funciones y competencias de la JEP. 
5. Coordinar con las entidades del Estado la colaboración armónica para cumplir la misión de la JEP. 
6. Rendir cuentas a la ciudadanía, sobre la gestión de los recursos de la JEP. 

Recordemos que María Falla estudió derecho en la Universidad del Rosario, tiene una especialización en Regulación de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y un curso de formación en solución de Conflictos de la Universidad de Hardvard en Estados Unidos.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA ONU FIRMAN ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS –SAT-

Con el fin de fortalecer el equipo en terreno del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, las agencias de Naciones Unidas en Colombia: ONU Mujeres, El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD y La Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, con el financiamiento del Fondo Multidonante de la ONU, presentaron un proyecto conjunto para fortalecer el sistema de emisión de alertas tempranas orientadas a la prevención de vulneraciones de derechos de la población, en el marco de la implementación del Acuerdo Final y la construcción de la paz en Colombia.

El Defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, el Coordinador residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago Herrero, el Representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, Jozef Merkx, y Silvia Arias, Oficial Nacional de Programas en ONU Mujeres Colombia, , firmaron este miércoles 1ro de agosto el “Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz”.

Desde el año 2001 la Defensoría del Pueblo cuenta con el Sistema de Alertas Tempranas. “Con este proyecto se busca fortalecer el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudar a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como son homicidios selectivos, desplazamientos, desapariciones forzadas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, los constreñimientos a la población, las amenazas e intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo Final de paz”, afirmó Negret Mosquera.

Por su parte Martín Santiago Herrero, Coordinador residente de la ONU en Colombia, afirmó que “este proyecto pretende ayudar a fortalecer las medidas de prevención de vulneraciones a los DD.HH. de las y los colombianos. No podemos seguirle fallando a quienes defienden, por medios legítimos, la democracia y el pleno goce de los derechos de las comunidades. Los guarismos, aunque importantes, no son lo esencial. Un asesinato bastaría para decir que aquí en Colombia estamos en una situación que no solamente es preocupante, sino vergonzosa”.

Para Jozef Merkx, Representante de ACNUR en Colombia, “este proyecto significa fortalecer la capacidad de instituciones de prevención y protección de derechos, como la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas, en un momento en que el desplazamiento, especialmente el de carácter masivo, se incrementa de una manera preocupante. El primer semestre del presente año se han tenido más víctimas de desplazamiento masivo que lo registrado en todo el 2017”.

En vínculo con lo anterior ONU Mujeres reconoció la importancia de apoyar los mecanismos que permitan desde el territorio derivar en una protección reforzada a los derechos de las mujeres “Este proyecto es una oportunidad para que el Estado Colombiano cuente con información específica y orientaciones de control, mitigación y/o disuasión de los riesgos y amenazas contra la participación y la representación política, social y comunitaria de las mujeres, y que sea dicha información la que oriente la implementación del importante marco normativo y de política pública vigente en materia de protección y garantías de lideresas y defensoras de derechos humanos” indicó Silvia Arias de ONU Mujeres.

El Sistema de Naciones Unidas es un aliado firme para trabajar con todas y todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Tenemos que intensificar los esfuerzos para que lo logrado hasta hoy en materia de fortalecimiento a la Defensoría sea irreversible. Solo protegiendo la vida de nuestros defensores y defensoras, líderes y lideresas construiremos una paz duradera y una democracia sólida para Colombia.

Este proyecto es posible gracia al Fondo Multidonante para el Posconflicto que es presidido por el Alto Consejero para el Posconflicto, la Seguridad y los Derechos Humanos y co-presidido por el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Colombia. Este instrumento ha permitido el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el Sistema de Naciones Unidas y países donantes con un objetivo en común: lograr la estabilización del territorio y consolidar la paz en Colombia. En este marco, el Gobierno Nacional ha impulsado como una de las prioridades del Fondo el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para velar por la efectividad del Sistema de Alertas Tempranas.

Por eso, APC-Colombia como una de las partes del comité técnico del Fondo (integrado a su vez DNP, ACP, Cancillería y OACP) facilitó el proceso de revisión articulado y respaldo para avanzar con la aprobación del proyecto para contribuir a prevenir los riesgos en los que se encuentra la población.

¿LAS EMPRESAS PUEDEN DESCONTAR DEL SUELDO EL DÍA UTILIZADO PARA EL CENSO?

Durante el primer semestre del presente año, el Gobierno ordenó realizar un censo general en todo el territorio nacional, basándose en el Decreto 1899 de 2017, de acuerdo con la Ley 79 de 1993.

Para el cumplimiento correcto de este proceso, es obligatorio que los habitantes de la vivienda estén presentes el día de la visita del DANE y durante el tiempo que dure la misma.

Allí, el funcionario de la entidad gubernamental hará una entrevista a quienes habiten la casa para hacer válido el censo de la familia en cuestión. Esta visita será notificada con anterioridad por medio de una circular con los datos correspondientes como fecha, hora y nombre del funcionario encargado de censar la vivienda. 

El funcionario del DANE deberá entregar a cada habitante de la vivienda un certificado de cumplimiento con el censo, el cual podrá ser utilizado para justificar la falla laboral del día tomado para la visita, por lo que la empresa en específico no podrá descontar de los honorarios del empleado, el empleado no deberá reponer el día ni ser sancionado por la ausencia.

Sin embargo, si el trabajador no presenta en su empleo la fotocopia del certificado censal expedido por el DANE y en el plazo impuesto por el empleador, podrá recibir sanciones disciplinarias, descuentos salariales o exigencia de reposición por inasistencia injustificada.

JEP RECIBE INFORMES POR PARTE DEL SECTOR LGBTI

Durante un encuentro realizado este lunes entre la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz y el sector social LGBTI, la organización Colombia Diversa le hizo entrega a la Sala de Reconocimiento de la JEP, de dos informes relacionados con la violación a los derechos humanos hacia esta población en el marco del conflicto armado.

"Son muy importantes los informes que ustedes nos presentan. Ustedes hacen parte de una población minoritaria que en consecuencia tiene una protección especial en la Constitución. Queremos transmitirles tranquilidad, en el sentido que siempre van a ser considerados, atendiendo la singularidad que supone la situación de las personas que componen esta población", aseguró Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz.

De acuerdo con la Organización Colombia Diversa, los informes presentados ante la JEP documentan las violaciones a los defensores de derechos humanos del sector LGBTI en diferentes regiones del país y también agrupan dos casos puntuales que había documentado previamente el Centro Nacional de Memoria Histórica: : el primero, relacionado con los rines de boxeo a los que eran sometidas las personas homosexuales en San Onofre, Sucre, durante los años 2000 al 2003; y el segundo, sobre las pruebas obligatorias de VIH a personas LGBTI , durante el año 2001, en Vista Hermosa, Meta.

En el evento, al que asistieron representantes de la Plataforma LGBTI por la Paz, que agrupa a más de 200 organizaciones activistas en 30 departamentos de todo el país, los magistrados de la Comisión de Género de la JEP, Óscar Parra, Alexandra Sandoval y Raúl Sánchez, atendieron las inquietudes y explicaron cómo es la hoja de ruta para que las organizaciones sociales y defensoras de DD. HH de este sector, presenten sus informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

"Somos un tribunal llamado a verificar las condiciones que originan los fenómenos de victimización a diferentes sectores de la población en Colombia como lo es el LGBTI", concluyó Patricia Linares, presidenta de la JEP, al recibir estos informes.