NUEVA DISPUTA ENTRE EL CONTRALOR GENERAL Y FEDEGAN

Este jueves, Edgardo Maya Villazón, contralor General de la República envió una carta al ministro de agricultura, Andrés Valencia, asegurando que la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN): “no es la entidad moralmente apta para administrar los dineros del Fondo Ganadero”.

Al igual, Maya Villazón afirma que la Contraloría General de la República considera que: “FEDEGAN ha presentado una serie de irregularidades en la dirección del proceso licitatorio que administra la cuota parafiscal del fenómeno ganadero y lechero”.

“FEDEGAN, de manera tergiversada, ha invocado que durante 22 años recibió mejores calificaciones cualitativas y cuantitativas por parte de la Contraloría y presenta como argumento el supuesto manejo transparente, eficaz y eficiente del Fondo Nacional del ganado. No obstante, es importante aclarar que las calificaciones no son fruto de una ponderación desde un punto de vista contable y financiero y que no impidieron la realización de reparos por las distintas irregularidades encontradas en la administración del recurso público ante los malos manejos de las inversiones del Fondo Nacional del ganado”. Afirmó el contralor en la misma

Por su parte, el presidente de FEDEGAN, José Felix Lafaurie sostuvo: “El contralor, que, por supuesto no sabe de derecho y mucho menos de control fiscal, le envía una carta al Ministro llena de falacias, inexactitudes y falsedades”.
Además, agregó que las diferencias entre el Fondo Ganadero y la Contraloría ya son personales, “desde el año 1981, este choque entre las dos entidades se volvió personal cuando la Federación Colombiana de Ganaderos le presto una plata a la Contraloría General de la República de Colombia la cual nunca devolvió”.

En los próximos días, debido a esta problemática, el Gobierno deberá decidir si reasignara la administración de dinero del fondo del ganado.

MINISTRO DE HACIENDA SUGIERE DISCUTIR LEY DE FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR HUECO PRESUPUESTAL PARA EL 2019

25 billones de Pesos tendrán que conseguir el Estado, para subsanar el déficit presupuestal para cumplir con las propuestas del nuevo gobierno.   Así lo expresó el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla frente a las comisiones económicas del Congreso, tras exponer las cifras que son la carta financiera de la nación.

Figuran necesidades en casi todos los sectores que hacen parte de la torta presupuestal, para 2 ciclos del 2018 y 6 que contempla el 2019.

Las más sensibles, 2,5 millones de beneficiarios del programa Familias en Acción, a quienes les harían falta $1.9 Billones; la construcción y mantenimiento de centros de reclusión, por $43.000 millones; los subsidios eléctricos o de gas por $1.2 Billones, por solo mencionar algunos de ellos.

En presentación ante el Congreso menciona que estos rubros de gasto en un 95% son rígidos y que no puede cambiarse el diseño presupuestal de la noche a la mañana.  En esas situaciones rigurosas está también el pago de los intereses de la deuda del país, dice “no se puede cambiar el pago de intereses pactados para honrar una deuda”.   De la misma manera tampoco se puede hacer caso omiso al pago de las mesadas pensionales que sobrepasan los 40 Billones en el 2019.

El Ministro de Hacienda acepta haber planteado soluciones o alternativas de financiación que son impopulares y acepta las críticas, pero insiste en que hay problemas por resolver y por ello hay que iniciar “diálogos constructivos” logrando entre toda una eficiencia mayor de la economía, o efectuando una reforma tributaria.

La razón de la exposición ante las comisiones económicas del Congreso es estudiar una ley de financiamiento que incluya fuentes tributarias y no tributarias creativas que generen los ingresos necesarios que necesita el país para cumplir con el programa de gobierno.

CAPTURADA ESTELA DURAN POR SUPUESTA FALSEDAD EN REGISTROS DEL INVIMA

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación dio captura a 14 personas, entre ellas la esteticista Estela Duran por presunta vinculación en una red de falsificación de registros en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Según información de la fiscalía 12 de los detenidos laboraban en INVIMA donde presuntamente ayudaban en la expedición y falsificación del registro sanitario, pues de acuerdo con las evidencias recopiladas dichos funcionarios habrían recibido dinero a cambio de la expedición de los registros, es decir, que estos productos no fueron evaluados por la entidad.

Los funcionarios serán condenados por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y de particulares, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

En cuanto a la Estilista, quien promocionaba por su pagina web productos adelgazantes, de cuidado corporal, facial y suplementos alimenticios, será condenada por los delitos de cohecho por dar un ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica en calidad de determinadores y enriquecimiento ilícito de particulares.

Al igual, la Fiscalía emitió orden de captura contra empresario propietario de dos laboratorios en Bogotá y Medellín, quien actualmente es prófugo de la justicia.

De acuerdo con información de la Fiscalía los medicamentos con constancia de autorización y registros fraudulentos son:

• Icncla (antibiótico).
• Bactiflox (antibiótico).
• Duoartril tabletas (antihipertensivo).
• Helmintaz tabletas (antiparasitario).
• Nimeflex (antinflamatorio).
• Renilax tabletas, (desloratadina).
• Bactrogyn óvulos.

En cuanto a la obtención ilegal de registros en suplementos dietarios y productos de belleza fueron:

• Abexine, gel utilizado para tratar las dolencias ocasionadas por enfermedades como artritis y osteoartrosis.
• Fattache, fibra para la supuesta pérdida de peso.
• Canna Pain crema y parches.

“Este hecho ha permitido que los colombianos adquieran medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza, sin inspecciones científicas ni conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores.” Concluyó la Fiscalía.

CONTRALORÍA ENTREGA PRIMER INFORME A LA JEP

Este jueves, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz recibió el primer informe de la Contraloría General de la Nación, relacionado con la responsabilidad fiscal en el marco del conflicto armado colombiano.

De acuerdo con el informe entregado por el contralor Edgardo Maya Villazón, se priorizaron los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño, en donde se encontraron más de 159 hallazgos que comprometen recursos públicos por más de dos mil millones de pesos.

“En relación con los hallazgos con presunta incidencia fiscal, en el municipio de Tumaco se detectaron 27 irregularidades por un valor de $3.092 millones, mientras que en los municipios de Barbacoas y Ricaurte se configuraron 5 y 7 respectivamente, en cuantías de $2.147 millones y $220 millones”, aseguró Maya Villazón, quien además destacó que los recursos reportados en el informe estaban destinados a educación, saneamiento básico y agua potable fueron desviados de manera directa o indirecta para el conflicto armado.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, luego de recibir el informe destacó la importancia de estos insumos y expresó que “servirán para revisar cuáles fueron los actores que usaron los recursos públicos para la financiación de la guerra”

PROYECTO BUSCARÍA OTORGAR SUPER PODERES A LA PROCURADURÍA EN CASOS DE CORRUPCIÓN

En la vertiginosa carrera que los funcionarios públicos emprendieron para luchar contra la corrupción, también se hace presente el procurador general de la nación, Fernando Carrillo quien busca aportar su grano de arena para dar muerte política a los corruptos y castigar a las empresas que incurran en esas prácticas.

Durante la “Cumbre Anticorrupción” realizada en el Palacio de Nariño el pasado 29 de agosto, se dio a conocer la propuesta que, de ser aprobada, fortalecería el papel de la Procuraduría en la lucha contra este flagelo delictivo, mediante la implementación de facultades extraordinarias en los procesos para prevenir y sancionar a los corruptos.

Este ente, cuyo objeto social desarrolla con autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, y que cumple funciones de representación de los ciudadanos frente al Estado para velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos, a través de sus funciones misionales, quedaría revestido de facultades sancionatorias e investigativas.

Son cinco las claves del proyecto: Extinción de Dominio, para los bienes que hayan sido adquiridos con dinero proveniente de hechos de corrupción; Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, las que podrían ser condenadas por cometer delitos contra la administración pública, el medioambiente y la financiación del terrorismo;  Sanciones para la Desviación de Anticipos, entendida esta práctica como la utilización de dineros por parte del Contratista, en otros fines distintos al contrato suscrito y para el cual recibió el anticipo, así como Levantamiento del Velo Corporativo, solicitando a la Supersociedades la desestimación de la personalidad jurídica de las empresas sometidas a vigilancia.   La quinta y última clave, Castigando la Declaración de Renta Inexacta, con sanciones e inhabilidades para contratar públicamente, a quien incurra en esta falta gravísima

El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, criticó la esencia del proyecto, pues tiene reservas sobre la efectividad y la constitucionalidad de algunas de las herramientas que contendría, así como teme que la práctica condujera a “desarreglos institucionales” que no solo ocasionarían duplicidad de funciones entre la fiscalía y la procuraduría, sino que las medidas podrían ir en contra de la jurisprudencia e incluso de normas constitucionales.

POSTURA DE EDITORIAL EL PAÍS FRENTE A RECIENTES ACCIDENTES DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI

El periódico colombiano El País escribió recientemente una columna de opinión frente a los recientes accidentes en los ascensores del Palacio de Justicia de Cali. En el escrito, la Editorial aseguró que los múltiples accidentes en este lugar son la constancia del desinterés por parte de las personas encargadas frente a un servicio público necesario en cualquier establecimiento.

El escritor de la columna hizo referencia al accidente más reciente en donde fallecieron dos personas y cuatro más resultaron con graves lesiones a causa del fuerte impacto de la caída del ascensor. Posteriormente, cuestionó el cumplimiento de los derechos de estas personas por parte de quien competa.

De igual manera, el autor se refirió a otros acontecimientos importantes ocurridos en el Palacio de Justicia de Cali, como el atentado del que fueron víctimas en el año 2008.

A causa de esto, el edificio quedó destruido, dejando así esparcidos los juzgados y fiscalías por toda la ciudad. Al parecer, la reconstrucción tardó alrededor de 5 años en los cuales, según el escritor, se vieron en la necesidad de luchar contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio del Ramo, la Fiscalía y demás autoridades de Cali y del Valle, por atender una emergencia con aires de criminalidad e impunidad.

La Editorial retomó el tema de los ascensores haciendo mención del año 2014, cuando se dio la reapertura del edificio y donde, de igual manera, iniciaron las quejas y denuncias por parte de los funcionarios frente al mal estado de los ascensores, esto a causa del desprendimiento de uno de los artefactos entre el primer piso y el sótano, justamente el día de la inauguración.

Para El País, este acontecimiento fue un aviso de lo que podría pasar posteriormente, prueba de ello, los accidentes fatales ocurridos en la actualidad. De igual manera, el periódico colombiano aseguró que los dueños del edificio donde está ubicado el Palacio de Justicia de la ciudad de Cali, ocultaron a los usuarios de estos artefactos que los mismos habían sido modificados con martillo, cincel y soplete en el sótano del Palacio.

El escrito finalizó con una reflexión por parte de la Editorial en la cual invita al Estado a tener despachos judiciales en condiciones dignas con garantías de seguridad tanto para los operadores judiciales como para los visitantes.

La columna de opinión “Justicia insegura” está disponible en el siguiente link: https://goo.gl/KgJSHb