viernes, 29 de junio de 2018

“NUESTRA JUSTICIA ES ADULTOCÉNTRICA Y MACHISTA”: JORGE CARDONA


Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del Niño; estuvo presente en el segundo panel del Foro “Impunidad de delitos sexuales, una cuestión de Derechos Humanos”, realizado el 29 de junio en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá.

El panel “Separando la impunidad en las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes”, tuvo como objetivo principal hacer un análisis del manejo que los adultos le dan a los casos de abuso sexual a los menores de edad.

Para Cardona, existe un enorme desconocimiento por parte de los adultos, de los Tribunales y demás personas o entes que deben velar por la seguridad del menor en cuanto a los instrumentos de ayuda para estos en casos de abuso.

Según el Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, todo menor debe ser escuchado en cualquier situación que le concierne. Sin embargo, Cardona explica que las normas españolas establecían que el niño debía ser escuchado a partir de los 12 años, es decir, los menores que estuvieran por debajo de este rango de edad no tenían oportunidad de buscar u obtener ayuda por parte de los organismos de control.

Al parecer, este derecho también se vulnera en Colombia, por lo que el Comité de los Derechos del Niño hizo una observación general sobre este grave problema, explicando a los países que pasan por alto este, el contenido de las obligaciones del Estado en relación a escuchar al niño; cómo hay que escucharlo, cuándo hay que escucharlo y cómo debe ser el procedimiento.

El mensaje que el docente español expresa es claro, no solo hay que oír al niño, hay que escucharlo y sin discriminarlo por su edad, es decir, todo niño, niña o adolescente, tiene derecho a contar lo que le sucedió y a que le brinden la ayuda y el acompañamiento correspondiente.

Los procedimientos deben ser realizados acorde a su edad y madurez, por lo que no se le puede dar el mismo apoyo a un menor de 5 años que a uno de 15 años o más, además, se debe tener presente que la comunicación puede ser por medio de un lenguaje no verbal, por lo tanto, un niño puede ser escuchado a través de dibujos, a través de expresiones físicas, y ajustado de acuerdo a su capacidad, es decir, cuando un niño tiene una discapacidad intelectual o psicosocial, el organismo responsable debe adaptarse a esa situación.

Si este derecho no es respetado por parte de los Tribunales, el procedimiento será nulo.

Cardona hizo una reflexión de la importancia de escuchar al niño partiendo de lo siguiente;

Cuando una niña o niño debe declarar que ha sido abusado sexualmente, debe ir acompañado de un adulto de referencia, ese adulto de referencia acompaña a la víctima a la Policía, donde el menor o la menor vuelve a declarar por segunda vez, la Policía le habla al Ministerio Fiscal y la niña o niño vuelve a declararlo por tercera vez, el Ministerio Fiscal lo lleva al marco del proceso judicial donde es requerida una cuarta declaración de la víctima y finalmente en el momento del juicio oral, el menor afectado está cansado de declarar y revivir esos momentos de sufrimiento, por lo que normalmente la víticima decide mentir y decir que la agresión física y sexual fue un invento.

El fiscal encargado del juicio oral decide que la última versión es verdadera pero las anteriores son falsas.

Cardona cuestiona la razón por la que la última versión es la única tenida en cuenta y las demás no lo son, a lo que da como respuesta que vivimos en una sociedad adultocéntrica, donde los adultos se sienten superiores a los menores por ser mayores en edad que ellos, y machista, por permitir impunidad al agresor del niño o niña.

La intervención del miembro del Comité de los Derechos del Niño terminó con aplausos de los participantes.
CIDH SE REÚNE CON LAS INSTITUCIONES COMPRENDIDAS EN EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA


En el marco del acuerdo de cooperación vigente con el Estado de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia la visita al país del Comisionado Francisco Eguiguren y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, a fin de sostener reuniones con las instituciones comprendidas en el Acuerdo de Paz y realizar actividades de promoción.

La delegación llegó a Colombia el 26 de junio y sostendrá reuniones durante el resto de la semana con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia y la Comisión para el Esclarecimiento de la de Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Asimismo, la Comisionada y el Comisionado tendrán reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Alcaldía de Bogotá.

“Estas reuniones nos permitirán obtener información de primera mano sobre la marcha del proceso de paz en el país, el cual venimos monitoreando desde su inicio y cuya correcta implementación es de la máxima importancia para asegurar un futuro de paz a toda la población”, dijo el Comisionado Eguiguren, Relator de la CIDH para Colombia. “Esta visita es esencial para cumplir lo acordado en el convenio de cooperación vigente entre la Comisión y Colombia, el cual nos mandata a brindar asistencia técnica en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, para que se desarrolle conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, agregó.

El acuerdo de cooperación firmado por la CIDH con el Estado de Colombia para la aplicación y difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos fue firmado el 22 de febrero de 2018. El mismo registra la “plena convicción” de la CIDH “de que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos en Colombia”, así como “su compromiso y disposición a fin de colaborar con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Por otra parte, el jueves 28 de junio la Comisionada Arosemena de Troitiño, en su rol como Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, participará en el evento “Justicia con enfoque de género y derechos de la niñez”, organizado en Bogotá por el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Fundación Plan, PROFAMILIA y UNICEF.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
ALIAS “ROMÁN”, EL NARCO QUE NO PUDO FRENAR SU EXTRADICIÓN


Santos Román Narváez Ansazoy está solicitado por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcóticos. Tras verificarse que no era guerrillero, como él indicaba, la Corte Suprema avaló la solicitud.

Uno de los herederos de la estructura narcotraficante de los hermanos Luis Enrique y Javier Calle Serna, conocidos como Los Comba, buscó colarse en los listados de los guerrilleros que se acogieron al proceso de paz, para ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y frenar el pedido de extradición que hizo Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Se trata de Santos Román Narváez Ansazoy, alias Román, requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Nueva York.

Su caso causó revuelo. Narváez Ansazoy alegaba que tenía una investigación por delitos de rebelión, concierto para delinquir y desplazamiento en Colombia y que por eso le aplicaba la Ley de Amnistía. En febrero de 2017, la Corte Suprema frenó la posibilidad de que quedara libre y le pidió al gobierno que rápidamente aclarara si era o no miembro de las Farc. La respuesta del ejecutivo llegó el 22 de septiembre pasado y la oficina del Alto Comisionado para la Paz dejó claro que Román no tiene nexo alguno con la guerrilla.

Ya en el estudio de fondo, la Corte Suprema acogió la posición del gobierno y dijo que si bien Narváez está siendo investigado de forma preliminar, ese proceso tiene que ver con hechos que remontan al 2013 cuando Los Rastrojos se enfrentaban con Los Urabeños por el control de las rutas del narcotráfico en el Litoral de San Juan en el Chocó.

“(Es evidente) que Santos Román Narváez Ansazoy no es integrante de esa agrupación, pues, los registros oficiales indican que si bien existe una indagación en contra del pretendido, la misma da cuenta de actividades propias de reconocidas organizaciones dedicadas al narcotráfico y la pugna por el dominio de las rutas para su transporte”, dijo la Corte.

El alto tribunal avaló la extradición hacia Estados Unidos de Narváez quien es requerido por haber hecho parte de una red de tráfico de estupefacientes que funcionó entre 2009 y 2013. De acuerdo con el expediente, Román habría enviado grandes cantidades de droga a Centroamérica para su importación final a Estados Unidos. “Entre el 24 de febrero de 2013 y el 7 de abril de 2013, se hicieron varias incautaciones de cocaína (…) además de la cocaína incautada legalmente en las ciudades de Chicago, San Antonio y San Ysidro de los Estados Unidos, el 24 de febrero de 2013, las autoridades del orden público que patrullaban las aguas internacionales cerca de Panamá incautaron lícitamente aproximadamente 91 kilogramos de cocaína que fueron elaborados en un laboratorio operado por Narváez Ansazoy”, dice el expediente.

Ahora, la decisión de enviar efectivamente a alias Román dependerá del Gobierno Nacional. Narváez fue capturado en octubre de 2016 en virtud de una circular roja emitida por Interpol.

Tomada de: El Espectador
7 DURAS CRÍTICAS A ESTADOS UNIDOS POR LA POBREZA EXTREMA QUE HAY EN EL PAÍS MÁS RICO DEL MUNDO (Y QUE EL GOBIERNO DE TRUMP RECHAZA)


"Su enorme riqueza y conocimiento contrastan de forma chocante con las condiciones en las que viven grandes cantidades de sus ciudadanos. Unos 40 millones viven en pobreza, 18,5 millones en pobreza extrema y 5,3 millones viven en condiciones de pobreza extrema propias del tercer mundo".

Con estas palabras el relator sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip G. Alston, se refiere a Estados Unidos en un informe en el que da cuenta de una gira de 15 días de investigación que realizó en ese país a finales de 2017.

El texto es una crítica descarnada a la primera potencia del mundo, en la que se apuntan problemas como la creciente desigualdad, la persistencia del racismo o la existencia de un sesgo entre los sectores en el poder hacia los más pobres y desfavorecidos.

"En un país rico como Estados Unidos, la persistencia de la pobreza extrema es una decisión política adoptada por quienes están en el poder. Con voluntad política podría ser fácilmente eliminada", señala Alston.

Indica que hay una serie de ingredientes indispensables en una política para eliminar la pobreza, entre los que incluye cuestiones como las políticas de pleno empleo, la protección social para los más vulnerables, un sistema de justicia justo y efectivo; o la igualdad racial y de género.

"Cómo se verá más adelante (en el texto), Estados Unidos se queda corto en cada una de estas medidas", apunta.

El informe de Alston fue presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y recibió grandes críticas del gobierno de Donald Trump.

El Ejecutivo estadounidense sostiene que el texto contiene cifras "exageradas" pues afirma que el número de personas en pobreza extrema en ese país no es de 18,5 millones sino de unas 250.000.

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, dijo que el informe es engañoso y está "motivado por razones políticas" y acusó al relator de "desperdiciar" los recursos de la ONU al investigar la pobreza "en el país más rico y libre del mundo" en lugar de centrarse en países donde los gobiernos causan el sufrimiento de su propia población como Burundi y la República Democrática del Congo.

BBC Mundo te cuenta cuáles son algunos de los cuestionamientos más duros que hace el informe de Alston.

Tomada de: BBC

PARAPOLÍTICOS Y MEGAPENSIONADOS PIDEN REPARACIÓN EN LA CIDH


Hay un uso excesivo de las herramientas internacionales destinadas a la reparación legal, económica y simbólica. Por los menos así se puede concluir por el cúmulo de peticiones que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 19.000.

De casos colombianos hay 912 peticiones en estudio, de personas u organizaciones que decidieron acudir a la Comisión tras considerar que sus derechos fueron vulnerados. De ese total, 378 ya fueron admitidas.

Entre otros se cuentan a parapolíticos que tras resultar condenados por la Corte Suprema de Justicia adujeron que sus derechos fueron vulnerados y que ese daño debe ser reparado por el Estado.

Hay otro grupo de pretensiones que incluyen a exmagistrados que se sienten afectados por decisiones que bajaron sus megapensiones.

Lejos de aceptar su nueva remuneración, acudieron a la Comisión Interamericana a exigir una revisión y hasta una reparación por el que consideran un perjuicio económico.

Además de esos casos que tienen que ver con individuos, Colombia como Estado tiene otros gruesos asuntos pendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: demandas que son estudiadas y que podrían dejar importantes condenas.

Esos son los casos acumulados de falsos positivos, la operación Génesis, el asesinato del periodista Nelson Carvajal y el exterminio de la Unión Patriótica.

Tomada de: Caracol