MINISTRO DE JUSTICIA Y DIRECTOR DEL INPEC, A DEBATE POLÍTICO POR TRASLADO DE SANTRICH

El representante del Centro Democrático Edward Rodríguez citó al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y al director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez Aragón, a un debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. El representante Rodríguez cuestiona el accionar de las autoridades con respecto al traslado de Jesús Santrich, líder del partido FARC, hacia la casa Caminos de Libertad del episcopado de Colombia el pasado 10 mayo, después de estar 31 días en huelga de hambre, razón por la cual fue hospitalizado y posteriormente traslado al centro religioso.

“Resulta escandaloso que la justicia y la iglesia Católica se presten para proteger narcotraficantes en lugar de hacer cumplir la ley”, señaló Edward Rodríguez, quien además afirmó que el país debe conocer cuáles fueron los hechos y las condiciones que llevaron al traslado de Santrich del hospital en el que se encontraba internado hacia la sede del Episcopado. Jesús Santrich está bajo investigación en Estados Unidos por su supuesta responsabilidad en la creación de un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El caso también involucra a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien aceptó convertirse en delator de la DEA y viajó a EE.UU. hace poco en calidad de testigo protegido; a Fabio Younes, quien pidió extradición exprés; y a Armando Gómez España. 

En su momento, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) aclaró que el traslado del exguerrillero a sus instalaciones fue solo una acción humanitaria y que no se pretendía obstaculizar los procesos judiciales a los que se encuentra vinculado Santrich. Sin embargo, ese mismo día, 11 de mayo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó que no fue previamente consultado para realizar la operación, únicamente recibió un comunicado del director del Inpec informándole que el traslado lo haría aplicando sus facultades legales para hacerlo a un lugar especial. El ministro de Justicia desmintió al fiscal. 

El representante Edward Rodríguez también citó a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, al fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira y a monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal, al debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. De igual forma, anunció que pedirá a la Comisión de Acusación, que investigue a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz porque, como lo señaló, “hay una presunta extralimitación de funciones al frenar, temporalmente, la extradición de Santrich”.

Por último, el congresista recalcó su preocupación con las consecuencias que pueda traer el “tratamiento preferente con Santrich” e incluso lo llegó a comparar con el episodio en el que Pablo Escobar se fugó de la cárcel de la Catedral, aunque hasta ahora los dos episodios no tienen nada en común: a Escobar le adecuaron una cárcel para él solo y sus sicarios, de la cual se fugó. Por ahora, Jesús Santrich sigue detenido, mientras Estados Unidos continúa en las diligencias correspondientes para formalizar su solicitud de extradición.

Tomada de: El Espectador

POR PÁNICO ECONÓMICO, IMPUTADO PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES

Un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Dirección Seccional de Bogotá formuló cargos por el delito de pánico económico, en contra del capitán Jaime Alberto Hernández Sierra, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

Según lo expuesto en audiencia pública, el capitán Hernández Sierra, el día 1 de diciembre de 2016, dio una declaración ante un medio internacional con respecto al accidente de una aeronave de una empresa boliviana, en la que viajaba el equipo Chapecoense de Brasil, por falta de combustible. En tal declaración, se presume que el hoy imputado realizó afirmaciones en las que comparaba a la aerolínea boliviana con una reconocida empresa de aviación colombiana, indicando que las empresas dentro de sus políticas internas tienen el ahorro de combustible, lo que haría que se generara inseguridad aérea. Además, el 20 de abril de 2017, concedió una entrevista a una reconocida emisora colombiana en la que afirmó que existían presiones para violar el reglamento aeronáutico colombiano.

La situación fue denunciada por la aerolínea colombiana afectada con las declaraciones de Hernández Sierra, ya que habría dado información inexacta.

El capitán investigado no aceptó los cargos que el ente acusador le formuló ante un juez de control de garantías de Bogotá.

TENSIÓN CON FARC POR FACULTADES DE LA JEP SOBRE EXTRADICIONES

Los delegados de la Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (Csivi) llegaron este martes con una extensa propuesta de Código de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que, entre otros temas polémicos, le da a esa jurisdicción la facultad de "conceptuar" de fondo sobre la validez de las pruebas que fundamentan una extradición por hechos posteriores a la firma de la paz. 

Si esto fuera así, en la práctica la JEP podría negar la extradición de Jesús Santrich.

El Congreso ya ha aprobado varios artículos de un proyecto de Código presentado en Conjunto por el JEP y el Gobierno, y lo que pretende la Farc es que se cambie el articulado actualmente en discusión. 

Esa propuesta fue rechazada por el Gobierno y los ponentes del proyecto, que de hecho acotaron las facultades del tribunal a lo que estrictamente señala el acuerdo de paz.

El debate sobre el Código se reanudará esta tarde. Fuentes cercanas a la reunión de la Csivi indicaron que los representantes de la Farc aseguraron que si no se tiene en cuenta su propuesta -que en la práctica desborda el Acuerdo de La Habana pues la función de la JEP en casos de extradición no va más allá de verificar que se trate de hechos posteriores a noviembre del 2016- supuestamente se pondría en riesgo el proceso de paz.

Tomada de: El Tiempo

PRESIDENTE SANTOS ANUNCIARÁ PLAN DE ATENCIÓN A HIDROITUANGO

El presidente Juan Manuel Santos anunciará un plan de atención para la zona afectada en Hidroituango. Podría confirmarse la esperada cota 410 en la presa. En el más reciente balance, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, confirmó que en dos días se alcanzará la cota, pues ya se llegó a la medida 407.5.

Ni las tres emergencias registradas la última semana en Puerto Valdivia han impedido que los habitantes afectados sigan retornando a sus hogares, bien sea para cuidar el ganado, los animales domésticos o cualquier elemento de valor en las viviendas, que cada día se ve más afectada por la fuerza del río Cauca.

El capitán René Bolívar, coordinador del Área de Manejo de Desastres del Dapard, confirmó que 300 habitantes aun se rehúsan a salir de la zona de tragedia en el corregimiento, donde se presenta un leve aumento en el caudal del río. El funcionario explicó que por el fuerte arraigo cultural de la zona, es difícil persuadir a los habitantes para que salgan de las casas.

“Acá en Puerto Valdivia, estamos hablando de unas 300 personas. Son muchas todavía que están por ahí. A veces se nos devuelven hasta para hacer el almuerzo. Estamos haciendo lo humanamente posible para concientizar a estas comunidades para que se regresen”, dijo el capitán.

Las personas que se rehúsan a salir están ubicadas en un sector conocido como El Quince. Varios mineros de la zona tampoco han salido del margen del río Cauca, pues creen que con las inundaciones es más fácil conseguir oro en las aguas de la afluente.

Por su parte, la gobernación de Antioquia dispondrá un equipo especializado de veterinarios para tratar a los animales que han sido abandonados por sus amos en Puerto Valdivia. En los albergues para damnificados hay estrictos controles sanitarios, y se prohíbe el ingreso de mascotas por precaución. 

En este momento se mantiene la alerta roja en los tres municipios aguas abajo de la presa, pues ante una eventual avenida torrencial llegaría en 48 minutos a Puerto Valdivia, dos horas a Puerto Antioquia y a las cabeceras municipales de Cáceres y Tarazá en dos horas y diez minutos.

Tomada: RCN

“EN CUANTO A IMPUNIDAD, LOS JUECES HAN SUPERADO EL CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS PARA SITUARSE EN CATEGORÍAS COMO LA RESTAURACIÓN, LA SATISFACCIÓN Y LA NO REPETICIÓN”: MINISTRO GIL BOTERO

En desarrollo del foro ‘Justicia internacional y lucha contra la impunidad’ organizado en Cartagena por la Procuraduría General de la Nación y cuyo objetivo es generar un espacio de diálogo entre experiencias europeas, latinoamericanas y colombianas para establecer la efectividad de los sistemas de justicia en la lucha contra la impunidad, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, participó en el panel en el que se disertó sobre las estrategias de política criminal para combatir la impunidad y fortalecer la justicia.

Durante su intervención, el alto funcionario habló de la libertad de expresión y aseguró que los medios de comunicación cumplen una función social esencial en la medida en que son la ventana por la que la ciudadanía observa lo que ocurre en el país y en el mundo. “Más allá de evaluar la forma en que actúan los medios en Colombia, lo que quisiera señalar es que el periodismo debe ejercerse con el mayor grado de responsabilidad social posible”, dijo.

Y enlazando este tema con el de la política criminal, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que dicha responsabilidad implica garantizar la reserva y veracidad de las fuentes, las estadísticas y los análisis, el respeto por el buen nombre y la honra de las personas y la presunción de inocencia. También, evitar generar alarmas sobre fenómenos sobre los cuales no exista suficiente evidencia.

“Quiero llamar la atención frente a la relevancia del papel del periodismo en la constitución de imaginarios relacionados con la política criminal y con la necesidad de dar a conocer diferentes puntos de vista. Siempre se debe manejar información veraz que permita a la ciudadanía y a las autoridades reaccionar adecuadamente ante determinadas situaciones”, señaló.

Gil Botero también se refirió al concepto de impunidad, y aseguró que el mismo no se tiene que asumir en sentido literal en cuanto a ausencia de una sanción frente a una valoración normativa, sino que hay que verlo en el sentido de que ante una agresión, la víctima pueda restablecer su dignidad y estatus.

Según informó el Ministro, luego de un diálogo jurisprudencial entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en Colombia se viene dando una perspectiva de reducción de la impunidad.

“Los jueces han superado el concepto de indemnización de daños para situarse en categorías de justicia como la restauración, la satisfacción y la no repetición. En otras palabras, el paso del principio indemnizatorio al principio de la reparación integral del perjuicio que ha dado el Consejo de Estado al momento de juzgar las violaciones a los derechos humanos es un ejemplo claro del cambio de paradigma”, puntualizó

CAPTURADO ALIAS ‘SAMUEL’, SUCESOR DE ‘EL INDIO’ EN EL CLAN DEL GOLFO

En desarrollo de una operación conjunta fue capturado en zona rural del municipio de San Jacinto, Bolívar, Daniel Martínez Caraballo identificado con el alias de 'Samuel', quien sería el sucesor en el Clan del Golfo de alias 'El Indio'.

El detenidos e, según las autoridades, el cabecilla principal de la estructura armada “Erlín Pino Duarte” del Clan del Golfo, y está sindicado de ordenar actividades de narcotráfico, extorsiones, minería ilegal, homicidios selectivos y ejecutar acciones criminales contra la Fuerza Pública; además de mantener una disputa por las rutas del narcotráfico con las estructuras del Eln que delinquen en esta región.

En el hecho fueron incautados una pistola, un revólver, cinco cartuchos para la misma y un proveedor para pistola, junto con un computador y dos equipos de comunicación.

Tomada de: Caracol

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA DESCONOCIÓ PENSIÓN COMPARTIDA

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, ordenó a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, dejar sin efecto dos actos administrativos a través de los cuales negó a la compañera permanente y a la cónyuge (separada de hecho) de un causante -pensionado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Seccional Antioquia-, el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional compartida. La Corte encontró que la referida entidad había vulnerado los derechos a la igualdad y al debido proceso de las accionantes, al desconocer que, tanto la jurisprudencia constitucional como la ley (Ley 797 de 2003 -literal b del artículo 13), permiten que la pensión, en cualquiera de sus modalidades, pueda dividirse de manera proporcional entre cónyuge y compañera permanente, dependiendo del tiempo convivido con el fallecido. En consecuencia, frente al caso concreto, la Corte dispuso que la prestación reclamada fuera reconocida y pagada a las actoras, con el respectivo retroactivo e intereses a que hubiere lugar.

CONSEJO DE ESTADO NIEGA DEMANDA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA CONTRA EL MINISTRO GUILLERMO RIVERA

La Sala Especial de Decisión No. 7 del Consejo de Estado, con ponencia de la Magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, profirió sentencia de primera instancia para negar la pérdida de investidura de congresista del señor Guillermo Abel Rivera Flórez, solicitada por el ciudadano Saúl Villar Jiménez.

El demandante invocó la causal prevista en el artículo 183 constitucional, consistente en que el señor Rivera Flórez no se posesionó dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que fue llamado a ocupar la curul de senador por el Partido Liberal, vacante por la renuncia de la senadora Viviane Aleyda Morales Hoyos, anteponiendo el cargo de Ministro que ejerce en el Gobierno Nacional a los deberes democráticos, razón por la que habría incurrido en fraude al elector.

En el fallo se analizaron los elementos configurativos de la causal invocada y se concluyó que, a diferencia del deber de tomar posesión que recae sobre el congresista elegido, a la persona de la lista electoral que es llamada a ocupar la curul vacante le asiste la facultad de decidir sobre la aceptación, sin que a esos efectos esté limitada su voluntad por razones de fuerza mayor, exigidas por la Constitución política para excusar la toma de posesión.

Asimismo, en la decisión se señaló que la Ley 1881 de 2018 no erige las exigencias formales de la demanda en requisitos de procedibilidad y que el llamado que se hace a un integrante de la lista electoral confiere la calidad de sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura.

La Sala Especial de Decisión No. 7 concluyó que, en cuanto el demandado fue llamado el 19 de enero de 2018 a posesionarse en la curul vacante, tenía la vocación para ser llamado y manifestó oportunamente al Senado de la República su decisión de no aceptar el llamado, como en efecto podía decidirlo, no se configuró la causal de pérdida de investidura invocada.