lunes, 25 de septiembre de 2017

DESCUBREN DOBLE PAGO DE CESANTÍAS Y OTRAS PRESTACIONES LABORALES EN LA JUDICATURA


Solo para el periodo 2012-2015 se establecieron posibles dobles pagos por $1.046 millones.

Uniforme de la Contraloría General de la República revela que en el Consejo Superior de la Judicatura se presentaron irregularidades como el doble pago de cesantías y otras prestaciones laborales.

Estas inconsistencias superan los $1.000 millones de pesos. Según el organismo de control, “tras una auditoría realizada se evidenció que el Consejo Superior de la Judicatura viene girando sumas globales a los fondos de cesantías, sin que la entidad tenga la certeza de los montos individuales que le correspondían a los beneficiarios del auxilio respectivo, lo que generó riesgo de pagos en exceso a cargo del erario”.

Solo para el periodo 2012-2015 se establecieron posibles dobles pagos por $1.046 millones por este concepto. Similares deficiencias se detectaron en el recobro de incapacidades por parte de la entidad, donde si bien se evidencia gestión de cobro en algunas Direcciones Seccionales, en otras tales como Quindío se encuentran saldos hasta de $431 millones sin respuesta positiva por parte de las EPS.

“Como resultado de las debilidades detectadas en la gestión de liquidación y pago de procesos tales como cesantías, novedades y recobro de incapacidades, el Contralor General de la República ordenó la realización de una Auditoría de Cumplimiento a los procesos de administración de personal a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se adelantará a lo largo del segundo semestre del año en curso”, se indicó en el reporte.

Otras inconsistencias

Otra de las situaciones que afectan la gestión de la Rama, se detectó en el reporte de novedades de nómina, donde debido a la alta movilidad de la planta de personal y la existencia de 5.900 nominadores, “generan un volumen de trabajo excesivo para el soporte humano y tecnológico actualmente existente, que impide efectuar un adecuado control a los pagos que se generan por este tipo de movimientos, ocasionando pagos en exceso y acciones de recobro que incrementan la carga de trabajo a las áreas involucradas”.

En la auditoría culminada en el mes de junio también abordó la gestión jurídica de la entidad, evidenciando los mínimos avances en la implementación y puesta en marcha de la función de cobro coactivo, donde para 2854 procesos se contaba con 4 profesionales para su atención.

También se descubrió que el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado acciones de mejora efectivas que le permitan incrementar sus índices de ejecución de recursos de inversión, situación que impidió el fenecimiento de su cuenta fiscal para el año 2015.

Sobre el particular, la Contraloría encontró que “a pesar de la reducción del presupuesto de inversión 2016 de la Rama en un 29%, al pasar de una apropiación inicial de $231.762 millones a una final de $165.547 millones, la entidad comprometió el 95% de esta suma, de lo cual solo logró ejecutar efectivamente el 37%, constituyendo como reservas de apropiación y cuentas por pagar $98.834 millones, es decir el 63% restante de los recursos“.

Cabe señalar que a 31 de diciembre de 2016, las pretensiones de procesos instaurados en contra de la Rama Judicial sumaban $17 billones y los fallos ejecutoriados pendientes de pago ascendieron a $162.103 millones.

No obstante lo anterior, para 2017 solo se apropió el 24% para el pago de estas obligaciones, lo que implica que el saldo restante continuará causando intereses moratorios, en perjuicio del erario.
CONSEJO DE ESTADO ADMITE ESTUDIAR DEMANDA CONTRA ELECCIÓN DE DIANA FAJARDO EN LA C. CONSTITUCIONAL


La magistrada Rocío Araujo tiene en sus manos la demanda contra la elección de la magistrada Diana Fajardo como miembro de la Corte Constitucional, luego de que el Consejo de Estado aceptara su estudio.

Fajardo fue elegida por el Congreso en junio pasado con 48 votos a favor, pero su elección fue demandada por los congresistas Álvaro Hernán Prada y María Fernanda Cabal, al considerar que se cometieron supuestas irregularidades en el proceso de elección y supuesta violencia sicológica sobre los electores.

La semana señala que se incurrió en los siguientes vicios. El primero, que el senador Roy Barreras fue quien marcó los tarjetones de los integrantes del Partido de la U, con lo cual se desconoció que el voto no era por bancadas sino individual.

Por otro lado, se afirma que el senador Armando Benedetti incurrió en violencia psicológica, porque vía Twitter manifestó que se tenía que elegir a la demandada porque de lo contrario las Farc se levantarían de la mesa de negociación, con lo cual influyó en los electores.

Aunque se aceptó la demanda, el Consejo de Estado negó la medida cautelar que solicitaban, al considerar que no existen pruebas que “acrediten que el senador Barreras marcó los tarjetones de sus copartidarios y tampoco prueba de que el senador Benedetti influyó en los electores y que constituyera violencia psicológica”.

Al respecto, el Consejo de Estado solicitó al Congreso el acto de elección de la magistrada, “con la correspondiente constancia de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, a efectos de que obre como prueba en el plenario”.
‘HACKER’ ANDRÉS SEPÚLVEDA SE DECLARA NUEVAMENTE EN HUELGA DE HAMBRE


Andrés Fernando Sepúlveda Ardila conocido como el “Hacker”, reveló que ya cumple más de 24 horas de huelga de hambre, supuestamente porque el Inpec sigue atropellando sus derechos. 

A travès de su cuenta en Twitter, Sepùlveda Ardila señala que en vista de su situación actual de reclusión en la cárcel de Picaleña, en Ibagué decidió iniciar una nueva huelga de hambre hasta que sea trasladado a la Penitenciaria Nacional de La Picota.

Sostuvo que los motivos que lo llevan a iniciar esta huelga de hambre es porque el pasillo especial de alta seguridad donde se encuentra recluido se creó para internos de alto perfil criminal, condenas altas y riesgo de fuga.

“Soy testigo principal en tres casos de alta relevancia y no he podido prepararme adecuadamente desde Picaleña”, recodó el hacker Sepùlveda.

Agregó que su conducta es ejemplar, su nivel de riesgo ordinario y ya cumplió el tiempo para estar en una cárcel de mediana seguridad pero el Inpec no lo ha trasladado.
CONDENAN A DOS EXFUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS DEL VALLE POR FRAUDE EN EL REPARTO JUDICIAL


En el fallo de condena los exfuncionarios también fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas y deben pagar una multa de 200 salarios mínimos legales.

Un juez de conocimiento condenó a penas de entre los ocho y nueve años y medio de cárcel a una exsecretaria y un exfuncionario de los juzgados del Valle del Cauca, luego de que la Fiscalía demostrará que alteraron un reparto judicial en Cali.

Se trata de Bertha María Harf Salazar, exsecretaria del Juzgado Quinto de ejecución de penas, quien recibió nueve años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho impropio, fraude procesal y uso de documento público falso.

Asimismo, José Alfredo Yepes Muñoz, exfuncionario del Centro de Servicios Judiciales de esos mismos juzgados, fue condenado a ocho años y cinco meses meses de cárcel por falsedad en documento público y uso de documento público falso.

La Fiscalía detectó que los exfuncionarios duplicaron un proceso que se tramitaba en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Sentencias para asignarlo al Juzgado Quinto, donde era secretaria Harf Salazar.

De acuerdo con los investigadores, de esta manera resolvieron una petición de prisión domiciliaria para un hombre condenado a 43 años de cárcel por homicidio.

El fallo ordenó la captura inmediata de Harf Salazar, quien se encuentra prófuga de la justicia y es investigada por otras causas. Entre tanto, determinó que Yepes Muñoz debe cumplir la sentencia en su lugar de residencia.
TRUMP FIRMA ORDEN QUE RESTRINGE LA ENTRADA DE VENEZOLANOS A ESTADOS UNIDOS


Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos el domingo en una nueva lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta de cooperación con las autoridades estadounidenses, informó el gobierno.

Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares.

"Después de revisar el informe del Secretario de Seguridad Nacional yde acuerdo a los objetivos de política exterior, seguridad nacional y antiterrorismo de los Estados Unidos, he decidido restringir y limitar la entrada de nacionales de 7 países considerados inadecuados", ordenó el presidente estadounidense.

Sobre Venezuela, el presidente estadounidense afirmó que la razón de incluír al gobierno de Nicolás Maduro en la lista obedece a que "no coopera para verificar si sus ciudadanos pueden ser una amenaza para la seguridad nacional o de seguridad pública". Trump agregó que el gobierno venezolano no comparte "adecuadamente" la información relacionada con la seguridad pública y el terrorismo.

"Como presidente, debo actuar para proteger la seguridad y los intereses de Estados Unidos y de su pueblo", dijo Trump en la proclamación, que funcionarios de la Casa Blanca dijeron que tenía la misma fuerza que una orden ejecutiva. Agregó que las restricciones seguirán en vigor hasta que los gobiernos de las naciones afectadas "aborden satisfactoriamente las insuficiencias identificadas".

El presidente estadounidense manifestó que aunque el gobierno de Maduro no coopera lo suficiente para brindar información sobre sus ciudadanos, ellos cuentan con otras formas para verificar la ciudadanía y la identidad de los venezolanos. Por esta razón, de acuerdo con Trump, estas restricciones impuestas por esta proclamación se centran sobretodo en los funcionarios gubernamentales de Venezuela que son "responsables de las insuficiencias identificadas".

De esa forma, el gobierno estadounidense informó que los perjudicados de esta proclamación son los funcionarios de organismos gubernamentales de Venezuela involucrados en procedimientos de selección y de investigación. De este modo, las personas que verán restringida su entrada al país norteamericano serán aquellos que pertenezcan al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

La sanción de Trump restringe la entrada no solo de estos funcionarios sino también de sus familiares inmediatos y suspende las visas de turismo o negocios de quienes las tengan vigentes. La orden de Trump añade, además, que los ciudadanos de Venezuela que tengan una visa vigente deben estar sujetos a "medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información del viajero permanezca vigente".

Los otros sancionados
Sudán, uno de los seis países de mayoría musulmana incluidos originalmente en la lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, dejando solo a ocho naciones con impedimento total o parcial de viajar a Estados Unidos.

Los otros países incluidos en la prohibición eran Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen.

Hace pocos días, funcionarios del gobierno estadounidense habían anticipado que el presidente Donald Trump podría incluir a nuevos países en la lista de los que ya son afectados por la prohibición de ingreso a Estados Unidos, como parte de un controvertido decreto antiinmigración que expiraba este domingo.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior habían señalado el viernes que tenían identificados a un número de países que no pueden o no quieren someterse a los controles de seguridad exigidos para ingresar a territorio estadounidense.

El mandatario republicano había señalado a comienzos de año que necesitaba un período de 90 días de prohibición de ingreso al país de personas provenientes de seis naciones de mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen), así como de 120 días de prohibición de ingreso de refugiados de cualquier origen con el fin de definir nuevos filtros de admisión.

El viernes los funcionarios indicaron que un nuevo decreto presidencial pondría en marcha una "gama" de medidas que van desde controles más estrictos -como pedir el acceso a teléfonos celulares o a cuentas en las redes sociales- hasta una prohibición pura y simple.

Sin embargo, los funcionarios no adelantaron cuáles serían los nuevos países incluidos en la orden ejecutiva.

"El objetivo no es impedir definitivamente que viajeros de ciertos países vengan a Estados Unidos. El objetivo es proteger a los estadounidenses hasta que los gobiernos extranjeros se plieguen a nuestras demandas y no planteen más riesgos para la seguridad de Estados Unidos", explicó entonces Miles Taylor, asesora del Departamento de Seguridad Interior.

Tras cinco meses de litigios ante los tribunales, una versión corregida del decreto original entró en vigor el 29 de junio y expiraba este domingo.
DISIDENTES DE LAS FARC QUE JUEZ DEJÓ LIBRES EN CAUCA ESTÁN VINCULADOS CON ATENTADO EN CALI


El director seccional de Fiscalías en Cauca, Raúl Gonzáles Flechas, expresó su preocupación por la decisión de una juez de Silvia, que dejó en libertad a tres peligrosos disidentes de las Farc investigados por varias acciones terroristas y que fueron capturados por las autoridades indígenas.

Según el funcionario, los individuos que fueron detenidos por las comunidades cerca de una escuela en el Resguardo de Guambía, están vinculados al reciente atentado que desde un taxi y con una granada se efectuó contra un establecimiento comercial en el oriente de Cali.

Asimismo, explicó que los individuos tenían en su poder armas de uso privativo de las Fuerzas Militares e información que los relaciona con atentados como el del Valle del Cauca y extorsiones a comerciantes de Morales, Suárez y Buenos Aires en Cauca.

“Tenían fotografías de los establecimientos comerciales con estudios de inteligencia para hacer extorsiones, documentación del frente tercero de las Farc (…)”, puntualizó.

Gonzáles Flechas sostuvo que pudieron verificar que uno de ellos fue un guerrillero que se encontraba en una zona veredal del Tolima pero que desertó con otros integrantes de las Farc y armamento.

Por otra parte, en su poder encontraron evidencias que los vinculan a la quema de una camioneta y tres motocicletas de contratistas de la Compañía Energética de Occidente en hechos ocurridos en el mes de mayo de este año en zona rural de Morales, Cauca.

“Estas personas tenían esos elementos e imágenes del momento en el que ejecutaron esas acciones”.

En libertad

Es de recordar que los individuos estuvieron en manos de la justicia indígena durante cuatro días, posteriormente y tras aplicarles una sanción bajo la Jurisdicción Especial fueron entregados a la Defensoría, que posteriormente los puso a disposición de la Fiscalía.

Al continuar el proceso de judicialización, la juez encargada del caso, según el director de Fiscalías, no entendió de manera positiva la alianza estratégica y coordinada de las jurisdicciones ordinaria e indígena y declaró ilegales los procedimientos realizados.

“La judicatura declara ilegal este procedimiento dado que la jurisdicción indígena los tuvo retenidos por encima de las 36 horas. Consideramos que es un término que no aplica a ellos porque es su jurisdicción y no el Código de Procedimiento Penal”.

Amenazan a comunidades

El Director de Fiscalías señaló que pocas horas después de que los sujetos quedaran en libertad, líderes e integrantes de la comunidad Misak recibieron llamadas amenazantes por haber capturado a los individuos.

El ente acusador continúa con las investigaciones para recapturar a los individuos, que según las autoridades son los responsables de las acciones que afectan la tranquilidad de los habitantes del norte del Cauca.
MERKEL GANA SUS CUARTAS ELECCIONES EN UN PAÍS SACUDIDO POR LA ULTRADERECHA


La canciller alemana y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, ganó este domingo sus cuartas elecciones generales en una jornada marcada por el hundimiento socialdemócrata y la irrupción como tercera fuerza del Bundestag (Parlamento) de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Según las proyecciones de las cadenas públicas de televisión a la espera de resultados oficiales del escrutinio, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera lograron alrededor de un 33 % de los votos, ocho puntos menos que hace cuatro años, pero doce más que el Partido Socialdemócrata (SPD).

Bajo el liderazgo del expresidente del Parlamento Europeo (PE) Martin Schulz, los socialdemócratas encajaron su peor resultado en unas generales desde la Segunda Guerra Mundial, en torno al 21 % de los votos.

Mientras, el discurso islamófobo de AfD recibió el apoyo de más del 13 % de los electores, según esas proyecciones, evidenciando el rechazo de parte importante de la población a la acogida en Alemania de más de 1,3 millones de solicitantes de asilo desde 2015.

Es la primera vez que una formación de ese espectro entra en el Bundestag desde los años 50 y, aunque ya tenía escaños en 13 de las 16 cámaras regionales del país, la presencia a escala federal multiplicará su resonancia y su financiación pública.

A pesar del júbilo de sus simpatizantes reunidos en la sede de la CDU en Berlín, Merkel admitió que hubiera deseado "un resultado mejor" y se comprometió a "reconquistar" de los votantes de AfD.

El bloque conservador, no obstante, consiguió su "objetivo estratégico", palabras con las que la canciller dejó claro que ninguna otra formación puede intentar una coalición de gobierno.

No tendrá muchas opciones abiertas, ya que el socialdemócrata Schulz, en un día que calificó de "difícil y amargo", consideró que el mandato que le habían dado los votantes era situarse al frente de la oposición, tras cuatro años gobernando junto a Merkel en gran coalición.

El expresidente del PE descartó dimitir y aseguró que tiene el "total respaldo" del SPD, que lo eligió como líder el pasado marzo, para continuar al frente del partido y "renovarlo".

Los socialdemócratas volvieron a ser víctimas de la gran coalición, fórmula que ya habían ensayado con Merkel en su primera legislatura, entre 2005 y 2009, y que les había llevado a su peor resultado electoral hasta entonces, el 23 %.

Si el SPD no se sienta de nuevo a negociar, la canciller sólo puede intentar un inédito tripartito a nivel federal con los liberales del FDP y Los Verdes, dos formaciones con programas en muchos puntos antagónicos y que lograron algo más del 10 % y del 9 % de los votos, respectivamente.

Sería la llamada "coalición Jamaica", los conservadores se identifican con el negro en Alemania y los liberales con el amarillo, los mismos que la bandera de ese país, pero el líder del FDP, Christian Lindner, no quiso darla por hecha.

Los liberales, que se han coaligado tanto con conservadores como con socialdemócratas en las últimas décadas, quedaron fuera del Bundestag tras gobernar junto a Merkel en su segunda legislatura.

Lidner advirtió ahora que no se dejarán presionar para entrar en un ejecutivo "sólo porque el SPD, por razones tácticas, se pase a la oposición".

"No seremos un socio fácil", subrayó por su parte la candidata de Los Verdes, Katrin Göring-Eckardt.

Con ellos tendrá que negociar en las próximas semanas y tal vez meses Merkel, que antes de los comicios sólo había descartado como posibles aliados a la AfD y a la Izquierda, última fuerza en el Bundestag, con el 8 % de los votos.

Mientras se realizaba el escrutinio, los principales líderes políticos acudieron a la primera cadena de la televisión pública para analizar como cada cuatro años sus resultados e intentar mirar al futuro, aunque el debate entre Merkel y Schulz fue tenso.

"Es triste que caracterice tan mal el trabajo de una coalición que ha trabajado bien y ha hecho tanto positivo", dijo la canciller, ante un Schulz que, en la derrota, se presentaba en ese debate más combativo de lo que hizo durante la campaña.

La canciller instó a Schulz a aplazar al lunes su rechazo a gobernar de nuevo junto a ella.

Pero el socialdemócrata le dejó claro que la negativa era firme, tras comprobar que, aunque varias de las principales medidas de esta legislatura llevaban la firma del SPD, del salario mínimo al matrimonio homosexual, los electores habían vuelto a castigar su presencia en una gran coalición.