CONDENAN A SIETE AÑOS DE PRISIÓN A LA PRIMA DE ALIAS OTONIEL

Por hacer parte de la estructura financiera del Clan del Golfo, fue sentenciada a siete años de prisión Yuliana Andrea Manco David, alias la Contadora, de 26 años de edad.

La sentenciada deberá pagar, además, una multa de 1450 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado, alias la Contadora era la mano derecha de Carlos Mario Úsuga David, alias Cuarentano, jefe financiero del grupo ilegal armado.

Esta mujer, prima hermana de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, fue capturada por le Policía Nacional el 13 de febrero de 2016 en un apartamento del barrio San Germán de la capital antioqueña.

Durante el operativo, le fueron incautados 692 millones de pesos en efectivo y 191 dólares. Así mismo, se le inmovilizó una camioneta Suzuki de placas IMQ 971. El mismo día de la captura, en los barrios El Poblado y Laureles de Medellín, fueron inmovilizadas una camioneta Toyota de placas HAL 367 y una motocicleta BMW modelo 2013.

Con el fin de que se inicien los trámites respectivos con el dinero incautado y los vehículos inmovilizados, el fallador ordenó compulsar copias a la Dirección Nacional de Fiscalías de Extinción del Derecho de Dominio.

Yuliana Andrea Manco David, alias la Contadora, quien llegó a un acuerdo judicial con la Fiscalía General de la Nación, aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

OTORGAN DETENCIÓN DOMICILIARIA A JESUSITA ZABALA DE LONDOÑO

Un juez con función de control de garantías de Buga le concedió el beneficio de detención domiciliaria a la gestora social del municipio de Cartago, Jesusita Zabala de Londoño, quien es señalada de haber recibido coimas para la adjudicación irregular de tres contratos.

La madre del actual alcalde de Cartago aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y llegó a un preacuerdo con el ente investigador.

La hoy procesada, quien devolvió 43 millones de pesos producto del cohecho, deberá cumplir su detención domiciliaria en el municipio de Buga.

Los tres contratos están relacionados con el plan de alimentación escolar (PAE), por valor de $2.132.058.026; la concesión entre el Instituto Municipal de Tránsito y el SIETT por valor de $150.000.000 y el estudio de tarifas del transporte público por $25.000.000.

La Fiscalía le formuló cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo y sucesivo; así como cohecho propio en concurso material homogéneo y concierto para delinquir.

Por los mismos hechos fueron judicializados y se encuentran privados de la libertad: Claudia Patricia Medina Gambia, directora Técnica de Procesos Contractuales y Javier Andrés López Noguera, contratista de Cartago; así como Juan Pablo González Marín y Yéssica Duque Cataño.

De igual manera, son procesados los contratistas Julio Édgar Arboleda Blanquicet y Hernán Córdoba Córdoba, a quienes el juez de control de garantías les otorgó la libertad, pero continúan vinculados a la investigación.

TRAICIONÉ MI IDIOSINCRASIA POR LLEVAR ESTO ANTE LA JUSTICIA CIVILIZADAMENTE: COLMENARES

Después de que finalmente se conociera la decisión del juzgado 11 de conocimiento de Bogotá de absolver a Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos estudiantes universitarias acusadas de haber participado como coautoras en la muerte de su compañero Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010, Luis Alonso Colmenares, padre de la víctima, se pronunció sobre el hecho.

En diálogo con La W, Colmenares criticó fuertemente la decisión al señalar que “lo peor de este país es la injusticia de la justicia”, ya que asegura que en el caso se cometieron diferentes errores a nivel jurídico y técnico desde el primer día.

Así, Colmenares insiste en la hipótesis de que todas las pruebas que aportó la Fiscalía al caso demostraban, de manera concreta, que su hijo había sido asesinado. “El que lo hizo fue alguien acostumbrado al crimen (…) la forma en que dejaron su rostro es monstruosa (por) la cantidad de golpes que recibió”, argumenta Colmenares. Además, afirma que Luis Andrés se encontraba moribundo cuando terminó bajo el puente en el canal El Virrey, el sitio donde lo encontraron muerto horas después.

“Si lo hubieran encontrado antes, las cosas hubieran sido diferentes”, dice Colmenares.

Respecto a Laura Moreno y Jessy Quintero, Colmenares advierte que está seguro de que no fueron ellas quienes participaron directamente en el delito pero sí saben quién lo cometió. “La Fiscalía las estaba procesando porque mintieron, porque supieron (quién fue el responsable), faltaron a su deber de solidaridad y dejaron morir a Luis”, indica.

Entre las irregularidades que menciona Colmenares en torno al proceso, cuestiona a la Funeraria Gaviria, encargada de los servicios del joven: “¿Por qué la Funeraria Gaviria tuvo que hacerle un trabajo de estética para que no se notara nada? Supe su estado real solo cuando vi las fotos del levantamiento del cuerpo”.

También, señala Colmenares, Medicina Legal jamás le reveló a la familia cómo dispusieron de la ropa y los elementos que Luis Andrés Colmenares llevaba consigo el día de su muerte: “A dónde lo llevaron, a quién se lo entregaron”, cuestiona.

Por otra parte, Colmenares también hace referencia a la desaparición de 17 cámaras de seguridad, entre la discoteca Penthouse y el caño de El Virrey en los días posteriores a la muerte de Luis Andrés. “Cuando regresamos de Villanueva en noviembre, quisimos revisar en las cámaras de seguridad (…) en ninguna encontraron ninguna copia de ese día, todo lo habían desaparecido”.

Así las cosas, Colmenares indica que ha “traicionado su idiosincrasia (guajira)” por querer “llevar de manera civilizada este caso ante la Justicia”. “Si esto hubiera sucedido en Villanueva, al día siguiente se habría resuelto”, advierte Luis Alonso Colmenares.

Finalmente, Colmenares calificó al fiscal 298 de Vida, el primero en recibir el caso, de “corrupto” y “sinvergüenza” por su aparente intención de archivar la investigación desde el principio.

CORTE SUPREMA RECHAZA DESAFUERO A PRESIDENTE DE GUATEMALA POR CASO JEFE CICIG

Jimmy Morales declaró no grato y trató de expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez.

El portavoz del Organismo Judicial (OJ), Ángel Pineda, dijo a los periodistas que las dos solicitudes sobre este asunto fueron rechazadas "in límine" por considerar que "no es procedente".

Las solicitudes para levantar el fuero al mandatario fueron presentadas por particulares por delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

Esto por la decisión de Morales de declarar el pasado 27 de agosto no grato al comisionado de la Cicig, y ordenar su inmediata expulsión de Guatemala el pasado domingo.

Esta medida, sin embargo, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, por considerarla "ilegal".

Al anunciar su decisión, Morales explicó que Velásquez se había salido del mandato del ente de las Naciones Unidas que se estableció en Guatemala en 2007 y que tenía "injerencia en asuntos internos".

Por otra parte, la CSJ continua examinando la otra solicitud de desafuero contra Morales, presentada por la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala, para que sea investigado por supuestamente recibir financiación ilegal durante su campaña de 2015 que lo llevó a la Presidencia.

JUEZ DENIEGA A EXMINISTRO ARIAS PEDIDO DE TIEMPO PARA AUDIENCIA

El juez estadounidense que lleva el caso de extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias denegó el pedido hecho por la defensa de aplazar hasta noviembre la próxima audiencia, y la fecha se mantiene para el próximo 28 de septiembre.

Según documentos judiciales a los que hoy tuvo acceso Efe, el magistrado John O'Sullivan denegó la solicitud que había presentado la defensa de Arias, en la que pedía extender hasta el 27 de noviembre la audiencia de extradición tras un caso de corrupción que involucra a un exjuez de la Corte Suprema de Colombia que lo juzgó en su país.

Los abogados de Arias, detenido en agosto de 2016 en Miami y liberado bajo fianza tres meses después, solicitaron dos meses más para analizar la nueva información, pero el magistrado estadounidense se limitó a responder al pedido con un "denegado" en un escueto escrito.

"La evidencia de corrupción en la Corte Suprema de Colombia es pertinente a este caso de extradición porque socava cualquier base para aceptar la convicción de Arias", había señalado la defensa, liderada por David Oscar Markus.

La negativa mantiene por el momento para el próximo 28 de septiembre, tal como lo fijó el juez O'Sullivan, la nueva audiencia de extradición del exministro de Agricultura, condenado en 2014 en Colombia a más de 17 años de cárcel y a una multa de más de 15 millones de dólares por las irregularidades detectadas en un programa de subsidios agrarios.

El exministro, que llegó a Miami en junio de 2014, unos pocos días antes de ser condenado en ausencia, solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia y hoy está en libertad bajo fianza, aunque con grilletes electrónicos.

La Fiscalía de EE.UU. había manifestado el rechazo a la extensión del juicio por parte del Gobierno colombiano, al cual representa, según el documento de la defensa.

Arias ha afirmado su inocencia y asegura que es un perseguido político del Gobierno de Juan Manuel Santos.

MUSA BESAILE PIDE DECLARACIONES DE LOS EXMAGISTRADOS LEONIDAS BUSTOS Y FRANCISCO RICAURTE

A través de una carta que se radicó hoy ante la sala de instrucción dos de la Corte Suprema de Justicia, la defensa del senador Musa Besaile le solicitó la declaración, bajo la gravedad de juramento, de los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte. 

En la misma solicitud, la defensa de Besaile también pidió la declaración del magistrado de la Sala Penal del alto tribunal Gustavo Enrique Malo Fernández, quien adelanta el proceso en contra del senador Musa por parapolítica. 

Las declaraciones se tomarían en el marco de la investigación que la sala penal adelanta contra el senador por el caso de corrupción tras aceptar que pagó dos mil millones de pesos al ex fiscal Luis Gustavo Moreno, para frenar una orden de captura en su contra por el caso de parapolítica.

YO PRESTÉ MI NOMBRE PARA QUE BUSTOS COMPRARA EL BMW: FISCAL RAÚL ACERO

El actual fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá rechazó cualquier señalamiento de corrupción y vinculación con el escándalo que tiene en enredos a varios ex magistrados de la Corte y congresistas.

"Yo soy ajeno a todo esto, el problema es que todos están opinando y debemos dejar que sean los jueces naturales los que investiguen".

Acero llegó a la Fiscalía en 2010 como delegado ante la Corte, según su relato porque su hoja de vida fue propuesta por varios magistrados. Pero su permanencia en la entidad se la debe a varias sentencias judiciales a favor, que se contraponen a la decisión del entonces fiscal encargado Jorge Perdomo de declararlo insubsistente a solo unos meses de su pensión.

"La primera vez que llegué a la Fiscalía fue en 1994 y mi trabajo me destacó; en 2004, en la administración de Luis Camilo Osorio, pasé a ser juez de control de garantías, luego fui magistrado auxiliar de María del Rosario González".

En las transcripciones de la DEA, Raúl Acero quedó relacionado por la supuesta propiedad de un vehículo de alta gama que supuestamente llegó a las manos de Luis Gustavo Moreno.

"El BMW costó 154 millones, creo, pero el magistrado Bustos tenía un problema con el crédito, por eso me pidió el favor de manejar la cuenta, ya que el cupo no le daba y por eso el carro quedó a mi nombre".

Acero dijo que en 2013 Bustos le solicitó hacer el cambio de propiedad del vehículo, porque lo vendió y el nuevo dueño era Luis Gustavo Moreno.

"Yo no le vi problema a ese asunto, no fue un favor a cualquier persona, en 2010 el doctor Bustos era un destacado magistrado... Pero es importante aclarar que la venta a Gustavo Moreno se dio cuando él era abogado litigante, no estaba vinculado a la Fiscalía".

El fiscal confirmó su cercanía con el ex magistrado Leónidas Bustos, contó que se conocieron en la Universidad Libre y dijo que confía en su juicio y en su honestidad hasta que un juez lo declaré culpable.