El trabajo es mucho. Todos los días desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., a 13 pereiranos, que están presos en China por narcotráfico les toca elaborar zapatillas y auriculares sin tener descanso.
Ese no es el mayor problema. A las extenuantes jornadas laborales hay que sumarles los maltratos que reciben diariamente y que han sido denunciados por sus familiares a la Defensoría del Pueblo.
A uno de ellos, según manifestaron, le pusieron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo y torturarlo con descargas eléctricas y golpes. Maltratos que, evidentemente, violan sus derechos humanos.
Las condiciones en que trabajan y las agresiones han hecho que estos connacionales sufran, según la Defensoría, problemas arteriales, de riñones, de columna y en sus extremidades. Otro de ellos, que desde niño tenía problemas de visión, se está quedando ciego y no ha recibido la atención médica necesaria.
Y mientras ellos viven su calvario en el país asiático, sus familiares en Risaralda piden ayuda a las autoridades colombianas para que revisen los procesos judiciales de los detenidos y puedan ser repatriados a Colombia, como sucederá con Sara María Galeano, otra pereirana presa en China que regresará al país por su grave estado de salud.
La Defensoría del Pueblo ha liderado el tema y, según informó, envió información de los últimos hechos ocurridos a la Cancillería y al Ministerio de Justicia, para que sean ellos quienes revisen los procesos judiciales y pidan el respeto a los derechos humanos de los colombianos.
Sin embargo, fuentes de la Cancillería aseguraron a Semana.com que, hasta este jueves, no ha llegado ningún informe por parte del órgano defensor. Aún así, manifestaron, la gestión por los colombianos presos en China viene desde hace años y continuarán en ello.
Que las autoridades revisen los casos es indispensable para establecer si hubo o no violación al debido proceso, pues –de acuerdo con la Defensoría- los pereiranos fueron juzgados en el idioma mandarín y no en español, sin tener un traductor presente.
Ellos hacen parte de un grupo de alrededor de 56 connacionales que se encuentran privados de la libertad en el país asiático, según los consulados nacionales en China.
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