En septiembre de 2014 más 5.000 personas se presentaron para aspirar a uno de los 774 cargos de Procurador Judicial I y II, que tienen salarios entre 9 y 22 millones.
El resultado de esas pruebas fue publicado a comienzos de 2016 y desde agosto comenzó la provisión de cargos.
Esos nombramientos no se habría realizado atendiendo el orden de elegibles, sino que se habría nombrado a otros procuradores que no pasaron el concurso o en supuestamente en situación especial por estar a puertas de la pensión o por ser cabeza de familia.
El Tribunal de Bogotá no encontró justificados estos argumentos de la Procuraduría y le dio 5 días para que nombre a quienes ganaron el derecho a ocupar un cargo de la carrera en el Ministerio Público.
Sostiene el fallo que con su actitud la Procuraduría “desconoce los derechos adquiridos, la buena fe, la confianza legítima y el acceso a los cargos públicos de los concursantes”.
El resultado de esas pruebas fue publicado a comienzos de 2016 y desde agosto comenzó la provisión de cargos.
Esos nombramientos no se habría realizado atendiendo el orden de elegibles, sino que se habría nombrado a otros procuradores que no pasaron el concurso o en supuestamente en situación especial por estar a puertas de la pensión o por ser cabeza de familia.
El Tribunal de Bogotá no encontró justificados estos argumentos de la Procuraduría y le dio 5 días para que nombre a quienes ganaron el derecho a ocupar un cargo de la carrera en el Ministerio Público.
Sostiene el fallo que con su actitud la Procuraduría “desconoce los derechos adquiridos, la buena fe, la confianza legítima y el acceso a los cargos públicos de los concursantes”.
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