“NO HAY UNA SISTEMATICIDAD HASTA EL MOMENTO EN LAS AFECTACIONES A LA INTEGRIDAD DE LOS LÍDERES SOCIALES”: FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Durante su intervención en la audiencia “Crímenes contra la paz” adelantada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales”, por lo que no es posible hablar de un factor único que las motive.
A su vez, reafirmó la importancia que representa para la entidad la investigación de los hechos que signifiquen un riesgo para los defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos, como ocurrió en su momento con la Unión Patriótica, en cuya investigación la Fiscalía dispuso la implementación de una estrategia que incluye la asociación de casos y análisis en contexto, a fin de lograr la judicialización de los responsables y la no repetición.
En ese sentido y frente a las amenazas que se han evidenciado sobre los líderes en los distintos territorios del país, Martínez Neira manifestó la necesidad de adoptar políticas públicas integrales que fortalezcan la presencia institucional en las regiones y que garanticen efectivamente los derechos colectivos. De ahí la importancia de generar confianza entre las comunidades como mecanismo clave para la consolidación de una cultura de legalidad.
Ejemplo de ello es el trabajo que se ha venido desarrollando con comunidades indígenas como los Awá en Nariño y con los cabildos indígenas del norte del Cauca, del pueblo Nasa. Con estos últimos, se puso en marcha un acuerdo de respeto mutuo, solidaridad y colaboración con el fin de desmantelar las bandas que azotan a los propietarios y conductores de motos en Valle del Cauca, Nariño y Cauca.
En el marco de este acuerdo de cooperación, la guardia indígena recuperó 100 motocicletas que fueron robadas en estos tres departamentos, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía para entregarlas a sus propietarios. “Es un reencuentro con la legalidad entre las comunidades y la Fiscalía”.
Finalmente el jefe del ente acusador recordó el papel de la institucionalidad y de la Fiscalía General de la Nación como garantes de la paz, por lo que ratificó que “no vamos a cesar en investigaciones por ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales […] pues el país no puede reeditar lo que ocurrió con la Unión Patriótica y en esa materia, tienen el compromiso decidido de la Fiscalía General de la Nación”.
A su vez, reafirmó la importancia que representa para la entidad la investigación de los hechos que signifiquen un riesgo para los defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos, como ocurrió en su momento con la Unión Patriótica, en cuya investigación la Fiscalía dispuso la implementación de una estrategia que incluye la asociación de casos y análisis en contexto, a fin de lograr la judicialización de los responsables y la no repetición.
En ese sentido y frente a las amenazas que se han evidenciado sobre los líderes en los distintos territorios del país, Martínez Neira manifestó la necesidad de adoptar políticas públicas integrales que fortalezcan la presencia institucional en las regiones y que garanticen efectivamente los derechos colectivos. De ahí la importancia de generar confianza entre las comunidades como mecanismo clave para la consolidación de una cultura de legalidad.
Ejemplo de ello es el trabajo que se ha venido desarrollando con comunidades indígenas como los Awá en Nariño y con los cabildos indígenas del norte del Cauca, del pueblo Nasa. Con estos últimos, se puso en marcha un acuerdo de respeto mutuo, solidaridad y colaboración con el fin de desmantelar las bandas que azotan a los propietarios y conductores de motos en Valle del Cauca, Nariño y Cauca.
En el marco de este acuerdo de cooperación, la guardia indígena recuperó 100 motocicletas que fueron robadas en estos tres departamentos, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía para entregarlas a sus propietarios. “Es un reencuentro con la legalidad entre las comunidades y la Fiscalía”.
Finalmente el jefe del ente acusador recordó el papel de la institucionalidad y de la Fiscalía General de la Nación como garantes de la paz, por lo que ratificó que “no vamos a cesar en investigaciones por ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales […] pues el país no puede reeditar lo que ocurrió con la Unión Patriótica y en esa materia, tienen el compromiso decidido de la Fiscalía General de la Nación”.
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