LA PUJA POR EL SALARIO MÍNIMO TERMINARÍA SIN ACUERDO

Este jueves se llevó a cabo la última reunión en la que los trabajadores y los empleadores intentaron ponerse de acuerdo para fijar el aumento del salario mínimo que tendrá vigencia en 2018. Como en los años anteriores, la concertación no igualó las propuestas de las las partes, y ahora será el Gobierno el que, este viernes, fijará el incremento vía decreto.

Este diciembre, como lo indica la ley, los trabajadores, representados por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se sentaron en la mesa de negociaciones con los empresarios, cuya voz asumieron la ANDI y Fenalco, y el Gobierno. Las propuestas comenzaron distanciadas por más de 6 puntos porcentuales, y pese a que se acercaron con el avance de las reuniones, no hubo un consenso final.

La petición de los sindicatos estaba entre el rango de los 10 y los 12 puntos, mientras que los empleadores empezaron ofreciendo entre el 4,5 y el 4,7 por ciento. Tras las distintas rondas de negociación se empezó a cerrar la brecha. Este jueves, antes de que comenzara la reunión final, entre los trabajadores se hablaba de un incremento de 7 puntos, mientras que los empresarios no se movían del 5,1.

Dentro de los argumentos de los representantes de los trabajadores para exigir este incremento están la pérdida de poder adquisitivo debido a la reforma tributaria, la necesidad de incentivar el consumo y dinamizar la economía, y la incapacidad de suplir necesidades básicas con ese monto mensual.

Por su parte, los gremios consideran que un aumento muy alto del salario mínimo puede hacer muy costosa la contratación de nuevos trabajadores y afectar la generación de empleo. Además, creen que su propuesta es atractiva considerando la inflación proyectada (alrededor del 4 por ciento).

Los gremios también resaltan que durante los dos últimos años, el aumento del mínimo ha estado por encima de la inflación por lo que ha aumentado el poder adquisitivo.

Esos argumentos fueron expuestos durante el debate que culminó este jueves sin acuerdo. Ahora será el Gobierno el que este viernes decida en cuánto aumentarán los 737.717 pesos, monto que más de la mitad de los trabajadores del país se ganan al mes.

POR IRREGULARIDADES EN INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INVESTIGAN A TRES CORONELES

Las irregularidades se habían presentado desde el 2014 y hasta este año según una denuncia que llegó al Ministerio Público y que dio origen a la investigación disciplinaria que ya inició la Procuraduría.

Los coroneles cobijados con la decisión son los tenientes Douglas Alejandro Restrepo Murillo y Hermes Javier Barrera Blanco, como jefes de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá, Sijín. Y la jefe del Área de Administración de Información Criminal de la Dijín, Digna María Castro Morales.

Al parecer, tras la inmovilización de un vehículo, presuntos miembros de la institución accedían al Sistema Operativo de la Policía Nacional que informa sobre los carros aprehendidos por orden judicial y alteraban el registro del automóvil.

Dice la Procuraduría, que se pudo determinar que quienes realizaban esas diligencias portaban la orden judicial que pesaba contra los vehículos, pero en algunas ocasiones habrían realizado el procedimiento sin tener la aprobación de una autoridad competente.

CONCEJAL DE BUGA PERDIÓ TUTELA CONTRA PERIODISTA POR UNOS MENSAJES DE FACEBOOK

El concejal del municipio de Buga, James Hernán Gómez, presentó una tutela ante la Corte Constitucional alegando que el periodista William Solano violó sus derechos a la vida, la libertad religiosa, la honra e intimidad de la familia por una publicación que hizo en Facebook. En ella mencionaba varios actos de corrupción que de hecho llevaron al concejal a adelantar una denuncia penal.

El alto tribunal revisó el caso y no vio vulnerados sus derechos, en especial porque no demostró que lo que dijo el periodista es falso.

En la sentencia se lee que “más allá del rechazo de los contenidos publicados y de desmentir algunos de sus apartes, el actor no precisó cuál es el sustento que le permite descalificar esta información, ni demostró que las publicaciones de William Solano contengan información falsa, inexacta o errónea”.

Y agrega: “Por el contrario, en su escrito de contestación, Solano fue quien presentó algunos de los soportes documentales con base en los cuales respaldó varias de sus afirmaciones, amplió los señalamientos realizados en contra del Concejal por presuntos actos de corrupción y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En todo caso, advirtió que en el curso del proceso penal demostraría, de ser necesario, la veracidad de cada una de las manifestaciones realizadas en los mensajes”.

Por lo tanto, negó la tutela, le recordó al concejal las implicaciones de ser funcionario público y las críticas a las que se puede ver expuesto por esa condición y el derecho a la libertad de expresión que tiene Solano.

COALICIÓN URIBE-PASTRANA ENVIÓ AL CNE SOLICITUD DE CONSULTA INTERPARTIDISTA PARA ELEGIR CANDIDATO

La coalición de derecha liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana elegiría candidato presidencial y vicepresidencial a través de una consulta interpartidista.

El Centro Democrático, el movimiento de Marta Lucía Ramírez y el de Alejandro Ordóñez, enviaron la solicitud al Consejo Nacional Electoral para poner en marcha este mecanismo el mismo 11 de marzo, día de las elecciones parlamentarias.

LAS MUJERES MANEJAN UN 41% DE LOS CARGOS PÚBLICOS CON “MÁXIMO NIVEL DECISORIO”

La participación de la mujer colombiana en los cargos de decisión públicos ha venido aumentando en los últimos años y, gracias a diferentes medidas, su papel es cada vez más preponderante en el manejo del Estado.

Si bien ha sido una lucha constante para lograr este espacio en la esfera del poder, la cual por supuesto ha tenido altibajos, los distintos estudios que se han realizado sobre el tema demuestran que aún hacen falta más acciones contundentes para acabar del todo con la brecha de desigualdad que aún persiste en algunos sectores.

El más reciente de estos documentos lo acaba de presentar el Departamento de la Función Pública, que se dio a la tarea de verificar qué tanto se cumple en el país la llamada ley de cuotas y cuál es la participación real de la mujer en los cargos oficiales con poder de decisión.

La entidad se dio a la tarea de analizar la información suministrada por 1.302 entidades del orden nacional (192) y territorial (1.110) relacionada con qué tanto mando tienen las mujeres en las mismas y, por supuesto, qué tanto cumplen con la norma que exige tener por lo menos un 30 por ciento de participación femenina.

Una de las conclusiones del estudio es que de un total de 6.157 cargos con un máximo nivel decisorio, 2.504 están comandados por mujeres; eso representa un 41 por ciento. Esto, valga la claridad, responde a cifras reportadas en lo corrido del 2017.

Y, tras analizar el mismo periodo, se encontró que 7.631 cargos de “otros niveles decisorios”, 3.443 de ellos los ocupan mujeres, lo cual significa un 45 por ciento.

“En el máximo nivel decisorio se cumplió con un 41% en participación de la mujer durante el 2017, lo que indica que se superó en 3 puntos porcentuales los resultados de la vigencia 2016; de igual forma, para los otros niveles decisorios se cumplió con el 45% de participación femenina, de esta manera se incrementaron 4 puntos porcentuales frente a la misma medición del año 2016”, precisa el informe de la Función Pública.

Si bien en términos porcentuales el avance frente al 2016 puede no leerse como muy alto, no se puede desconocer que es una avance que en la práctica es mucho más que notorio. Por lo menos así lo ve la Función Pública y de esa forma lo consignó en este informe, el cual fue enviado para su análisis la Procuraduría y al Congreso.

“Teniendo en cuenta los indicadores anteriores, en la presente vigencia se ve marcada por un incremento importante en el aporte de las mujeres en los cargos directivos con poder decisorio, esto ha disminuido, por supuesto, la brecha de participación entre hombres y mujeres en el Estado colombiano”, se precisa en el documento.

La Función Pública reportó que, por ejemplo, en 131 entidades de la Rama Ejecutiva hay 521 cargos provistos y considerados como de “máximo nivel decisorio”, de los cuales 190 los ocupan mujeres, es decir hay una participación del 36 por ciento. Aquí, entre otros puestos, se analizan los ministerios (hay 5 liderados por mujeres) y los Departamentos Administrativos. Las actuales ministras son: María Ángela Holguín (Cancillería); María Lorena Gutiérrez (Comercio); Mariana Garcés (Cultura); Yaneth Giha Tovar (Educación); y Griselda Restrepo (Trabajo).

Además, en los cargos con rango de “otros niveles decisorios” se encontró que de los 1.734 que existen, 699 son liderados por mujeres (un 40 por ciento).

“Respecto a la región de origen, el 35% de las mujeres son de Bogotá, seguida por la región Centro Occidente con un 17%. La región de origen con el porcentaje más bajo es Sur Oriente, con un 3%”, se indica en el documento que analiza los dos tipos de cargos de la Rama Ejecutiva y, que, entre otros ítems, detalla que por lo menos el 60 por ciento de ellas domina un segundo idioma.

En la Rama Legislativa (Cámara y Senado) se encontró que de 9 cargos provistos como “máximo nivel decisorio”, hay 5 ocupados por mujeres. Y de 25 puestos calificados como “otros niveles decisorios”, 13 los lideran también mujeres. Eso sí, vale la pena recordar que los actuales presidentes de ambas corporaciones son hombres.

Y en la Rama Judicial las cifras son las siguientes: de 165 cargos de “máximo nivel decisorio”, 60 son liderados por mujeres; y de 38 provistos como “otros niveles decisorios”, 9 los manejan mujeres.

A nivel territorial también analiza a fondo la participación femenina en los cargos con poder de decisión. Un ejemplo de esto es el apartado dedicado a Bogotá, ciudad cuya Administración Distrital la componen 52 entidades. Allí, de 455 cargos provistos como “máximo nivel decisorio”, 210 los lideran mujeres.

Todo este trabajo de la Función Pública es un aporte para buscar más y nuevas estrategias para acabar con la brecha de desigualdad en el país, especialmente en el Estado y en sus puestos de mando. Como dice el documento, “este insumo da un horizonte para conocer cómo la mujer ha tenido una posición cada vez más fuerte en los cargos que conforman el nivel decisorio en el sector público del país”.

NO SE PUEDE DESPEDIR A UNA MUJER MIENTRAS ADELANTA PROCESO DE ADOPCIÓN DE UN MENOR

La Corte Constitucional revisó el caso de una mujer que fue contratada de manera temporal en la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y fue despedida pese a haber informado la fecha en la que le iban a entregar a la menor.

Su despido se dio bajo el argumento de que la niña no había sido entregada formalmente y que la protección que rige para las mujeres embarazadas aplica para las adoptantes solo cuando ya se materializa la adopción. 

El Alto Tribunal aunque no pudo ordenar el reintegro de la mujer a su trabajo por las características del mismo, ordenó el pago del sueldo que dejó de recibir desde que la despidieron hasta la fecha en la que debía haber terminado su licencia de maternidad.

“Asimilar la fecha del parto a la fecha de la entrega del niño, niña o adolescente en el proceso de adopción, para efectos de extender el fuero de maternidad a las madres adoptantes, implica que, así como la protección especial de la madre biológica incluye tanto el período de gestación como la época del parto y las semanas siguientes al nacimiento del hijo, lo propio debe ocurrir en el caso de la madre adoptante”, se lee en la sentencia de la Corte. 

El Alto Tribunal, sin embargo, aclara “al igual que ocurre con el embarazo, el período previo al parto que se asimila al de la entrega del niño, niña o adolescente en el proceso de adopción no puede ser indefinido, pues esta indeterminación conduciría a una ventaja injustificada para un solo tipo de familia”, por lo cual asegura que se deben revisar las condiciones de cada caso.

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD A LYONS ESTÁ EN RIESGO: FISCAL

Fueron dos predios ocupados por la Fiscalía que suman 112 hectáreas en Nuevo Mundo y Sahagún, Córdoba y que estaban a nombre de la Compañía GSI Proyectos cuyo representante legal le confesó a los fiscales del caso que el verdadero dueño de esas tierras era Eugenio Lyons de la Espriella, padre del ex gobernador Alejandro Lyons. 

“Ante estas evidencias los fiscales de conocimiento iniciaron los procesos de extinción de dominio y se trabaja por supuesto para revisar investigaciones de testaferrato y lavado de activos". 

El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que hay evidencia de que los predios fueron adquiridos con el dinero de la corrupción en el departamento de Córdoba, mientras estaba como mandatario Lyons. 

La Fiscalía ahora determina la legalidad del principio de oportunidad con el ex gobernador, pues un compromiso era revelar el total de las propiedades que adquirió con el dinero sacado de los recursos públicos del departamento. 

“Se está compulsando copias de la información que se ha obtenido con destino al fiscal del caso que es el competente en el caso del señor Alejandro para establecer si hay que revalorar el principio de manera inmediata". 

Con estas incautaciones la Fiscalía aseguró que iniciaron procesos de lavado de activos en contra del padre del ex gobernador y familiares que se prestaron para ocultar las propiedades con el único fin de desviar la actividad de los fiscales que rastrean los recursos ilícitos derivados de la corrupción en Córdoba.

CHOQUE DE EMBARCACIONES CAUSÓ DERRAME DE MÁS DE 2.000 BARRILES DE COMBUSTIBLE EN RÍO MAGDALENA

Las autoridades intentan controlar el derrame de más de 2.500 barriles de combustible que se presentó en el kilómetro 373 aguas abajo de El Banco, Magdalena, luego de un choque entre dos embarcaciones.

Según la versión suministrada por el director de Cormagdalena, Alfredo Varela, un buque habría chocado con la embarcación al intentar ceder el paso del remolcador Humberto Muñoz de Naviera Fluvial Colombiana.

Durante el incidente uno sus botes se rompió en tres de sus bodegas, lo que posteriormente generó el derrame.

“Al parecer un par de embarcaciones se encontraron de frente, una de estas se golpeó con la orilla por lo que resultó el derrame de estos 2.500 barriles. Nosotros iniciamos unas evaluaciones de contaminaciones de agua, ya que hay muchos municipios ribereños que se alimentan sus acueductos del Río Magdalena”, mencionó el director de la entidad.

Según Varela, ya se iniciaron las investigaciones y hasta ahora no hay ninguna alerta para los municipios, ni departamentos aledaños por donde baja la corriente de agua del Río Magdalena.

A JUICIO IMPLICADOS EN CASO REFICAR

La eterna audiencia que define la situación jurídica de siete ex directivos de Reficar, Ecopetrol y de la firma CB&I, no dio espera para completar la medida de aseguramiento, cuando obligó a la Fiscalía a radicar el escrito de acusación. 

Los ex directivos son investigados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público. 

La acusación en su contra detalla las evidencias de la Contraloría y los hallazgos de los fiscales del caso que supuestamente establecen la responsabilidad de los imputados en la desviación de recursos destinados a la construcción de la Refinería de Cartagena. 

La defensa de los empresarios aseguró que todas las pruebas de la Fiscalía en contra de sus clientes serán controvertidas con los documentos que demuestran como todo el dinero destinado a la construcción de la Refineria se invirtió en la obra, lo que dejaría sin piso la acusación de los fiscales del caso.

SALARIO MÍNIMO DEBERÍA SER DE UN MILLÓN 600 MIL PESOS: CONFEDERACIÓN DEL TRABAJO

El presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, indicó que el salario mínimo en Colombia para el 2018 debería estar en 1 millón 600 mil pesos, el valor que representa el costo de la canasta familiar.

En entrevista, Julio Roberto Gómez manifestó: “un aumento del 7% sería un punto de equilibrio que no resuelve los problemas de pobreza pero que por los menos significaría 4 puntos de inflación, más 1 punto de productividad, más los 2 puntos que perdimos este año por cuenta de la absurda reforma tributaria”.

Señaló que ese aumento seguiría siendo bajo frente a las necesidades económicas de los colombianos, y tanto el gobierno como el sector privado deberían tenerlo en cuenta. 

“Con esos dos puntos no se está pidiendo nada del otro mundo, que sería un incremento de 52 mil pesos mensuales, ni siquiera para pagar un transporte de Transmilenio hoy en día, de tal manera que estamos discutiendo sobre unas cifras que son sumamente bajas y frente a las cuales tanto el Gobierno como el sector empresarial deben tenerlas en cuenta”, añadió.

Destacó que en esta última fase de la negociación del salario mínimo sería conveniente que las partes involucradas consideraran las necesidades de los colombianos, para hacer un aumento que justifique los gastos en las familias.

“No podemos seguir siendo el séptimo país más desigual del planeta, no podemos continuar en un estado de postración para la clase trabajadora en donde definitivamente la gente con un salario mínimo vive mal, come mal, viste peor, no consume las proteínas necesarias”, sostuvo.

Finalmente Julio Roberto Gómez aseguró que “se mueven muchas falacias” en torno al salario mínimo en Colombia.

Llegó La Navidad Junto a El Periódico El Jurista.

Periódico El Jurista estuvo en la localidad cuarta de San Cristobal, en el Instituto para Niños Ciegos en Bogotá y en la ciudad de Valledupar entregando a esas familias felicidad con mercados y regalos

EL CAOS DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE BOGOTÁ 

En un principio, estando los Juzgados Penales Municipales con Función de Conocimiento de Bogotá, en el Complejo Judicial de Paloquemao, dieron orden de traslado de los despachos con el fin de ubicarlos en el mismo Complejo, por números y en forma cronológica, se hicieron los trasteo, desacomodaran a muchos,  desmejoraron en espacio, se dañaron audiencias e incluso por lo reducido del espacio, no fue posible volver a realizar audiencias con cámaras portátiles en los despachos, como se realizaba antes de dichos movimientos,etc.

Luego, otra idea: era que todos los Juzgados en mención debían funcionar en el centro, Edificio Convida porque las Fiscalias Locales tenían sus sedes cerca a Convida; resulta que las Fiscalias Locales fueron trasladadas a dos cuadras del complejo Judicial de Paloquemao, y ahora,  se llevaron  a casi todos los Juzgados Penales Municipales del Complejo Judicial de Paloquemao para el centro, en el piso 2 de Convida y de entrada se observa el Juzgado 55 y al lado el 24, he informan que así esta  todo el edificio, que no hay la secuencia o cronología que se proclamaba. 

No se  entiende por que tanta contradicción y porque  todo en contra de los Jueces Penales Municipales  de Bogotá, que al igual que los demás despachos Judiciales que funcionan en Bogotá, tienen alta carga laboral, solo tienen un sustanciador,  y en otros sitios del país cuentan con 2 sustanciadores los municipales, tienen riesgos de seguridad, no se les contempla como potenciales beneficiarios de prima de riesgo. 

TRASLADAN A BOGOTÁ A LOS DOS OFICIALES IMPLICADOS EN MASACRE EN TUMACO, NARIÑO

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que luego de que se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos a la que fueron citados los uniformados se conocerá su futuro en las Fuerzas. 

Dijo que los dos oficiales, uno de la Policía y otro del Ejército, se encuentran en Bogotá esperando la fecha y hora de la audiencia de formulación de cargos que anunció la Fiscalía recientemente en su contra.

Cuando se haga esa diligencia y se vea cuáles son las consecuencias jurisdiccionales de esta, "las Fuerzas Armadas tomarán las medidas de ley, si hay un indicio grave de que se van a vincular a un proceso, la ley dice que no pueden permanecer activos", añadió Villegas.

MIGRACIÓN COLOMBIA RECIBIÓ AL EX JEFE PARAMILITAR ALIAS ‘HH’, DEPORTADO DE ESTADOS UNIDOS

Migración Colombia dio a conocer que recibió en la tarde de este martes en Bogotá a Hebert Veloza García, conocido como alias ‘HH’.

El excomandante del Bloque Calima y Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia arribó en vuelo procedente de Alexandria, Estado de Virginia, Estados Unidos.

Sobre ‘HH’ existe una medida de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento carcelario, ordenada por una sala de justicia del Tribunal Superior Judicial de Medelllín.

Además, a Veloza García se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, múltiples homicidios en personas protegidas, desplazamientos forzado y reclutamiento de menores.

El excomandante de las AUC fue entregado en custodia a las autoridades colombianas en el aeropuerto militar de Catam. 

Alias ‘HH’ fue condenado en el año 2009 por conspiración luego de exportar y distribuir cocaína en los Estados Unidos y por ser la cabeza de una sofisticada organización de tráfico de drogas que operó al menos por 10 años desde comienzos de 1998.

GUSTAVO MORENO SERÍA EXTRADITADO A ESTADOS UNIDOS EN ABRIL

El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno estaría a punto de irse a Estados Unidos, a reponder por lavado de activos para promover el soborno y la corrupción en Colombia. Este martes se conoció que el presidente Juan Manuel Santos firmó su extradición el pasado 22 de diciembre, casi un mes después de que la Corte Suprema de Justicia avaló el procedimiento.

Su extradición, sin embargo, tiene la salvedad de que Moreno responda primero por sus procesos en Colombia, donde es el ventilador principal del cartel de la toga, y en especial de los que tiene pendientes ante la Procuraduría, luego de que, la semana pasada, el procurador general Fernando Carrillo le hizo una petición expresa al mandatario en ese sentido. 

Moreno y el abogado Leonardo Pinilla fueron pedidos en extradición por una Corte del sur de Florida. Justo en ese estado gringo fue donde estalló el cartel de la toga, cuando a través de las interceptaciones que hizo la DEA a las conversaciones entre Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se empezó a delevar el funcionamiento del entramado de corrupción, en el que varios magistrados de la Corte Suprema pedían sobornos a congresistas y mandatarios para torcer sus procesos.

Las reuniones de Moreno en Estados Unidos fueron vigiladas, grabadas, y documentadas por agentes federales de ese país. En una de ellas habría recibido un abono de 10.000 dólares. Esas movidas son las que lo tienen en problemas con la justicia gringa, tanto que desde el comienzo del proceso en Colombia, la extradición era inminente, y los dos aparatos judiciales adelantaron convenios de cooperación en el caso.

En Colombia, por su parte, el exfiscal ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara, donde ha mencionado a los magistrados Francisco Ricaurte (ya preso), Leonidas Bustos y Gustavo Malo como integrantes de la nómina del cartel, del que, según sus señalamientos, fueron clientes congresistas como Álvaro Ashton, Musa Besaile y Nilton Córdoba, entre otros.

Sin embargo, a partir de sus testimonios no queda claro si la lista de involucrados es mucho mayor, y si incluía o otros magistrados y también a funcionarios de menor rango dentro de la rama judicial. También hay espisodios alrededor de su figura que no se han esclarecido, como los padrinos y las movidas que se habrían dado para que llegara a ser el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía. 

Por las cuentas que aún tiene que rendir en Colombia, precisamente, el procurador Carrillo le dirigió dicha carta al presidente Santos la semana pasada, en la que le pidió que no enviara a Moreno a Estados Unidos hasta que no atendiera todas las diligencias que tiene programadas en el país, especialmente las del Ministrio Público, donde se adelantan investigaciones disciplinarias alrededor del cartel. Ante esa solicitud, el mandatario le concedió cuatro meses más de estadía en Colombia al exfiscal, que está detenido en la Escuela de Artillería del Ejército.