El concejal del municipio de Buga, James Hernán Gómez, presentó una tutela ante la Corte Constitucional alegando que el periodista William Solano violó sus derechos a la vida, la libertad religiosa, la honra e intimidad de la familia por una publicación que hizo en Facebook. En ella mencionaba varios actos de corrupción que de hecho llevaron al concejal a adelantar una denuncia penal.
El alto tribunal revisó el caso y no vio vulnerados sus derechos, en especial porque no demostró que lo que dijo el periodista es falso.
En la sentencia se lee que “más allá del rechazo de los contenidos publicados y de desmentir algunos de sus apartes, el actor no precisó cuál es el sustento que le permite descalificar esta información, ni demostró que las publicaciones de William Solano contengan información falsa, inexacta o errónea”.
Y agrega: “Por el contrario, en su escrito de contestación, Solano fue quien presentó algunos de los soportes documentales con base en los cuales respaldó varias de sus afirmaciones, amplió los señalamientos realizados en contra del Concejal por presuntos actos de corrupción y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En todo caso, advirtió que en el curso del proceso penal demostraría, de ser necesario, la veracidad de cada una de las manifestaciones realizadas en los mensajes”.
Por lo tanto, negó la tutela, le recordó al concejal las implicaciones de ser funcionario público y las críticas a las que se puede ver expuesto por esa condición y el derecho a la libertad de expresión que tiene Solano.
El alto tribunal revisó el caso y no vio vulnerados sus derechos, en especial porque no demostró que lo que dijo el periodista es falso.
En la sentencia se lee que “más allá del rechazo de los contenidos publicados y de desmentir algunos de sus apartes, el actor no precisó cuál es el sustento que le permite descalificar esta información, ni demostró que las publicaciones de William Solano contengan información falsa, inexacta o errónea”.
Y agrega: “Por el contrario, en su escrito de contestación, Solano fue quien presentó algunos de los soportes documentales con base en los cuales respaldó varias de sus afirmaciones, amplió los señalamientos realizados en contra del Concejal por presuntos actos de corrupción y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En todo caso, advirtió que en el curso del proceso penal demostraría, de ser necesario, la veracidad de cada una de las manifestaciones realizadas en los mensajes”.
Por lo tanto, negó la tutela, le recordó al concejal las implicaciones de ser funcionario público y las críticas a las que se puede ver expuesto por esa condición y el derecho a la libertad de expresión que tiene Solano.
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