HABRÁ PROYECTO CONJUNTO PARA SUPERAR LA CRISIS DE LA JUSTICIA
Después de varios contrapunteos sobre la mejor manera de resolver la crisis carcelaria sin afectar la seguridad de los colombianos, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, llegaron a un acuerdo para la presentación de un gran proyecto conjunto de política criminal que recoja la visión de ambas instituciones frente a la crisis de la justicia.
En reunión del Consejo de Política Criminal, que agrupa a las cabezas del sector en el país, se decidió que no se impulsará más en el Congreso el proyecto de Ley 148 del 2016, que promovía una reforma del Código Penitenciario, y que el próximo 20 de julio se radicará un nuevo documento.
Entre las prioridades de ese proyecto estará, dijo Martínez, la revisión de las “conductas antisociales” que se han ido incluyendo como delitos en el Código Penal y que “no tienen porqué tener un tratamiento penitenciario”.
“Hay conflictos de carácter comercial, laboral y administrativo que se están penalizando hoy en día, y eso no tiene ningún sentido, dijo el Fiscal. Y señaló que “es tan absurdo” el tratamiento de casos como la inasistencia alimentaria “que hoy la ley exige al moroso irse para la cárcel, con lo cual el Estado se asegura de que (el procesado) nunca vaya a poder cumplir con las obligaciones alimentarias de su hogar”.
En reunión del Consejo de Política Criminal, que agrupa a las cabezas del sector en el país, se decidió que no se impulsará más en el Congreso el proyecto de Ley 148 del 2016, que promovía una reforma del Código Penitenciario, y que el próximo 20 de julio se radicará un nuevo documento.
Entre las prioridades de ese proyecto estará, dijo Martínez, la revisión de las “conductas antisociales” que se han ido incluyendo como delitos en el Código Penal y que “no tienen porqué tener un tratamiento penitenciario”.
“Hay conflictos de carácter comercial, laboral y administrativo que se están penalizando hoy en día, y eso no tiene ningún sentido, dijo el Fiscal. Y señaló que “es tan absurdo” el tratamiento de casos como la inasistencia alimentaria “que hoy la ley exige al moroso irse para la cárcel, con lo cual el Estado se asegura de que (el procesado) nunca vaya a poder cumplir con las obligaciones alimentarias de su hogar”.
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