POR CINCO DELITOS JUAN SEBASTIÁN CORREA SE ENFRENTA A UNA CONDENA DE HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN
El ex asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- Juan Sebastián Correa Echeverri, implicado en el caso Odebrecht, "cumplía órdenes de Otto Nicolás Bula y se valía de su cercanía y confianza con el director de la entidad, Luis Fernando Andrade. Buscaba que se la adjudicaran los contratos a la firma Odebrecht", es ahí cuando según la fiscalía ocurre el delito de tráfico de influencias.
Utilización indebida de información privilegiada, abuso de función pública y falso testimonio, son otros delitos que imputados por la Fiscalía por las conversaciones halladas en el celular del exsenador Bula y "su comportamiento se distanció de las funciones asignadas, claramente renunció a la objetividad, transparencia y claridad de sus funciones como empleado público".
El delito de amenaza a testigos se refiere a la declaración que entregó el abogado Jaime José Carrascal Quintero, contratado para el concepto jurídico de los contratos; según la Fiscalía, él denunció amenazas "Correa al parecer atento y amenazo declarante para impedir que rindiera sus declaraciones".
Señala la Fiscalía "organizaba reuniones con los selladores Bernardo Elías y Otto Bula para lograr la adjudicación de los contratos". Las sumas de la Fiscalía señalan que serían más de 20.000 millones de pesos pagados por los contratos "que se encuentran discriminados en la adición de la fase ruta del Sol II y el cierre financiero del proyecto para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena".
En total fueron cinco delitos imputados por la Fiscalía: tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, amenaza a testigo, y falso testimonio, cargos que rodean una condena de hasta 12 años de prisión.
Utilización indebida de información privilegiada, abuso de función pública y falso testimonio, son otros delitos que imputados por la Fiscalía por las conversaciones halladas en el celular del exsenador Bula y "su comportamiento se distanció de las funciones asignadas, claramente renunció a la objetividad, transparencia y claridad de sus funciones como empleado público".
El delito de amenaza a testigos se refiere a la declaración que entregó el abogado Jaime José Carrascal Quintero, contratado para el concepto jurídico de los contratos; según la Fiscalía, él denunció amenazas "Correa al parecer atento y amenazo declarante para impedir que rindiera sus declaraciones".
Señala la Fiscalía "organizaba reuniones con los selladores Bernardo Elías y Otto Bula para lograr la adjudicación de los contratos". Las sumas de la Fiscalía señalan que serían más de 20.000 millones de pesos pagados por los contratos "que se encuentran discriminados en la adición de la fase ruta del Sol II y el cierre financiero del proyecto para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena".
En total fueron cinco delitos imputados por la Fiscalía: tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, amenaza a testigo, y falso testimonio, cargos que rodean una condena de hasta 12 años de prisión.
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