SE AGITA LA CONTIENDA POR EL AVAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A LA JEP
Colombia es un país de contrastes. Desde Mesetas el país se quedó la semana pasada con la imagen de las Farc almacenando los últimos fusiles. Aunque la escenificación le inyectó una alta dosis de esperanza a la implementación, en el fondo se ocultó un nerviosismo. Los tiempos del acuerdo jurídico nada que empatan con la realidad de 7.000 excombatientes que dieron el paso a la legalidad.
La Jurisdicción Especial de Paz aún no pasa el examen de la Corte Constitucional. En audiencia pública, este miércoles y jueves se analizó desde diferentes sectores la reforma. Como se sabe, este acto legislativo, espina dorsal de la negociación con la guerrilla, se encargará de investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Farc, agentes de Estado y terceros civiles en el marco del conflicto. Por eso, la cita en el Palacio de Justicia generó tanta tensión.
Horas después de que el comité de escogencia anunció los tiempos y las bases para la selección de los 51 juristas que la conformarán, el alto tribunal sentó a los principales promotores y adversarios de la Jurisdicción Especial de Paz para compartir sus posiciones en una audiencia pública. El primero que tomó la palabra, fue el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Aunque durante su intervención aseguró que la JEP cumple con todos los estándares fijados por "la jurisprudencia constitucional para la participación de las víctimas", envió un contundente mensaje a los críticos del acuerdo.
“Se equivocan quienes sostienen que esta reforma se reduce a otorgar beneficios judiciales a guerrilleros. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta dirigida a imponer sanciones de diferentes tipos a todos los actores del conflicto armado”, dijo.
Aunque sus palabras no encontraron respuesta, se toparon de frente con el siguiente ponente que aguardaba su turno en el recinto, para presentar su larga lista de reparos al nuevo modelo de justicia transicional. El fiscal Néstor Humberto Martínez se paró frente al micrófono y centró sus objeciones en cinco puntos trascendentales: la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Justicia y Paz, delitos continuados y las competencia de su entidad una vez el Tribunal de Paz empiece a funcionar.
Al igual que horas después lo resaltó Gloria María Borrero, representante de la Corporación Excelencia a la Justicia, el jefe del ente investigador hizo un contundente llamado para que la JEP entre a funcionar de manera armónica con los demás entes de la Rama Judicial, especialmente la Fiscalía, con el fin de que no se entorpezcan ciertos procesos que ya vienen caminando en la justicia ordinaria. Para el fiscal Martínez, "esta nueva unidad no puede sustituir ni impedir las investigaciones que el Estado tiene la obligación de adelantar".
La Jurisdicción Especial de Paz aún no pasa el examen de la Corte Constitucional. En audiencia pública, este miércoles y jueves se analizó desde diferentes sectores la reforma. Como se sabe, este acto legislativo, espina dorsal de la negociación con la guerrilla, se encargará de investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Farc, agentes de Estado y terceros civiles en el marco del conflicto. Por eso, la cita en el Palacio de Justicia generó tanta tensión.
Horas después de que el comité de escogencia anunció los tiempos y las bases para la selección de los 51 juristas que la conformarán, el alto tribunal sentó a los principales promotores y adversarios de la Jurisdicción Especial de Paz para compartir sus posiciones en una audiencia pública. El primero que tomó la palabra, fue el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Aunque durante su intervención aseguró que la JEP cumple con todos los estándares fijados por "la jurisprudencia constitucional para la participación de las víctimas", envió un contundente mensaje a los críticos del acuerdo.
“Se equivocan quienes sostienen que esta reforma se reduce a otorgar beneficios judiciales a guerrilleros. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta dirigida a imponer sanciones de diferentes tipos a todos los actores del conflicto armado”, dijo.
Aunque sus palabras no encontraron respuesta, se toparon de frente con el siguiente ponente que aguardaba su turno en el recinto, para presentar su larga lista de reparos al nuevo modelo de justicia transicional. El fiscal Néstor Humberto Martínez se paró frente al micrófono y centró sus objeciones en cinco puntos trascendentales: la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Justicia y Paz, delitos continuados y las competencia de su entidad una vez el Tribunal de Paz empiece a funcionar.
Al igual que horas después lo resaltó Gloria María Borrero, representante de la Corporación Excelencia a la Justicia, el jefe del ente investigador hizo un contundente llamado para que la JEP entre a funcionar de manera armónica con los demás entes de la Rama Judicial, especialmente la Fiscalía, con el fin de que no se entorpezcan ciertos procesos que ya vienen caminando en la justicia ordinaria. Para el fiscal Martínez, "esta nueva unidad no puede sustituir ni impedir las investigaciones que el Estado tiene la obligación de adelantar".
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