UN CONTRATO MUESTRA LOS VIEJOS VÍNCULOS LABORALES DEL EX MAGISTRADO RICAURTE CON LA CÁMARA
Cuando Francisco Javier Ricaurte salió de la Corte Suprema de Justicia en 2012 su nombramiento en el Consejo Superior de la Judicatura se daba como un hecho, solo debía esperar unos meses. Él aprovechó el tiempo.
Mientras los magistrados que ayudó a elegir en la Corte confirmaban su elección en la Judicatura, Ricaurte tuvo un contrato con la Cámara de Representantes, la misma entidad que ahora debe definir su futuro judicial.
La dirección administrativa de la Cámara lo convirtió en asesor jurídico y por esos servicios le canceló más de 26 millones de pesos en tres pagos, que se extendieron desde octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de ese año. En esa última fecha, ya se desempeñaba como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
Según fuentes cercanas al Cámara de Representantes, el contrato se cumplió, aunque desconocen si lo cedió por cuenta de una inhabilidad cuando asumió su segunda magistratura, que según algunos expertos consultados por Caracol Radio, se habría configurado porque habría sido un funcionario público que mantuvo un contrato con otra entidad del Estado.
De hecho, la Cámara le advirtió, en la cláusula décima del mismo contrato, que no podía cederlo sin en el consentimiento de quienes firman ese acuerdo, además el ex magistrado dijo, bajo la gravedad de juramento, que no tenía inhabilidad para cumplir el contrato.
Ricaurte finalmente firmó el contrato el 10 de octubre de 2012 y un mes después estaba en el Consejo Superior de la Judicatura de donde salió dos años más tarde tras una demanda de nulidad en su cargo.
Ese convenio muestra los viejos lazos que unen al investigado expresidente de la Corte Suprema de Justicia con una clase política que ahora tiene su futuro entre manos.
Mientras los magistrados que ayudó a elegir en la Corte confirmaban su elección en la Judicatura, Ricaurte tuvo un contrato con la Cámara de Representantes, la misma entidad que ahora debe definir su futuro judicial.
La dirección administrativa de la Cámara lo convirtió en asesor jurídico y por esos servicios le canceló más de 26 millones de pesos en tres pagos, que se extendieron desde octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de ese año. En esa última fecha, ya se desempeñaba como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
Según fuentes cercanas al Cámara de Representantes, el contrato se cumplió, aunque desconocen si lo cedió por cuenta de una inhabilidad cuando asumió su segunda magistratura, que según algunos expertos consultados por Caracol Radio, se habría configurado porque habría sido un funcionario público que mantuvo un contrato con otra entidad del Estado.
De hecho, la Cámara le advirtió, en la cláusula décima del mismo contrato, que no podía cederlo sin en el consentimiento de quienes firman ese acuerdo, además el ex magistrado dijo, bajo la gravedad de juramento, que no tenía inhabilidad para cumplir el contrato.
Ricaurte finalmente firmó el contrato el 10 de octubre de 2012 y un mes después estaba en el Consejo Superior de la Judicatura de donde salió dos años más tarde tras una demanda de nulidad en su cargo.
Ese convenio muestra los viejos lazos que unen al investigado expresidente de la Corte Suprema de Justicia con una clase política que ahora tiene su futuro entre manos.
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