DEMANDAN A ESTADOS UNIDOS POR REGISTRAR COMPUTADORES PORTÁTILES Y CELULARES
Una demanda federal presentada el miércoles en Estados Unidos sostiene que la práctica creciente del gobierno de registrar laptops y teléfonos en la frontera es anticonstitucional porque los dispositivos electrónicos contienen información privada y de negocios. El gobierno dice que los cacheos son cruciales para la defensa del país.
La cuarta enmienda constitucional prohíbe los cateos y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en causa probable. Sin embargo, las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos. Han resuelto que el gobierno puede realizar cateos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior.
En el mundo digital actual, estas búsquedas no se deben realizar sin orden judicial, sostienen la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU). La demanda nombra a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y dos de sus dependencias, la de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Aduanas (ICE).
“La gente ahora almacena su vida entera, incluso asuntos personales y de negocios de extrema sensibilidad, en sus teléfonos, tablets y laptops, y es razonable que los lleven consigo cuando viajan”, dijo la abogada de la fundación Sophia Cope. “Ya es hora de que las cortes obliguen al gobierno a dejar de tratar la frontera como un lugar donde puede evadir la Constitución”.
La fundación y ACLU presentaron su demanda en la corte distrital en Massachusetts en nombre de 10 ciudadanos. Entre los demandantes hay un artista, dos periodistas, un conductor de limusina, dos estudiantes, un cineasta, un profesor universitario, un empresario, un programador de computadora y un ingeniero de la NASA.
A todos ellos los agentes de frontera les registraron sus dispositivos electrónicos cuando regresaron de viajes al exterior, según la demanda. Ninguno había sido acusado jamás de delito alguno. Los agentes confiscaron los aparatos y los conservaron durante semanas o meses. Uno de los objetos, confiscado en enero, no ha sido devuelto.
Seguridad Nacional no hizo declaraciones sobre la demanda. Pero el gobierno ha dicho que los registros son sumamente inusuales. Entre octubre del año pasado y fines de marzo afectaron a menos de una centésima del 1% de los 189,6 millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos.
La cuarta enmienda constitucional prohíbe los cateos y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en causa probable. Sin embargo, las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos. Han resuelto que el gobierno puede realizar cateos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior.
En el mundo digital actual, estas búsquedas no se deben realizar sin orden judicial, sostienen la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU). La demanda nombra a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y dos de sus dependencias, la de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Aduanas (ICE).
“La gente ahora almacena su vida entera, incluso asuntos personales y de negocios de extrema sensibilidad, en sus teléfonos, tablets y laptops, y es razonable que los lleven consigo cuando viajan”, dijo la abogada de la fundación Sophia Cope. “Ya es hora de que las cortes obliguen al gobierno a dejar de tratar la frontera como un lugar donde puede evadir la Constitución”.
La fundación y ACLU presentaron su demanda en la corte distrital en Massachusetts en nombre de 10 ciudadanos. Entre los demandantes hay un artista, dos periodistas, un conductor de limusina, dos estudiantes, un cineasta, un profesor universitario, un empresario, un programador de computadora y un ingeniero de la NASA.
A todos ellos los agentes de frontera les registraron sus dispositivos electrónicos cuando regresaron de viajes al exterior, según la demanda. Ninguno había sido acusado jamás de delito alguno. Los agentes confiscaron los aparatos y los conservaron durante semanas o meses. Uno de los objetos, confiscado en enero, no ha sido devuelto.
Seguridad Nacional no hizo declaraciones sobre la demanda. Pero el gobierno ha dicho que los registros son sumamente inusuales. Entre octubre del año pasado y fines de marzo afectaron a menos de una centésima del 1% de los 189,6 millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos.
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