Nos permitimos dar a conocer la columna del periodista Daniel Coronell de la revista semana que titula El testaferro de Bustos
EL TESTAFERRO DE BUSTOS
El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado, quien desembolsó el 20 por ciento de la cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del BMW 525.
Luis Raúl Acero Pinto, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, admitió haberle servido de testaferro al magistrado Leonidas Bustos. En una entrevista con Blu Radio, el fiscal Acero confesó que puso a su nombre un lujoso automóvil BMW que en realidad era de Bustos, y cuya propiedad transfirió después al hoy detenido jefe de la división anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. El tema no termina ahí, el fiscal testaferro tiene asuntos adicionales para explicar.
Empecemos por el carro. A instancias de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA fue grabada en Miami una conversación entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido con el alias del Porcino, compañero de andanzas del fiscal Luis Gustavo Moreno.
En la transcripción de la conversación, revelada por Caracol Radio, Porcino le cuenta a su interlocutor que entre los bienes que Moreno recibió de Bustos está un BMW 525 que, según narra, estaba a nombre del fiscal Luis Raúl Acero Pinto, actual delegado ante el Tribunal de Bogotá que ha sido también fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Al ser confrontado, Acero aceptó rápidamente que, junto con Bustos, compró el carro en la BMW de la 127: “A finales de 2010, el doctor Bustos quería comprar un vehículo y quería comprarlo a crédito. Entonces, me pidió el favor porque como yo tenía buena capacidad de endeudamiento, que yo comprara el carro a mi nombre”.
El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado Bustos, quien desembolsó el 20 por ciento de cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del carro. El firmón no volvió a saber del carro hasta 2013 cuando Bustos le ordenó hacer el traspaso a nombre de Luis Gustavo Moreno.
Acero asegura que “Yo no le veo nada de particular ni de irregular a una típica transacción comercial. Se pagó el carro, me dieron paz y salvo”.
¿Por qué el carro no estaba a nombre de su verdadero dueño?, ¿cuál interés tenía Bustos en ocultar esa propiedad?, ¿por qué fue traspasado al fiscal Moreno? A esas preguntas hay que agregarles otras sobre el fiscal Acero que tiene su propio historial.
El fiscal Acero ha estado a cargo de un proceso por la apropiación de unos millonarios predios en Sapzurro por parte del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta, cuyos abusos fueron denunciados en esta columna.
A pesar de las evidencias que existen en el proceso, el fiscal Acero ha favorecido con sus decisiones al magistrado José María Armenta, a su esposa y a su hermano. Por acción de tutela, la Corte Suprema le ordenó a Acero cumplir con su deber.
Mientras esto pasaba en el proceso contra Armenta, la Fiscalía General pidió declarar insubsistente al fiscal Acero. Este se opuso a su insubsistencia instaurando una acción de tutela que –por maravillosa coincidencia– le correspondió en reparto a la magistrada Patricia Manjarrés, compañera de José María Armenta en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Como era previsible, la magistrada ordenó restituir en su puesto al fiscal Acero. La Fiscalía impugnó la decisión ante el Consejo de Estado, que determinó que la tutela no era procedente.
Acero presentó entonces demanda ante el juez 17 administrativo de Bogotá que lo favoreció con una medida cautelar dejándolo en el puesto. La medida fue apelada y llegó para decisión a una sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la que hace parte –¿adivinen quién?– el señor magistrado José María Armenta.
Ni Armenta ni sus compañeros de sala piensan que están impedidos. Fue necesario que la Fiscalía los recusara para que se apartaran del caso.
Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el fiscal Luis Raúl Acero ordenó archivar la investigación contra el magistrado José María Armenta.
Ahora las víctimas de los abusos de Armenta están pidiendo –sin mucha esperanza– que el caso se desarchive.
El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado, quien desembolsó el 20 por ciento de la cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del BMW 525.
Luis Raúl Acero Pinto, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, admitió haberle servido de testaferro al magistrado Leonidas Bustos. En una entrevista con Blu Radio, el fiscal Acero confesó que puso a su nombre un lujoso automóvil BMW que en realidad era de Bustos, y cuya propiedad transfirió después al hoy detenido jefe de la división anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. El tema no termina ahí, el fiscal testaferro tiene asuntos adicionales para explicar.
Empecemos por el carro. A instancias de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA fue grabada en Miami una conversación entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido con el alias del Porcino, compañero de andanzas del fiscal Luis Gustavo Moreno.
En la transcripción de la conversación, revelada por Caracol Radio, Porcino le cuenta a su interlocutor que entre los bienes que Moreno recibió de Bustos está un BMW 525 que, según narra, estaba a nombre del fiscal Luis Raúl Acero Pinto, actual delegado ante el Tribunal de Bogotá que ha sido también fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Al ser confrontado, Acero aceptó rápidamente que, junto con Bustos, compró el carro en la BMW de la 127: “A finales de 2010, el doctor Bustos quería comprar un vehículo y quería comprarlo a crédito. Entonces, me pidió el favor porque como yo tenía buena capacidad de endeudamiento, que yo comprara el carro a mi nombre”.
El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado Bustos, quien desembolsó el 20 por ciento de cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del carro. El firmón no volvió a saber del carro hasta 2013 cuando Bustos le ordenó hacer el traspaso a nombre de Luis Gustavo Moreno.
Acero asegura que “Yo no le veo nada de particular ni de irregular a una típica transacción comercial. Se pagó el carro, me dieron paz y salvo”.
¿Por qué el carro no estaba a nombre de su verdadero dueño?, ¿cuál interés tenía Bustos en ocultar esa propiedad?, ¿por qué fue traspasado al fiscal Moreno? A esas preguntas hay que agregarles otras sobre el fiscal Acero que tiene su propio historial.
El fiscal Acero ha estado a cargo de un proceso por la apropiación de unos millonarios predios en Sapzurro por parte del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta, cuyos abusos fueron denunciados en esta columna.
A pesar de las evidencias que existen en el proceso, el fiscal Acero ha favorecido con sus decisiones al magistrado José María Armenta, a su esposa y a su hermano. Por acción de tutela, la Corte Suprema le ordenó a Acero cumplir con su deber.
Mientras esto pasaba en el proceso contra Armenta, la Fiscalía General pidió declarar insubsistente al fiscal Acero. Este se opuso a su insubsistencia instaurando una acción de tutela que –por maravillosa coincidencia– le correspondió en reparto a la magistrada Patricia Manjarrés, compañera de José María Armenta en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Como era previsible, la magistrada ordenó restituir en su puesto al fiscal Acero. La Fiscalía impugnó la decisión ante el Consejo de Estado, que determinó que la tutela no era procedente.
Acero presentó entonces demanda ante el juez 17 administrativo de Bogotá que lo favoreció con una medida cautelar dejándolo en el puesto. La medida fue apelada y llegó para decisión a una sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la que hace parte –¿adivinen quién?– el señor magistrado José María Armenta.
Ni Armenta ni sus compañeros de sala piensan que están impedidos. Fue necesario que la Fiscalía los recusara para que se apartaran del caso.
Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el fiscal Luis Raúl Acero ordenó archivar la investigación contra el magistrado José María Armenta.
Ahora las víctimas de los abusos de Armenta están pidiendo –sin mucha esperanza– que el caso se desarchive.
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