El Consejo de Estado admitió el estudio de una demanda que busca apartar de su cargo a la exreina, quien fue la primera mujer afrocolombiana en representar a Colombia en un certamen Miss Universo.
La polémica alrededor del escaño para un representante a la Cámara por la circunscripción especial de negritudes está a punto de tener un nuevo capítulo. El pasado 24 de agosto se posesionó en ese cargo la exreina de Colombia Vanessa Mendoza. Ahora la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda para que ella deje la curul de las negritudes.
La acción judicial fue admitida por el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, pero negó suspender en el cargo a la exreina Mendoza hasta que no se tenga un fallo definitivo. El demandante argumenta que se violó la Constitución con el nombramiento. “En ninguna parte se establece que los Consejos Comunitarios de las comunidades negras sean los únicos autorizados para inscribir candidatos por las dos curules correspondientes a las comunidades afrodescendientes y palenqueras. En esta elección no se tuvo en cuenta a otros grupos políticos”, dice el auto.
La histórica pelea por esta curul que representa a las negritudes inició en las las elecciones al Congreso de 2014, cuando fueron elegidos María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco, quienes se inscribieron en la lista de la Fundación Ébano de Colombia (Funeco) pero ninguno de los dos representaban a organizaciones de las negritudes y vinieron las demandas.
María del Socorro Bustamante murió y Moisés Orozco se alcanzó a posesionar, pero un fallo del Consejo de Estado lo sacó de este cargo. La sentencia estableció que, de acuerdo con un decreto del Ministerio de Interior, los candidatos a esta curul especial no podían inscribirse por una fundación sino por una figura llamada consejo comunitario, que es reconocida por el Ministerio.
Mendoza fue una de las pocas candidatas que se inscribió amparada en la figura de consejo comunitario (Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y el Castillo) y por eso logró asumir el cargo hace tres meses. Ahora la Sala Plena del Consejo de Estado determinará si culmina el período que va hasta el próximo año
La polémica alrededor del escaño para un representante a la Cámara por la circunscripción especial de negritudes está a punto de tener un nuevo capítulo. El pasado 24 de agosto se posesionó en ese cargo la exreina de Colombia Vanessa Mendoza. Ahora la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda para que ella deje la curul de las negritudes.
La acción judicial fue admitida por el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, pero negó suspender en el cargo a la exreina Mendoza hasta que no se tenga un fallo definitivo. El demandante argumenta que se violó la Constitución con el nombramiento. “En ninguna parte se establece que los Consejos Comunitarios de las comunidades negras sean los únicos autorizados para inscribir candidatos por las dos curules correspondientes a las comunidades afrodescendientes y palenqueras. En esta elección no se tuvo en cuenta a otros grupos políticos”, dice el auto.
La histórica pelea por esta curul que representa a las negritudes inició en las las elecciones al Congreso de 2014, cuando fueron elegidos María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco, quienes se inscribieron en la lista de la Fundación Ébano de Colombia (Funeco) pero ninguno de los dos representaban a organizaciones de las negritudes y vinieron las demandas.
María del Socorro Bustamante murió y Moisés Orozco se alcanzó a posesionar, pero un fallo del Consejo de Estado lo sacó de este cargo. La sentencia estableció que, de acuerdo con un decreto del Ministerio de Interior, los candidatos a esta curul especial no podían inscribirse por una fundación sino por una figura llamada consejo comunitario, que es reconocida por el Ministerio.
Mendoza fue una de las pocas candidatas que se inscribió amparada en la figura de consejo comunitario (Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y el Castillo) y por eso logró asumir el cargo hace tres meses. Ahora la Sala Plena del Consejo de Estado determinará si culmina el período que va hasta el próximo año
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