INDAGAN A EX-CTI POR TRÁFICO DE PROCESOS EN LA CORTE SUPREMA

Al despacho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, llegó la semana pasada una información según la cual, en el 2011, hubo un extraño remezón en el equipo de investigadores del CTI adscritos a la Corte Suprema, que integraban la unidad especial de ‘parapolítica’.

En efecto, dos de los mejores investigadores, incluida la encargada del caso del exsenador Mario Uribe, fueron trasladados a la división de automotores en el complejo judicial de Paloquemao, luego de que los señalaran de estar gestionando un soborno para obtener información sobre un expediente que ya completa 9 años sin que la Corte lo resuelva.
Según se supo, abogados de un senador costeño, investigado por su presunta participación en la ‘cumbre del Caramelo’ con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, ofrecían una cuota inicial de 150 millones de pesos para que les dieran acceso al expediente.

“El propósito era que los tuvieran al tanto de la lista de testigos, desplazamientos de los investigadores y decisiones que tomara el alto tribunal en contra de ese político”, le explicó un investigador.

La información es clave porque para la Fiscalía es claro que una de las líneas de investigación del ‘cartel de la toga’ pasa por la unidad del CTI apostada en la Corte. Esta terminó llena de recomendados de magistrados, como Leonidas Bustos, que buscaban tener el control total de las investigaciones.

Y el caso del senador costeño parece ser hasta ahora el más sólido debido a las personas que fueron testigos del episodio. 

Todo se destapó cuando la investigadora Inés Castañeda, experta analista en cruce de llamadas telefónicas, buscó al jefe de esa unidad especial del CTI, Rafael Castiblanco, punta de lanza en la Corte de las investigaciones de ‘parapolítica’.

Según dijo Castañeda, a través de una de sus compañeras de la Corte y de un ingeniero investigador, le había llegado el mensaje de que había 100 millones de pesos para ella si ponía a disposición el expediente, cuya investigación lideraba. El resto de la plata, 50 millones de pesos, era para los intermediarios dentro del alto tribunal.

Rafael Castiblanco calificó el caso como grave, al punto que decidió ponerlo en conocimiento de la jefe del CTI de ese entonces, Carmen Maritza González, actual procuradora delegada para la vigilancia judicial. 

La versión de Inés Castañeda incluso escaló hasta la fiscal delegada ante tribunales, Amparo Cerón, quien se encargaba de investigar a los funcionarios judiciales y ahora es la ‘fiscal de hierro’ del caso Odebrecht.

González y Cerón insistieron en que se instaurara la denuncia formal para llegar a los abogados y luego al senador, hoy en ejercicio y cuyo nombre se reserva. 

Pero la investigadora Castañeda se negó argumentando que una de las funcionarias del CTI enteradas del ofrecimiento del dinero era una de sus mejores amigas: Mónica Novoa.

Entonces, la decisión del CTI fue sacar del alto tribunal a dos de los supuestos implicados: Novoa y un analista. 

Sin embargo, averiguaciones internas posteriores establecieron que no se contó toda la verdad de ese episodio. Y luego, aparecieron testigos que vieron a los abogados del senador reunidos con otra investigadora del CTI, que no era Novoa.

“Mónica Novoa creyó que la habían trasladado porque llevaba casos sensibles y tan solo se enteró dos años después de que la habían involucrado sin pruebas y sin que ella siquiera llevara el caso del político costeño. Por eso, tras recuperar la confianza del ente acusador, ahora ocupa un cargo clave en investigaciones por corrupción”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Este diario llamó a Inés Castañeda, quien dijo que quería ser oída en persona. Y alegó que en ese momento, 2011, no se contaba con elementos probatorios. Pero al cierre de esta edición no se había comunicado.