INVESTIGACIONES A JUECES: CRECE DEBATE
Una dura polémica se generó entre los jueces del país ante las directrices que emitió la Fiscalía General de investigar penalmente a los jueces que no impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los reincidentes con anotaciones en los últimos 3 años.
El delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González León, afirmó que la Fiscalía dio la orden de que “hicieran un levantamiento de todos los jueces de control de garantías que no han querido aplicar el artículo 7 de la Ley 1826”.
En un audio que fue conocido y que circuló por redes, Luis González León, al parecer, les envía un mensaje a sus, funcionarios. “En el comité del martes, el señor Fiscal general ordenó que hiciéramos un levantamiento de todos los jueces de control de garantías que no han querido aplicar el artículo 7 de la Ley 1826”.
Por su parte, la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la magistrada Martha Lucía Olano, dijo que “cuando cualquiera de los poderes sustituye la función constitucional de otro, destruye la estructura axial del Estado de derecho y la base fundamental de su existencia”.
Añadió que “la manifestación del director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, Luis González León, de que el artículo 7° de la Ley 1826 de 2017 consagra una peligrosidad objetiva y, por lo tanto, la Fiscalía perseguirá penalmente al juez de control de garantías que no aplique la norma, vulnera la independencia del juez en la noble misión de administrar justicia”.
Añadió que “el artículo 230 de la Constitución dispone que los ‘jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley’. O sea, la Carta consagra la autonomía e independencia del juez en la toma de decisiones. Por la primera se entiende que debe estar exento de presiones exteriores, rodeado de garantías que permitan la aplicación neutral de la ley y la ausencia de injerencias, consejos o exigencias de tipo horizontal, provenientes de otros funcionarios o ramas u órganos del Poder Público”.
Finaliza diciendo la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura que “a pesar de la claridad de la norma constitucional, resulta extraño que la Fiscalía trasgreda el precepto para imponer su criterio a los jueces al compelerlos con la amenaza de ser investigados”.
El delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González León, afirmó que la Fiscalía dio la orden de que “hicieran un levantamiento de todos los jueces de control de garantías que no han querido aplicar el artículo 7 de la Ley 1826”.
En un audio que fue conocido y que circuló por redes, Luis González León, al parecer, les envía un mensaje a sus, funcionarios. “En el comité del martes, el señor Fiscal general ordenó que hiciéramos un levantamiento de todos los jueces de control de garantías que no han querido aplicar el artículo 7 de la Ley 1826”.
Por su parte, la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la magistrada Martha Lucía Olano, dijo que “cuando cualquiera de los poderes sustituye la función constitucional de otro, destruye la estructura axial del Estado de derecho y la base fundamental de su existencia”.
Añadió que “la manifestación del director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, Luis González León, de que el artículo 7° de la Ley 1826 de 2017 consagra una peligrosidad objetiva y, por lo tanto, la Fiscalía perseguirá penalmente al juez de control de garantías que no aplique la norma, vulnera la independencia del juez en la noble misión de administrar justicia”.
Añadió que “el artículo 230 de la Constitución dispone que los ‘jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley’. O sea, la Carta consagra la autonomía e independencia del juez en la toma de decisiones. Por la primera se entiende que debe estar exento de presiones exteriores, rodeado de garantías que permitan la aplicación neutral de la ley y la ausencia de injerencias, consejos o exigencias de tipo horizontal, provenientes de otros funcionarios o ramas u órganos del Poder Público”.
Finaliza diciendo la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura que “a pesar de la claridad de la norma constitucional, resulta extraño que la Fiscalía trasgreda el precepto para imponer su criterio a los jueces al compelerlos con la amenaza de ser investigados”.
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