LA CARTA DE TIMOCHENKO A LA FISCAL DE LA CPI
En su misiva, el antiguo jefe de las Farc asegura que el estado de la implementación del acuerdo final es "desconsolador" y que el fallo de la corte colombiana "abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas".
El fallo de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz logró destrabar el trámite de la JEP en el Congreso, pero dejó a muchos descontentos. El malestar fue consignado por Rodrigo Londoño, el antiguo líder de las Farc, en una dura misiva que le envió a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. En su documento, Timochenko asegura que se ha dado, por parte de ellos, el "cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, sintiéndonos así en el completo derecho a exigir del Estado colombiano un comportamiento semejante".
Londoño aclara que su carta no tiene el propósito de relatar el "desconsolador" estado en el que se encuentra la implementación de los acuerdos de paz, sino que quiere referirse exclusivamente a lo que ha sucedido con la JEP, y más precisamente al fallo de la Corte Constitucional. La semana pasada ese alto tribunal declaró exequible la reforma constitucional que introdujo ese sistema a Colombia, sin embargo condicionó su aplicación en puntos muy sensibles.
El que más le molestó a las Farc tiene que ver con la exclusión de los civiles de la jurisdicción especial para la paz. Antes del fallo, los teceros tenían que comparecer ante ese nuevo organismo, lo cual había generado amplias criticas en los gremios y la comunidad empresarial, pero especialmente en algunas fuerzas políticas. En ese punto, por ejemplo, Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe sostenían que ante el tribunal que se había creado para el fin de la guerra con las Farc no podían someterse 48 milones de colombianos.
La corte finalmente consideró que los terceros puede acudir, pero de manera voluntaria a la JEP. Con esa decisión se zanjó una de las principales razones que habían hecho que la ley estatutaria de esa jurisdicción estuviera atorada en el Congreso. Timochenko señala que "el fallo de la Corte Constitucional colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas".
El líder de las desmovilizadas Farc asegura que ellos tienen "la voluntad de comparecer ante esta jurisdicción, ofrecer verdad y suministrarla completamente, asumir la responsabilidad en lo que nos corresponda y cumplir con las sanciones a que haya lugar por obra de nuestros hechos". Por esta razón, considera que no está bien que la corte haya decidido excluir a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes de acudir a esos tribunales. Para él "la justicia ordinaria en más de 50 años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo".
En resumen, Timochenko le pide dos cosas a la fiscal de la CPI. 1) Que reciba a un grupo de ellos para una conversacion sobre estos temas y 2) que "sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República, destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad".
La semana pasada, el líder de las Farc también había enviado cartas a la ONU y a Juan Manuel Santos. Al primer mandatario le había pedido una cita "urgente". En su misiva escribió que "no vamos a pedirle que ofrende su vida en garantía del cumplimiento de lo pactado en La Habana y firmado finalmente en Bogotá, no se trata de eso, señor presidente. Pero sí queremos pedirle que dedique su atención a atender nuestras alarmas por lo presentado con el fallo de la Corte Constitucional y lo aprobado en la noche del 15 por el Senado de la República". (Lea la carta a Juan Manuel Santos)
Este es el texto completo de la carta.
Señora Fiscal:
FATOU BENSOUDA
FISCAL CORTE PENAL INTERNACIONAL
Roma, Italia.
Respetada Señora Fiscal:
Reciba usted desde Colombia, el entusiasta saludo del nuevo partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, nacido del desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre del año anterior entre el gobierno de nuestro país y la guerrilla de las FARC-EP.
Dicho Acuerdo puso fin al más largo conflicto armado de nuestro continente, mediante una serie de fórmulas que fueron pactadas, como usted conoce, tras cinco años continuos de deliberaciones en la ciudad de La Habana, Cuba. A partir de su firma se puso en movimiento el engranaje de su implementación constitucional, legal y práctica.
Por nuestra parte, tal y como recién acaba de certificarlo el Señor Secretario Adjunto para los Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, se ha producido un cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, sintiéndonos así en el completo derecho a exigir del Estado colombiano un comportamiento semejante.
Muchísimas cosas podríamos exponer frente al desconsolador estado de la implementación del Acuerdo Final, pero no es ese el propósito de la presente misiva. Nuestra alarma real, la que nos mueve a dirigirnos a usted, estriba en la reciente sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional de nuestro país, que declaró exequible el Acto Legislativo 01 del presente año.
Tal Acto Legislativo incorporó a la Constitución Nacional el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de cuyos más importantes capítulos lo constituye el dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo objetivo central no es otro que satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto.
La Corte Constitucional de nuestro país, en la sentencia referida, se pronunció acerca de la exequibilidad de dicho Acto Legislativo. Es de anotar que el fallo de la Corte fue informado a la opinión pública mediante un comunicado oficial, que resume el texto de la sentencia, pero que esta misma aún no se ha dado a conocer y habrá que esperar algún tiempo para ello.
En el mencionado comunicado la Corte Constitucional colombiana, pese a declarar ajustado a la Constitución el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes.
Es a ese respecto que solicitamos de la manera más respetuosa a usted, la realización de una entrevista con delegados de nuestra organización política y sus asesores jurídicos. En nuestro parecer, conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia, el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas.
La jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no sólo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto.
En el acuerdo final quedó consignada por parte nuestra, la voluntad de comparecer ante esta jurisdicción, ofrecer verdad y suministrarla completamente, asumir la responsabilidad en lo que nos corresponda y cumplir con las sanciones a que haya lugar por obra de nuestros hechos. Así reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto.
La sentencia de la corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria, justicia que en más de 50 años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo.
Por tal motivo, nuestro partido ha decidido radicar el acuerdo final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el Presidente Juan Manuel Santos y Timoléon Jiménez, comandante de las FARC-EP, en la Secretaría Técnica de la Corte Penal Internacional, a objeto de que sea ampliamente conocido y valorado.
De ese modo aspiramos a conseguir que la Corte Penal Internacional sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República, destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De la Señora Fiscal, respetuosamente,
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY
Presidente de la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN
El fallo de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz logró destrabar el trámite de la JEP en el Congreso, pero dejó a muchos descontentos. El malestar fue consignado por Rodrigo Londoño, el antiguo líder de las Farc, en una dura misiva que le envió a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. En su documento, Timochenko asegura que se ha dado, por parte de ellos, el "cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, sintiéndonos así en el completo derecho a exigir del Estado colombiano un comportamiento semejante".
Londoño aclara que su carta no tiene el propósito de relatar el "desconsolador" estado en el que se encuentra la implementación de los acuerdos de paz, sino que quiere referirse exclusivamente a lo que ha sucedido con la JEP, y más precisamente al fallo de la Corte Constitucional. La semana pasada ese alto tribunal declaró exequible la reforma constitucional que introdujo ese sistema a Colombia, sin embargo condicionó su aplicación en puntos muy sensibles.
El que más le molestó a las Farc tiene que ver con la exclusión de los civiles de la jurisdicción especial para la paz. Antes del fallo, los teceros tenían que comparecer ante ese nuevo organismo, lo cual había generado amplias criticas en los gremios y la comunidad empresarial, pero especialmente en algunas fuerzas políticas. En ese punto, por ejemplo, Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe sostenían que ante el tribunal que se había creado para el fin de la guerra con las Farc no podían someterse 48 milones de colombianos.
La corte finalmente consideró que los terceros puede acudir, pero de manera voluntaria a la JEP. Con esa decisión se zanjó una de las principales razones que habían hecho que la ley estatutaria de esa jurisdicción estuviera atorada en el Congreso. Timochenko señala que "el fallo de la Corte Constitucional colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas".
El líder de las desmovilizadas Farc asegura que ellos tienen "la voluntad de comparecer ante esta jurisdicción, ofrecer verdad y suministrarla completamente, asumir la responsabilidad en lo que nos corresponda y cumplir con las sanciones a que haya lugar por obra de nuestros hechos". Por esta razón, considera que no está bien que la corte haya decidido excluir a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes de acudir a esos tribunales. Para él "la justicia ordinaria en más de 50 años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo".
En resumen, Timochenko le pide dos cosas a la fiscal de la CPI. 1) Que reciba a un grupo de ellos para una conversacion sobre estos temas y 2) que "sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República, destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad".
La semana pasada, el líder de las Farc también había enviado cartas a la ONU y a Juan Manuel Santos. Al primer mandatario le había pedido una cita "urgente". En su misiva escribió que "no vamos a pedirle que ofrende su vida en garantía del cumplimiento de lo pactado en La Habana y firmado finalmente en Bogotá, no se trata de eso, señor presidente. Pero sí queremos pedirle que dedique su atención a atender nuestras alarmas por lo presentado con el fallo de la Corte Constitucional y lo aprobado en la noche del 15 por el Senado de la República". (Lea la carta a Juan Manuel Santos)
Este es el texto completo de la carta.
Señora Fiscal:
FATOU BENSOUDA
FISCAL CORTE PENAL INTERNACIONAL
Roma, Italia.
Respetada Señora Fiscal:
Reciba usted desde Colombia, el entusiasta saludo del nuevo partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, nacido del desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre del año anterior entre el gobierno de nuestro país y la guerrilla de las FARC-EP.
Dicho Acuerdo puso fin al más largo conflicto armado de nuestro continente, mediante una serie de fórmulas que fueron pactadas, como usted conoce, tras cinco años continuos de deliberaciones en la ciudad de La Habana, Cuba. A partir de su firma se puso en movimiento el engranaje de su implementación constitucional, legal y práctica.
Por nuestra parte, tal y como recién acaba de certificarlo el Señor Secretario Adjunto para los Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, se ha producido un cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, sintiéndonos así en el completo derecho a exigir del Estado colombiano un comportamiento semejante.
Muchísimas cosas podríamos exponer frente al desconsolador estado de la implementación del Acuerdo Final, pero no es ese el propósito de la presente misiva. Nuestra alarma real, la que nos mueve a dirigirnos a usted, estriba en la reciente sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional de nuestro país, que declaró exequible el Acto Legislativo 01 del presente año.
Tal Acto Legislativo incorporó a la Constitución Nacional el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de cuyos más importantes capítulos lo constituye el dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo objetivo central no es otro que satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto.
La Corte Constitucional de nuestro país, en la sentencia referida, se pronunció acerca de la exequibilidad de dicho Acto Legislativo. Es de anotar que el fallo de la Corte fue informado a la opinión pública mediante un comunicado oficial, que resume el texto de la sentencia, pero que esta misma aún no se ha dado a conocer y habrá que esperar algún tiempo para ello.
En el mencionado comunicado la Corte Constitucional colombiana, pese a declarar ajustado a la Constitución el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes.
Es a ese respecto que solicitamos de la manera más respetuosa a usted, la realización de una entrevista con delegados de nuestra organización política y sus asesores jurídicos. En nuestro parecer, conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia, el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas.
La jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no sólo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto.
En el acuerdo final quedó consignada por parte nuestra, la voluntad de comparecer ante esta jurisdicción, ofrecer verdad y suministrarla completamente, asumir la responsabilidad en lo que nos corresponda y cumplir con las sanciones a que haya lugar por obra de nuestros hechos. Así reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto.
La sentencia de la corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria, justicia que en más de 50 años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo.
Por tal motivo, nuestro partido ha decidido radicar el acuerdo final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el Presidente Juan Manuel Santos y Timoléon Jiménez, comandante de las FARC-EP, en la Secretaría Técnica de la Corte Penal Internacional, a objeto de que sea ampliamente conocido y valorado.
De ese modo aspiramos a conseguir que la Corte Penal Internacional sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República, destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De la Señora Fiscal, respetuosamente,
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY
Presidente de la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN
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