PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA: UNA APUESTA POR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA EN ZONAS VULNERABLES
Realizar consultas sobre problemas cotidianos, adelantar trámites y recibir orientación y asesoría jurídica cerca de la casa es algo que hoy se puede hacer en 128 municipios de 28 departamentos de Colombia gracias a las 90 Casas de Justicia y 38 Centros de Convivencia Ciudadana con que cuenta el país.
En 2017 estos centros atendieron a medio millón de personas, siendo los trámites o servicios más requeridos los relacionados con asuntos familiares, documentos de identidad y denuncias.
El Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, establece los lineamientos que contribuyen a garantizar el acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia, sobre todo en aquellos lugares que presentan altos índices de vulnerabilidad, marginalidad económica y social, criminalidad y conflictividad comunitaria o ausente presencia física o institucional estatal en la materia.
Las Casas de Justicia son centros interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Por su parte, los Centros de Convivencia Ciudadana son espacios de encuentro en los que la comunidad tiene acceso a instituciones del orden local con programas e iniciativas que promueven y fomentan los valores ciudadanos, la convivencia, la cultura ciudadana y el desarrollo de programas sociales.
Este año el Ministerio realizó mejoras en cuanto a infraestructura y amplió la cobertura del programa. Se avanzó en la construcción de cuatro nuevos Centros de Convivencia Ciudadana en Paipa y Chiquinquirá (Boyacá), Saravena (Arauca) y Túquerres (Nariño), y de una Casa de Justicia en El Doncello (Caquetá), municipio históricamente afectado por el conflicto armado.
En el año que termina también se impulsó el proceso de descentralización de servicios en barrios, veredas y corregimientos, y más de 300 funcionarios trabajaron en jornadas móviles de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, con un promedio de atención de 120 personas en cada una de ellas.
Igualmente, el Ministerio priorizó la actualización y formación de más de 238 funcionarios del programa en temas relacionados con Política Pública de Derechos Humanos, implementación del nuevo Código Nacional de Policía, justicia transicional y Acuerdo de paz. Dicho proceso se cumplió a través de ocho encuentros regionales que tuvieron lugar en Bogotá, Girardot, Caucasia, Apartadó, Medellín, Cúcuta, Barrancabermeja y Cali.
Y con el fin de ofrecer herramientas para hacer más eficiente y efectivo el manejo de las cifras de gestión y operación del programa, y garantizar la sostenibilidad del sistema de información, se dotó con equipos de cómputo a algunos Centros de Recepción de Información (CRI).
En 2017 estos centros atendieron a medio millón de personas, siendo los trámites o servicios más requeridos los relacionados con asuntos familiares, documentos de identidad y denuncias.
El Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, establece los lineamientos que contribuyen a garantizar el acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia, sobre todo en aquellos lugares que presentan altos índices de vulnerabilidad, marginalidad económica y social, criminalidad y conflictividad comunitaria o ausente presencia física o institucional estatal en la materia.
Las Casas de Justicia son centros interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Por su parte, los Centros de Convivencia Ciudadana son espacios de encuentro en los que la comunidad tiene acceso a instituciones del orden local con programas e iniciativas que promueven y fomentan los valores ciudadanos, la convivencia, la cultura ciudadana y el desarrollo de programas sociales.
Este año el Ministerio realizó mejoras en cuanto a infraestructura y amplió la cobertura del programa. Se avanzó en la construcción de cuatro nuevos Centros de Convivencia Ciudadana en Paipa y Chiquinquirá (Boyacá), Saravena (Arauca) y Túquerres (Nariño), y de una Casa de Justicia en El Doncello (Caquetá), municipio históricamente afectado por el conflicto armado.
En el año que termina también se impulsó el proceso de descentralización de servicios en barrios, veredas y corregimientos, y más de 300 funcionarios trabajaron en jornadas móviles de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, con un promedio de atención de 120 personas en cada una de ellas.
Igualmente, el Ministerio priorizó la actualización y formación de más de 238 funcionarios del programa en temas relacionados con Política Pública de Derechos Humanos, implementación del nuevo Código Nacional de Policía, justicia transicional y Acuerdo de paz. Dicho proceso se cumplió a través de ocho encuentros regionales que tuvieron lugar en Bogotá, Girardot, Caucasia, Apartadó, Medellín, Cúcuta, Barrancabermeja y Cali.
Y con el fin de ofrecer herramientas para hacer más eficiente y efectivo el manejo de las cifras de gestión y operación del programa, y garantizar la sostenibilidad del sistema de información, se dotó con equipos de cómputo a algunos Centros de Recepción de Información (CRI).
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