En plena huelga de hambre, tras su captura por las autoridades colombianas, que lo acusan de planear el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
“¿De dónde voy a sacar yo diez toneladas de coca? Yo nunca orienté gente que moviera coca. Yo nunca he tenido manejo de las finanzas”, dice Seuxis Hernández, más conocido como Jesús Santrich, a varios días de no probar alimento, mientras se lleva a la boca un chicle diminuto que más tarde combinará tan solo con aguas aromáticas, lo único que consume –además de sus medicinas para la epilepsia- desde que las autoridades colombianas lo detuvieron en la casa que el Gobierno le rentó en el barrio Modelia de Bogotá, donde ocho policías y ex rebeldes –sus escoltas- lo custodiaban día y noche.
Santrich es uno de los líderes más radicales del partido político de la antigua guerrilla de las FARC y uno de los diez congresistas a los que el grupo desmovilizado tiene derecho según el acuerdo al que llegó con el Gobierno de Juan Manuel Santos a fines de 2016.
Con seis kilos menos, tras iniciar una huelga de hambre cuando fue capturado por las autoridades colombianas en cumplimiento de una circular roja de Interpol, solicitada por Estados Unidos, fue trasladado a un hospital público en Bogotá, luego de una semana en la cárcel La Picota de la capital. Se le acusa de planear con el cartel mexicano de Sinaloa el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos.
De inmediato, el mayor crítico a la rápida dejación de armas de Farc y a las deficiencias en la implementación del tratado de paz que contribuyó a redactar, a pesar de su ceguera, inició una huelga de hambre demandando que su caso sea puesto a disposición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en la que los ex combatientes y agentes del Estado recibirán un tratamiento de justicia transicional con penas alternativas a cambio de relatar la verdad de lo que hicieron durante el conflicto.
Hoy, “Santrich” permanece fuertemente custodiado en un hospital público donde los demás pacientes se quejan por su trato privilegiado.
El cuarto piso del edificio hospitalario fue desocupado para el hombre de 51 años, que también estaba a solas en el Pabellón de Alta Seguridad de la cárcel de La Picota. Con su llegada, los presos de alta peligrosidad fueron trasladados para entregar el pabellón a manos de la Fiscalía, a la cual Santrich y su defensa acusan de haberle tendido un montaje con apoyo de Estados Unidos.
“Mi detención viola todo procedimiento legal en territorio colombiano”, expresa el que fuera uno de los comandantes del desaparecido Bloque Martín Caballero o Bloque Caribe, cuyos integrantes se dedican ahora a cultivar comida en los espacios de reincorporación y a esperar el desenlace del problema judicial de su líder.
“Por ahora”, dicen repetidamente en cartas que envían desde esas zonas rurales acataremos las orientaciones del Partido. El desenlace de la captura del líder fariano ha tenido un fuerte impacto en los desmovilizados, cuyos jefes se quejan de múltiples incumplimientos de lo acordado por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.
“Hay una defensa jurídica preparada, por supuesto, pero sabemos que esta es una batalla política. Y, en mi caso, la convertiré en una ética y moral”, dice Santrich.
“¿Cómo se puede pretender hundir así a las personas que decidimos dar un paso a la legalidad? Ya lo he dicho. Esto es un montaje”, declara visiblemente más delgado el “Santrich” crítico y punzante de siempre que envía poemas y dibujos de despedida desde su encierro a sus familiares, “camaradas” y hasta al Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, a quien dice desafiante que no logrará extraditarlo a Estados Unidos.
“Entregué mi vida por unos ideales. No estoy aferrado a nada, solo a mis convicciones revolucionarias; por dignidad y en exigencia de que se cumpla el Acuerdo de Paz no levantaré mi huelga”, expresa.
“Mi caso debe estar en manos de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz). Mi detención es arbitraria. Pero mi huelga exige además que todo el Acuerdo se cumpla; eso es lo único que podrá salvar esta paz, porque no solo yo he sido traicionado: también las víctimas, a quienes les robaron las curules; los líderes sociales, que siguen siendo asesinados; los campesinos, a quienes la reforma rural no les va a favorecer, sino que seguirá privilegiando a los acomodados; y a todos los ex combatientes a quienes ya desarmados no les están cumpliendo”.
Tomada de: Francia 24
“¿De dónde voy a sacar yo diez toneladas de coca? Yo nunca orienté gente que moviera coca. Yo nunca he tenido manejo de las finanzas”, dice Seuxis Hernández, más conocido como Jesús Santrich, a varios días de no probar alimento, mientras se lleva a la boca un chicle diminuto que más tarde combinará tan solo con aguas aromáticas, lo único que consume –además de sus medicinas para la epilepsia- desde que las autoridades colombianas lo detuvieron en la casa que el Gobierno le rentó en el barrio Modelia de Bogotá, donde ocho policías y ex rebeldes –sus escoltas- lo custodiaban día y noche.
Santrich es uno de los líderes más radicales del partido político de la antigua guerrilla de las FARC y uno de los diez congresistas a los que el grupo desmovilizado tiene derecho según el acuerdo al que llegó con el Gobierno de Juan Manuel Santos a fines de 2016.
Con seis kilos menos, tras iniciar una huelga de hambre cuando fue capturado por las autoridades colombianas en cumplimiento de una circular roja de Interpol, solicitada por Estados Unidos, fue trasladado a un hospital público en Bogotá, luego de una semana en la cárcel La Picota de la capital. Se le acusa de planear con el cartel mexicano de Sinaloa el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos.
De inmediato, el mayor crítico a la rápida dejación de armas de Farc y a las deficiencias en la implementación del tratado de paz que contribuyó a redactar, a pesar de su ceguera, inició una huelga de hambre demandando que su caso sea puesto a disposición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en la que los ex combatientes y agentes del Estado recibirán un tratamiento de justicia transicional con penas alternativas a cambio de relatar la verdad de lo que hicieron durante el conflicto.
Hoy, “Santrich” permanece fuertemente custodiado en un hospital público donde los demás pacientes se quejan por su trato privilegiado.
El cuarto piso del edificio hospitalario fue desocupado para el hombre de 51 años, que también estaba a solas en el Pabellón de Alta Seguridad de la cárcel de La Picota. Con su llegada, los presos de alta peligrosidad fueron trasladados para entregar el pabellón a manos de la Fiscalía, a la cual Santrich y su defensa acusan de haberle tendido un montaje con apoyo de Estados Unidos.
“Mi detención viola todo procedimiento legal en territorio colombiano”, expresa el que fuera uno de los comandantes del desaparecido Bloque Martín Caballero o Bloque Caribe, cuyos integrantes se dedican ahora a cultivar comida en los espacios de reincorporación y a esperar el desenlace del problema judicial de su líder.
“Por ahora”, dicen repetidamente en cartas que envían desde esas zonas rurales acataremos las orientaciones del Partido. El desenlace de la captura del líder fariano ha tenido un fuerte impacto en los desmovilizados, cuyos jefes se quejan de múltiples incumplimientos de lo acordado por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.
“Hay una defensa jurídica preparada, por supuesto, pero sabemos que esta es una batalla política. Y, en mi caso, la convertiré en una ética y moral”, dice Santrich.
“¿Cómo se puede pretender hundir así a las personas que decidimos dar un paso a la legalidad? Ya lo he dicho. Esto es un montaje”, declara visiblemente más delgado el “Santrich” crítico y punzante de siempre que envía poemas y dibujos de despedida desde su encierro a sus familiares, “camaradas” y hasta al Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, a quien dice desafiante que no logrará extraditarlo a Estados Unidos.
“Entregué mi vida por unos ideales. No estoy aferrado a nada, solo a mis convicciones revolucionarias; por dignidad y en exigencia de que se cumpla el Acuerdo de Paz no levantaré mi huelga”, expresa.
“Mi caso debe estar en manos de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz). Mi detención es arbitraria. Pero mi huelga exige además que todo el Acuerdo se cumpla; eso es lo único que podrá salvar esta paz, porque no solo yo he sido traicionado: también las víctimas, a quienes les robaron las curules; los líderes sociales, que siguen siendo asesinados; los campesinos, a quienes la reforma rural no les va a favorecer, sino que seguirá privilegiando a los acomodados; y a todos los ex combatientes a quienes ya desarmados no les están cumpliendo”.
Tomada de: Francia 24
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