JOSÉ ROBERTO PRIETO, EXGERENTE DE LA CAMPAÑA SANTOS PRESIDENTE, A LA CÁRCEL
El juzgado 45 de garantías de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a José Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, por el supuesto lobby que realizó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III. Esa concesión quedó en 2010 a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia, y la adición en la que habría influido Prieto fue la relacionada con la construcción del puente Plato. Además, por su presunto conocimiento de los dineros que entraron a la campaña del entonces candidato Juan Manuel Santos de parte de Odebrecht.
“Estos elementos y estas hipótesis permiten establecer que, en efecto, el señor Roberto Prieto Uribe estaba en la capacidad de direccionar y de dirigir una serie de actos o actuaciones orientadas a que los testigos (…) logren variar su versión”, sostuvo el juez, quien, además, manifestó que Prieto podría obstruir a la justicia al ocultar o destruir información para favorecer sus intereses. Igualmente, el juez citó las interceptaciones realizadas al móvil de Prieto, en donde notaba un supuesto interés en modificar las versiones y eliminar pruebas que lo podrían comprometer.
De acuerdo con el ente investigador, la gestión como intermediario habría estado condicionada a que los estudios y diseños del puente Plato quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió. Por esta gestión, según la investigación, el exgerente de la campaña Santos habría recibido un soborno de $650 millones, cobrados por medio de una factura supuestamente ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S.
En este caso, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, rechazó que el presunto lobby de Prieto haya sido esencial para a aprobar la decisión y que, en cambio, se tomó con base en “en conceptos externos y decisiones colegiadas” y bajo parámetros legales. No obstante, el juez manifestó que efectivamente Prieto sí habría influenciado a Andrade para que lograr la adjudicación del contrato para favorecer a la firma Consultores Unidos.
Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía también evidenciarían un supuesto conocimiento sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. Al respecto, el ente investigador aseguró que la multinacional brasileña pagó US$450.000 a María Fernanda Valencia, entonces candidata a la Cámara de Representantes a través de la empresa Impressa Group “con las indicaciones que le hiciera Roberto Prieto”. Esta empresa, creada por Valencia en asocio con su exesposo Otto Rodríguez, recibió la asesoría de la firma panameña Mossack Fonseca.
En interrogatorio, Otto Rodríguez mencionó, entre otras cosas, que habló directamente con Prieto, con quien cuadró la logística para el pago de unos afiches. El contrato, dijo el exesposo de Valencia, se hizo de manera verbal –porque en el campo de la política los acuerdos verbales son normales– y acordó la elaboración de dos millones de afiches. El ente investigador le cuestionó a Prieto que haya dicho a varias autoridades que no sabía nada de los afiches cuando, en realidad, sí estaba enterado. Por ejemplo, tomó la declaración bajo juramento que el exgerente de la campaña rindió el 24 de mayo de 2017 ante la Procuraduría, en donde expresó que no sabía nada de los aportes a la campaña de hoy mandatario.
Como prueba, la Fiscalía también tiene la declaración de Eduardo José Zambrano, en la que declaró que Prieto lo llamaba para darle instrucciones sobre lo que debían declarar los brasileños sobre la campaña presidencial. “El indiciado elabora un documento y en un sobre cerrado se lo entrega a Zambrano para que este lo haga llegar a Eleuberto Antonio Martorelli”, sostuvo la Fiscalía. “Ciertamente a todas luces las actividades realizadas por el aquí indiciado fueron claramente dirigidas a obstaculizar la tarea de la justicia”, agregó. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión, mientras que la defensa de Prieto apeló la decisión tomada por el juez.
Tomada de: El Espectador
“Estos elementos y estas hipótesis permiten establecer que, en efecto, el señor Roberto Prieto Uribe estaba en la capacidad de direccionar y de dirigir una serie de actos o actuaciones orientadas a que los testigos (…) logren variar su versión”, sostuvo el juez, quien, además, manifestó que Prieto podría obstruir a la justicia al ocultar o destruir información para favorecer sus intereses. Igualmente, el juez citó las interceptaciones realizadas al móvil de Prieto, en donde notaba un supuesto interés en modificar las versiones y eliminar pruebas que lo podrían comprometer.
De acuerdo con el ente investigador, la gestión como intermediario habría estado condicionada a que los estudios y diseños del puente Plato quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió. Por esta gestión, según la investigación, el exgerente de la campaña Santos habría recibido un soborno de $650 millones, cobrados por medio de una factura supuestamente ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S.
En este caso, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, rechazó que el presunto lobby de Prieto haya sido esencial para a aprobar la decisión y que, en cambio, se tomó con base en “en conceptos externos y decisiones colegiadas” y bajo parámetros legales. No obstante, el juez manifestó que efectivamente Prieto sí habría influenciado a Andrade para que lograr la adjudicación del contrato para favorecer a la firma Consultores Unidos.
Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía también evidenciarían un supuesto conocimiento sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. Al respecto, el ente investigador aseguró que la multinacional brasileña pagó US$450.000 a María Fernanda Valencia, entonces candidata a la Cámara de Representantes a través de la empresa Impressa Group “con las indicaciones que le hiciera Roberto Prieto”. Esta empresa, creada por Valencia en asocio con su exesposo Otto Rodríguez, recibió la asesoría de la firma panameña Mossack Fonseca.
En interrogatorio, Otto Rodríguez mencionó, entre otras cosas, que habló directamente con Prieto, con quien cuadró la logística para el pago de unos afiches. El contrato, dijo el exesposo de Valencia, se hizo de manera verbal –porque en el campo de la política los acuerdos verbales son normales– y acordó la elaboración de dos millones de afiches. El ente investigador le cuestionó a Prieto que haya dicho a varias autoridades que no sabía nada de los afiches cuando, en realidad, sí estaba enterado. Por ejemplo, tomó la declaración bajo juramento que el exgerente de la campaña rindió el 24 de mayo de 2017 ante la Procuraduría, en donde expresó que no sabía nada de los aportes a la campaña de hoy mandatario.
Como prueba, la Fiscalía también tiene la declaración de Eduardo José Zambrano, en la que declaró que Prieto lo llamaba para darle instrucciones sobre lo que debían declarar los brasileños sobre la campaña presidencial. “El indiciado elabora un documento y en un sobre cerrado se lo entrega a Zambrano para que este lo haga llegar a Eleuberto Antonio Martorelli”, sostuvo la Fiscalía. “Ciertamente a todas luces las actividades realizadas por el aquí indiciado fueron claramente dirigidas a obstaculizar la tarea de la justicia”, agregó. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión, mientras que la defensa de Prieto apeló la decisión tomada por el juez.
Tomada de: El Espectador
No hay comentarios:
Publicar un comentario