PREOCUPANTE ARCHIVO DE PROCESOS EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Al tiempo que la Fiscalía ha incrementado el número de personas llevadas a juicio por violencia intrafamiliar, se han aumentado también las cifras de procesos archivados porque la conducta no se logra tipificar.
Esa es una de las conclusiones de un informe de la Fiscalía que busca hacer más eficiente la investigación de esos casos que, según el censo delictivo semanal, vienen cediendo en el país. Según el último censo del ente acusador en lo corrido del año se han presentado 32.690 denuncias por violencia intrafamiliar, cifra menor en 3.597 casos frente al mismo periodo el año pasado.
Según el informe de la Fiscalía, entre 2006 y 2016 la cifra de imputación de cargos pasó de 0.3 por ciento a 10.1 por ciento, y las condenas se incrementaron de 0.2 por ciento a 5.2 por ciento.
El estudio realizado por la Fiscalía en Bogotá, Bucaramanga y Medellín señala también que en el periodo entre 2006 y 2016 hubo un importante incremento de denuncias, pero desde el 2013 aumentaron los archivos por cuenta de la no configuración del delito de violencia intrafamiliar (especialmente ese fenómeno se dio desde 2013, y en 2016 la cifra de archivos llegó al 34 por ciento). En 2006 fueron 25.663 casos que se abrieron y en 2016 se abrieron 115.127.
Las dificultades para tipificar el delito crecieron, en parte, porque un fallo de la Corte Suprema de junio de 2017 estableció que los casos de violencia intrafamiliar se limitan a las personas que conviven en la misma unidad familiar. “Esto ha generado algunas dificultades para los fiscales, quienes señalaron la existencia de múltiples casos de violencia ejercida por exparejas que no conviven en la misma unidad familiar. Conforme a la interpretación de la Corte las agresiones entre personas que alguna vez fueron pareja son constitutivos del delito de lesiones personales y no el de violencia intrafamiliar”, señala el informe.
Igualmente plantea dificultades como que aunque la persona sea sorprendida en flagrancia golpeando a su pareja, esto no asegura una condena, y en otros casos la víctima deja de colaborar en la investigación porque ya ha hecho un arreglo con el agresor o porque incluso haya restaurado su relación.
“Esto hace que las víctimas no quieran testificar (…) Además, en algunos casos, las víctimas denunciantes en procedimientos ante las comisarías de familia buscan una solución negociada, la obtención de apoyo psicosocial o el otorgamiento de una medida de protección; no tienen interés en que su agresor vaya a la cárcel, pues dependen económicamente de dicho agresor o buscan mantener la unidad familiar”, dice el documento.
Para enfrentar esas dificultades la Fiscalía radicó en el Congreso un proyecto que extiende la violencia intrafamiliar a otras personas distintas a la pareja permanente como por ejemplo “una relación extramatrimonial de carácter permanente que se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad”. Igualmente se establecen mecanismos de protección de las víctimas para asegurar su ayuda en la investigación.
En el informe también se estudia el comportamiento de la inasistencia alimentaria que se ha reducido desde 2013. Las cifras pasaron de 663.82 ese año a 62.988 en 2016.
Cuestiona el ente acusador que en estos procesos no se evidencia la existencia de un proceso ejecutivo para garantizar el cobro coactivo de las obligaciones de los padres con sus hijos y que esto lleva a que los demandados salgan de sus activos para evitar ser embargados una vez los procesos llegan a la Fiscalía.
Antes de llegar a esa instancia ya la mayoría de procesos han pasado por Comisarias de Familia y centros zonales del ICBF en los que, dice el informe, no se toman medidas para preservar los bienes con los que se cubrirían las obligaciones.
Finalmente advierte la Fiscalía, cuando el proceso avanza y el demandado “ve la posibilidad de ir a prisión procesa el pago de lo adeudado para evitar su reclusión. Esto desgasta la administración de justicia”.
El informe recomienda fortalecer los procesos de cobro previos a la denuncia penal e incluso evaluar la “despenalización de la conducta, siempre y cuando los procesos administrativos y judiciales tengan un fortalecimiento legislativo que permita su efectivo cumplimiento”.
Tomada de: El Tiempo
Esa es una de las conclusiones de un informe de la Fiscalía que busca hacer más eficiente la investigación de esos casos que, según el censo delictivo semanal, vienen cediendo en el país. Según el último censo del ente acusador en lo corrido del año se han presentado 32.690 denuncias por violencia intrafamiliar, cifra menor en 3.597 casos frente al mismo periodo el año pasado.
Según el informe de la Fiscalía, entre 2006 y 2016 la cifra de imputación de cargos pasó de 0.3 por ciento a 10.1 por ciento, y las condenas se incrementaron de 0.2 por ciento a 5.2 por ciento.
El estudio realizado por la Fiscalía en Bogotá, Bucaramanga y Medellín señala también que en el periodo entre 2006 y 2016 hubo un importante incremento de denuncias, pero desde el 2013 aumentaron los archivos por cuenta de la no configuración del delito de violencia intrafamiliar (especialmente ese fenómeno se dio desde 2013, y en 2016 la cifra de archivos llegó al 34 por ciento). En 2006 fueron 25.663 casos que se abrieron y en 2016 se abrieron 115.127.
Las dificultades para tipificar el delito crecieron, en parte, porque un fallo de la Corte Suprema de junio de 2017 estableció que los casos de violencia intrafamiliar se limitan a las personas que conviven en la misma unidad familiar. “Esto ha generado algunas dificultades para los fiscales, quienes señalaron la existencia de múltiples casos de violencia ejercida por exparejas que no conviven en la misma unidad familiar. Conforme a la interpretación de la Corte las agresiones entre personas que alguna vez fueron pareja son constitutivos del delito de lesiones personales y no el de violencia intrafamiliar”, señala el informe.
Igualmente plantea dificultades como que aunque la persona sea sorprendida en flagrancia golpeando a su pareja, esto no asegura una condena, y en otros casos la víctima deja de colaborar en la investigación porque ya ha hecho un arreglo con el agresor o porque incluso haya restaurado su relación.
“Esto hace que las víctimas no quieran testificar (…) Además, en algunos casos, las víctimas denunciantes en procedimientos ante las comisarías de familia buscan una solución negociada, la obtención de apoyo psicosocial o el otorgamiento de una medida de protección; no tienen interés en que su agresor vaya a la cárcel, pues dependen económicamente de dicho agresor o buscan mantener la unidad familiar”, dice el documento.
Para enfrentar esas dificultades la Fiscalía radicó en el Congreso un proyecto que extiende la violencia intrafamiliar a otras personas distintas a la pareja permanente como por ejemplo “una relación extramatrimonial de carácter permanente que se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad”. Igualmente se establecen mecanismos de protección de las víctimas para asegurar su ayuda en la investigación.
En el informe también se estudia el comportamiento de la inasistencia alimentaria que se ha reducido desde 2013. Las cifras pasaron de 663.82 ese año a 62.988 en 2016.
Cuestiona el ente acusador que en estos procesos no se evidencia la existencia de un proceso ejecutivo para garantizar el cobro coactivo de las obligaciones de los padres con sus hijos y que esto lleva a que los demandados salgan de sus activos para evitar ser embargados una vez los procesos llegan a la Fiscalía.
Antes de llegar a esa instancia ya la mayoría de procesos han pasado por Comisarias de Familia y centros zonales del ICBF en los que, dice el informe, no se toman medidas para preservar los bienes con los que se cubrirían las obligaciones.
Finalmente advierte la Fiscalía, cuando el proceso avanza y el demandado “ve la posibilidad de ir a prisión procesa el pago de lo adeudado para evitar su reclusión. Esto desgasta la administración de justicia”.
El informe recomienda fortalecer los procesos de cobro previos a la denuncia penal e incluso evaluar la “despenalización de la conducta, siempre y cuando los procesos administrativos y judiciales tengan un fortalecimiento legislativo que permita su efectivo cumplimiento”.
Tomada de: El Tiempo
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