PROPONEN CAMBIOS A LA LEY DE VÍCTIMAS
Dando cumplimiento a la ley 1448, más conocida como Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras, el Congreso de la República realizó la plenaria conjunta de Senado y Cámara, donde cada 9 de abril los parlamentarios y algunos funcionarios del Estado, escuchan a los colombianos que de una u otra manera han sido afectados por la violencia armada en nuestro país.
A lo largo de la plenaria participaron comunidades afrodescendientes, líderes comunales, asociación de mujeres, madres comunitarias, líderes indígenas y militares y policías víctimas del conflicto armado. La mayoría de las personas afectadas por la violencia solicitaron al Congreso de la República reformar la Ley 1448, para que las entidades del Estado, que tienen como finalidad la contribución para que se repare a las víctimas del conflicto, cumplan con su
objetivo con mayor rapidez y eficiencia.
Jesús Mario Corrales, por ejemplo, pidió que la Unidad de Reparación a Víctimas se convierta en ministerio de reparación a las víctimas. En igual sentido se pronunció el líder comunal Guillermo Cardona, quien hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que fortalezca la Unidad de Derechos Humanos para que esta asuma las investigaciones judiciales de manera eficiente.
Por su parte, líderes indígenas de la comunidad Wayuu hicieron un llamado al Presidente de la República para que ordene al ministro de Hacienda, liberar más recursos para la Guajira que permitan superar los índices de mortandad por desnutrición infantil y demás falencias sociales que padece el departamento.
Así mismo, lideresas como la vallecaucana Irma Tulia Escobar denunció que son las mujeres quienes han puesto el mayor número de víctimas en Colombia, y que es lamentable que este hecho se siga presentando. También hizo un llamado para que las colombianas sean protagonistas en la implementación de los Acuerdos de Paz.
Yolanda Perea, líder del departamento del Chocó, dio la voz de alerta por las nuevas amenazas que han llegado sobre las comunidades ancestrales en la región, que han retornado a sus territorios de origen.
Dando cumplimiento a la ley 1448, más conocida como Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras, el Congreso de la República realizó la plenaria conjunta de Senado y Cámara, donde cada 9 de abril los parlamentarios y algunos funcionarios del Estado, escuchan a los colombianos que de una u otra manera han sido afectados por la violencia armada en nuestro país.
A lo largo de la plenaria participaron comunidades afrodescendientes, líderes comunales, asociación de mujeres, madres comunitarias, líderes indígenas y militares y policías víctimas del conflicto armado. La mayoría de las personas afectadas por la violencia solicitaron al Congreso de la República reformar la Ley 1448, para que las entidades del Estado, que tienen como finalidad la contribución para que se repare a las víctimas del conflicto, cumplan con su
objetivo con mayor rapidez y eficiencia.
Jesús Mario Corrales, por ejemplo, pidió que la Unidad de Reparación a Víctimas se convierta en ministerio de reparación a las víctimas. En igual sentido se pronunció el líder comunal Guillermo Cardona, quien hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que fortalezca la Unidad de Derechos Humanos para que esta asuma las investigaciones judiciales de manera eficiente.
Por su parte, líderes indígenas de la comunidad Wayuu hicieron un llamado al Presidente de la República para que ordene al ministro de Hacienda, liberar más recursos para la Guajira que permitan superar los índices de mortandad por desnutrición infantil y demás falencias sociales que padece el departamento.
Así mismo, lideresas como la vallecaucana Irma Tulia Escobar denunció que son las mujeres quienes han puesto el mayor número de víctimas en Colombia, y que es lamentable que este hecho se siga presentando. También hizo un llamado para que las colombianas sean protagonistas en la implementación de los Acuerdos de Paz.
Yolanda Perea, líder del departamento del Chocó, dio la voz de alerta por las nuevas amenazas que han llegado sobre las comunidades ancestrales en la región, que han retornado a sus territorios de origen.
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