PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO
Tras comprobar que el ciudadano Edgar Alexander Cipriano Moreno hizo prevalecer su condición de representante a la Cámara por Guianía para favorecer los nombramientos de distintas personas en entidades estatales, la Sala Plena del Consejo de Estado le decretó la pérdida de su investidura.
Con ponencia del magistrado de la Sección Quinta Carlos Enrique Moreno Rubio, la corporación concluyó que el legislador incurrió en tráfico de influencias, al solicitar dinero a cambio de tramitar los nombramientos ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e incluso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al expediente fueron aportadas pruebas testimoniales y de audio que dan cuenta de una reunión celebrada en septiembre del 2014, en la cual el dirigente se habría comprometido a incluir a un particular en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a cambio del pago de 20 millones de pesos anuales o de 2 millones mensuales. Además, se habría concretado la entrega de dineros para tramitar otros nombramientos en el DPS Guainía y el ICBF.
Bajo la misma contraprestación, dicen los elementos de prueba, el legislador habría ofrecido su investidura para gestionar el nombramiento de la entonces personera de Landázuri (Guainía) en un cargo diplomático en Manaos (Brasil) o San Fernando de Atabapo (Venezuela), ofrecimiento que esa funcionaria rechazó.
Para la Sala, al margen de que se haya demostrado o no el provecho personal que obtuvo el congresista, la falta se configura con la simple evidencia de que invocó su investidura para interceder ante los titulares de varias entidades estatales con el fin de asegurar tales nombramientos.
“En este caso quedó debidamente probado que el señor Cipriano Moreno no actuó conforme con la dignidad de su cargo, al pedir dinero a cambio de gestionar el nombramiento de esas personas en unos cargos públicos”, dice la providencia, en la cual se precisa que la Sala se abstiene de emitir una compulsa de copias ante las autoridades penales, toda vez que la Corte Suprema de Justicia ya está investigando los hechos.
Con ponencia del magistrado de la Sección Quinta Carlos Enrique Moreno Rubio, la corporación concluyó que el legislador incurrió en tráfico de influencias, al solicitar dinero a cambio de tramitar los nombramientos ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e incluso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al expediente fueron aportadas pruebas testimoniales y de audio que dan cuenta de una reunión celebrada en septiembre del 2014, en la cual el dirigente se habría comprometido a incluir a un particular en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a cambio del pago de 20 millones de pesos anuales o de 2 millones mensuales. Además, se habría concretado la entrega de dineros para tramitar otros nombramientos en el DPS Guainía y el ICBF.
Bajo la misma contraprestación, dicen los elementos de prueba, el legislador habría ofrecido su investidura para gestionar el nombramiento de la entonces personera de Landázuri (Guainía) en un cargo diplomático en Manaos (Brasil) o San Fernando de Atabapo (Venezuela), ofrecimiento que esa funcionaria rechazó.
Para la Sala, al margen de que se haya demostrado o no el provecho personal que obtuvo el congresista, la falta se configura con la simple evidencia de que invocó su investidura para interceder ante los titulares de varias entidades estatales con el fin de asegurar tales nombramientos.
“En este caso quedó debidamente probado que el señor Cipriano Moreno no actuó conforme con la dignidad de su cargo, al pedir dinero a cambio de gestionar el nombramiento de esas personas en unos cargos públicos”, dice la providencia, en la cual se precisa que la Sala se abstiene de emitir una compulsa de copias ante las autoridades penales, toda vez que la Corte Suprema de Justicia ya está investigando los hechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario