EN BOGOTÁ HAY UN BAÑO PÚBLICO POR CADA 70.619 HABITANTES
Si usted está en la calle, en un parque público o en un bus de Transmilenio y necesita entrar al baño con urgencia, ¿qué suele hacer? Encontrar uno es todo un suplicio, y no es para menos: en Bogotá hay 113 baños públicos, de los cuales 11 están en Transmilenio, seis en Cades y Supercades, 60 administrados por el IDRD, 32 por el IPES y cuatro por el Idipron. Es decir, en la ciudad hay un baño público por cada 70.619 habitantes.
Además de que la cifra es irrisoria, pocos ciudadanos los usan porque desconocen su paradero y para acceder a ellos se paga un precio mínimo de $1.000, como los que están en portales de Transmilenio o los que operan dentro de los parques. Esos son los más visibles. No sucede lo mismo con aquellos que se encuentran en vías públicas o bajo los puentes: no son conocidos ni se identifican con facilidad.
La situación más crítica se vive en las localidades de Suba y Bosa, donde hay un baño por cada 178.676 y 141.807 personas, respectivamente. Los que funcionan tienen una capacidad de operación de hasta 25.000 personas al mes. En el centro histórico el panorama no es menos complejo: hay 19 baños (uno por cada 89.881 habitantes) y lo más grave es que la población flotante es de 1’707.745 personas.
Con este panorama, los ciudadanos no tienen más opción que acudir a establecimientos privados, como tiendas de abarrotes, centros comerciales o restaurantes, donde pueden encontrarse con varias posibilidades: que estén ocupados, que les cobren por lo menos $500 o incluso que estén fuera de servicio. En otras ocasiones, los usuarios tienen que adquirir un producto del local, que no necesitan, para ingresar..
Cansado de esta situación, un bogotano decidió, en 2008, recurrir a un juzgado para defender los intereses de la ciudadanía. A través de una acción popular, le pidió al Distrito que supliera el déficit en la oferta de baños públicos en la capital. El despacho no sólo le halló la razón al demandante, sino que la decisión fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2011. A pesar de que el fallo obligaba a la administración a tomar medidas para mitigar esta problemática, al parecer esto no ocurrió.
En 2016, luego de que se hiciera viral el video en el que se veía a una mujer orinando dentro de un articulado de Transmilenio, el concejal Jorge Torres interpuso un incidente de desacato, porque, según afirmó, luego de cinco años el Distrito no avanzó en el tema.
“El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá aceptó nuestra petición el pasado 16 junio y obligó a la administración que en un plazo de seis meses se tomen las acciones correspondientes para ver dónde ubicar baños públicos en la ciudad”, asegura el cabildante.
Durante el proceso, según la decisión, la Defensoría del Pueblo será veedora del cumplimiento del fallo. De acuerdo con la entidad, aún no han sido notificados.
Medidas frente al fallo
Para cumplir con lo dispuesto por el juzgado, el Distrito nombró como responsables a al menos seis entidades, entre ellas las secretarías de Planeación y Ambiente, así como el IDU y el Acueducto. Si bien la Secretaría de Planeación considera que la instalación de baños en la ciudad es urgente, indica que, para suplirla, la primera tarea consistirá en cambiar la reglamentación. “La actual norma restringe los lugares donde se puedan construir baños públicos”, dice la entidad.
Para esto, sería necesario modificar el Plan Maestro de Espacio Público y la cartilla de Mobiliario Urbano, en los cuales la construcción de los baños únicamente está contemplada dentro de mobiliarios con funciones articuladas como cicloestaciones, cafés y estands de información institucional y ventas.
Lo cierto es que, hasta que la reglamentación esté lista, los sanitarios de los establecimientos privados seguirán supliendo las necesidades de los bogotanos. Aunque Planeación asegura que la cambiarán, hasta ahora no hay un plan esbozado para la construcción de más baños públicos, una orden judicial que ya no da más espera.
Además de que la cifra es irrisoria, pocos ciudadanos los usan porque desconocen su paradero y para acceder a ellos se paga un precio mínimo de $1.000, como los que están en portales de Transmilenio o los que operan dentro de los parques. Esos son los más visibles. No sucede lo mismo con aquellos que se encuentran en vías públicas o bajo los puentes: no son conocidos ni se identifican con facilidad.
La situación más crítica se vive en las localidades de Suba y Bosa, donde hay un baño por cada 178.676 y 141.807 personas, respectivamente. Los que funcionan tienen una capacidad de operación de hasta 25.000 personas al mes. En el centro histórico el panorama no es menos complejo: hay 19 baños (uno por cada 89.881 habitantes) y lo más grave es que la población flotante es de 1’707.745 personas.
Con este panorama, los ciudadanos no tienen más opción que acudir a establecimientos privados, como tiendas de abarrotes, centros comerciales o restaurantes, donde pueden encontrarse con varias posibilidades: que estén ocupados, que les cobren por lo menos $500 o incluso que estén fuera de servicio. En otras ocasiones, los usuarios tienen que adquirir un producto del local, que no necesitan, para ingresar..
Cansado de esta situación, un bogotano decidió, en 2008, recurrir a un juzgado para defender los intereses de la ciudadanía. A través de una acción popular, le pidió al Distrito que supliera el déficit en la oferta de baños públicos en la capital. El despacho no sólo le halló la razón al demandante, sino que la decisión fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2011. A pesar de que el fallo obligaba a la administración a tomar medidas para mitigar esta problemática, al parecer esto no ocurrió.
En 2016, luego de que se hiciera viral el video en el que se veía a una mujer orinando dentro de un articulado de Transmilenio, el concejal Jorge Torres interpuso un incidente de desacato, porque, según afirmó, luego de cinco años el Distrito no avanzó en el tema.
“El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá aceptó nuestra petición el pasado 16 junio y obligó a la administración que en un plazo de seis meses se tomen las acciones correspondientes para ver dónde ubicar baños públicos en la ciudad”, asegura el cabildante.
Durante el proceso, según la decisión, la Defensoría del Pueblo será veedora del cumplimiento del fallo. De acuerdo con la entidad, aún no han sido notificados.
Medidas frente al fallo
Para cumplir con lo dispuesto por el juzgado, el Distrito nombró como responsables a al menos seis entidades, entre ellas las secretarías de Planeación y Ambiente, así como el IDU y el Acueducto. Si bien la Secretaría de Planeación considera que la instalación de baños en la ciudad es urgente, indica que, para suplirla, la primera tarea consistirá en cambiar la reglamentación. “La actual norma restringe los lugares donde se puedan construir baños públicos”, dice la entidad.
Para esto, sería necesario modificar el Plan Maestro de Espacio Público y la cartilla de Mobiliario Urbano, en los cuales la construcción de los baños únicamente está contemplada dentro de mobiliarios con funciones articuladas como cicloestaciones, cafés y estands de información institucional y ventas.
Lo cierto es que, hasta que la reglamentación esté lista, los sanitarios de los establecimientos privados seguirán supliendo las necesidades de los bogotanos. Aunque Planeación asegura que la cambiarán, hasta ahora no hay un plan esbozado para la construcción de más baños públicos, una orden judicial que ya no da más espera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario