SANTA MARTA SE SALVA DE PAGAR $ 2.400 MILLONES
El Consejo de Estado dejó sin efectos una decisión judicial que ordenaba continuar un proceso ejecutivo contra el Distrito de Santa Marta por más de 2.400 millones de pesos, dentro de un litigio que mantiene ese ente territorial con la sociedad Recaudos y Tributos (R y T).
La decisión se produjo al ponerse en evidencia que los derechos fundamentales de ese ente territorial se vieron afectados por un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena en el cual se ordenaba dar mérito ejecutivo a una supuesta deuda que contrajo esa ciudad durante la ejecución de un contrato para la modernización del sistema tributario y la gestión del recaudo.
En el 2002, la sociedad R y T firmó el contrato con ese Distrito, a partir del cual esperaba obtener, además de la contraprestación al cumplimiento de las tareas que le fueron asignadas, el reembolso de los dineros cancelados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Dado que entre enero del 2008 y diciembre del 2010 Santa Marta dejó de cancelar los valores equivalentes al IVA, la contratista presentó una demanda ejecutiva en contra del ente territorial, a fin de obtener mandamiento de pago por casi 2.400 millones de pesos más intereses de mora.
Aunque las pretensiones de esta sociedad no se materializaron en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió un fallo en septiembre del 2016 que ordenaba seguir adelante con la ejecución en contra del Distrito Turístico.
La decisión se produjo al ponerse en evidencia que los derechos fundamentales de ese ente territorial se vieron afectados por un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena en el cual se ordenaba dar mérito ejecutivo a una supuesta deuda que contrajo esa ciudad durante la ejecución de un contrato para la modernización del sistema tributario y la gestión del recaudo.
En el 2002, la sociedad R y T firmó el contrato con ese Distrito, a partir del cual esperaba obtener, además de la contraprestación al cumplimiento de las tareas que le fueron asignadas, el reembolso de los dineros cancelados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Dado que entre enero del 2008 y diciembre del 2010 Santa Marta dejó de cancelar los valores equivalentes al IVA, la contratista presentó una demanda ejecutiva en contra del ente territorial, a fin de obtener mandamiento de pago por casi 2.400 millones de pesos más intereses de mora.
Aunque las pretensiones de esta sociedad no se materializaron en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió un fallo en septiembre del 2016 que ordenaba seguir adelante con la ejecución en contra del Distrito Turístico.
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