Alejandro Camacho Cortés, alias el Señor; Viviana López Calle, alias la Patrona; y Jeffer Yoanny Venegas Cardona son otros tres nombres polémicos de la lista de personas que han recuperado la libertad en los últimos días por cuenta de la resolución que nombró a 709 supuestos integrantes de las Farc como gestores de paz.
Hace un año, cuando fueron detenidos, las autoridades los presentaron como los mayores traficantes de armas del país. Y no solo les vendían a las Farc, sino al Eln, a reductos del Epl y a las bandas criminales.
Camacho era considerado la cabeza de una banda que se surtía del hurto de armas en unidades militares y del ingreso de arsenales a través de las redes de contrabando. Su caída coronó una operación en la que hubo más de 40 capturas.
Pero como sucedió con Alexander Romero Sepúlveda, jefe de una peligrosa oficina de sicarios en Bogotá cuyo caso fue revelado este martes por EL TIEMPO, el traficante de armas quedó libre por ser ‘gestor de paz’ de las Farc. Salió de la cárcel el pasado 8 de agosto, y dos días después salió del Buen Pastor Viviana López. Igual pasó con Venegas.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “ante la gravedad de la denuncia”, les exigió a las Farc “que expliquen la inclusión de este nombre (Romero Sepúlveda) en los listados oficialmente pasados por esa organización”.
De la misma manera, aseguró que el Gobierno asume la “buena fe” en la información entregada por la organización guerrillera desmovilizada y que “convocará al Comité Técnico Interinstitucional para revisar la información disponible y decidirá sobre la continuidad como gestor de paz de Alexander Romero Sepúlveda”. También se evaluarán “los parámetros y procedimientos conducentes a la designación de los denominados ‘gestores de paz’, a fin de evitar que situaciones como la mencionada se repitan en el futuro”.
El Gobierno está revisando 400 nombres de los avalados por las Farc, incluidos una docena de extraditables que –como el famoso ‘Hombre de la camisa roja’, capo del cartel del Norte del Valle cuyo caso reveló este diario– fueron reconocidos como guerrilleros.
Así, aunque el Fiscal General se opuso expresamente, no logró impedir que resultaran beneficiados con la excarcelación y el envío a las zonas de ubicación varios de los responsables del atentado contra el exministro Fernando Londoño, que aunque fueron contratados por la guerrilla pertenecían en realidad a organizaciones de sicariato y delincuencia común.
En los registros judiciales aparece que varios de los integrantes del ‘parche de Zuley’ y la banda de ‘Apu’, que vendieron sus servicios criminales a la guerrilla, fueron liberados y enviados a zonas veredales. Ulises Castellanos Beltrán, alias Apu, jefe de una oficina de cobro que delinquía en Cali y Bogotá, obtuvo libertad condicional el pasado 23 de agosto y fue enviado al Meta. Castellanos fue condenado en el 2014 a 30 años de cárcel por el atentado, en el que fallecieron el conductor y uno de los escoltas de Londoño.
El mismo beneficio recibió César Ruiz Gómez, alias Bigotes, señalado jefe del ‘Parche de Zuley’, banda que delinque en Cali.
En los expedientes de Wilmar Tabares Marín y Luis Mora Ramos, quienes también participaron en el plan, se lee que recibieron amnistía de iure y que firmaron acta de compromiso como gestores de paz.
Según la Oficina del Comisionado de Paz, las Farc sostienen que quienes les prestaron servicios criminales pueden ser considerados como milicianos. Por eso no se objetó la inclusión de los responsables del atentado contra el exministro conservador.
Hace un año, cuando fueron detenidos, las autoridades los presentaron como los mayores traficantes de armas del país. Y no solo les vendían a las Farc, sino al Eln, a reductos del Epl y a las bandas criminales.
Camacho era considerado la cabeza de una banda que se surtía del hurto de armas en unidades militares y del ingreso de arsenales a través de las redes de contrabando. Su caída coronó una operación en la que hubo más de 40 capturas.
Pero como sucedió con Alexander Romero Sepúlveda, jefe de una peligrosa oficina de sicarios en Bogotá cuyo caso fue revelado este martes por EL TIEMPO, el traficante de armas quedó libre por ser ‘gestor de paz’ de las Farc. Salió de la cárcel el pasado 8 de agosto, y dos días después salió del Buen Pastor Viviana López. Igual pasó con Venegas.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “ante la gravedad de la denuncia”, les exigió a las Farc “que expliquen la inclusión de este nombre (Romero Sepúlveda) en los listados oficialmente pasados por esa organización”.
De la misma manera, aseguró que el Gobierno asume la “buena fe” en la información entregada por la organización guerrillera desmovilizada y que “convocará al Comité Técnico Interinstitucional para revisar la información disponible y decidirá sobre la continuidad como gestor de paz de Alexander Romero Sepúlveda”. También se evaluarán “los parámetros y procedimientos conducentes a la designación de los denominados ‘gestores de paz’, a fin de evitar que situaciones como la mencionada se repitan en el futuro”.
El Gobierno está revisando 400 nombres de los avalados por las Farc, incluidos una docena de extraditables que –como el famoso ‘Hombre de la camisa roja’, capo del cartel del Norte del Valle cuyo caso reveló este diario– fueron reconocidos como guerrilleros.
Así, aunque el Fiscal General se opuso expresamente, no logró impedir que resultaran beneficiados con la excarcelación y el envío a las zonas de ubicación varios de los responsables del atentado contra el exministro Fernando Londoño, que aunque fueron contratados por la guerrilla pertenecían en realidad a organizaciones de sicariato y delincuencia común.
En los registros judiciales aparece que varios de los integrantes del ‘parche de Zuley’ y la banda de ‘Apu’, que vendieron sus servicios criminales a la guerrilla, fueron liberados y enviados a zonas veredales. Ulises Castellanos Beltrán, alias Apu, jefe de una oficina de cobro que delinquía en Cali y Bogotá, obtuvo libertad condicional el pasado 23 de agosto y fue enviado al Meta. Castellanos fue condenado en el 2014 a 30 años de cárcel por el atentado, en el que fallecieron el conductor y uno de los escoltas de Londoño.
El mismo beneficio recibió César Ruiz Gómez, alias Bigotes, señalado jefe del ‘Parche de Zuley’, banda que delinque en Cali.
En los expedientes de Wilmar Tabares Marín y Luis Mora Ramos, quienes también participaron en el plan, se lee que recibieron amnistía de iure y que firmaron acta de compromiso como gestores de paz.
Según la Oficina del Comisionado de Paz, las Farc sostienen que quienes les prestaron servicios criminales pueden ser considerados como milicianos. Por eso no se objetó la inclusión de los responsables del atentado contra el exministro conservador.
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