El Juzgado Sexto penal de Soacha, le concedió la detención domiciliaria a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, procesada por presunta corrupción y quien hasta la fecha se encuentra detenida la cárcel Buen Pastor en Bogotá.
Según argumentó su abogado defensor, “la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez es madre cabeza de familia y tiene a su cargo a sus hijos menores de edad por lo cual solicita la sustitución de la medida de aseguramiento de intramural por domiciliaria” indicó.
Basado en esa petición, el juez aceptó la solicitud de la defensa de la ex gobernadora y procedió a ordenar su cambio de reclusión. En la misma determinación se ordenó abrir una investigación contra el Fiscal 28 anticorrupción, Carlos Castañeda, por no asistir a las diligencias judiciales.
Oneida Pinto es investigada por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, e interés indebido en celebración de contratos.
Al ser señalada por la celebración de un contrato para reducir la mortalidad en la población infantil en 2007 durante su administración como alcaldesa de Albania Guajira, pero que según la fiscalía produjo un enorme detrimento patrimonial sin cumplir los objetivos del convenio.
Según argumentó su abogado defensor, “la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez es madre cabeza de familia y tiene a su cargo a sus hijos menores de edad por lo cual solicita la sustitución de la medida de aseguramiento de intramural por domiciliaria” indicó.
Basado en esa petición, el juez aceptó la solicitud de la defensa de la ex gobernadora y procedió a ordenar su cambio de reclusión. En la misma determinación se ordenó abrir una investigación contra el Fiscal 28 anticorrupción, Carlos Castañeda, por no asistir a las diligencias judiciales.
Oneida Pinto es investigada por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, e interés indebido en celebración de contratos.
Al ser señalada por la celebración de un contrato para reducir la mortalidad en la población infantil en 2007 durante su administración como alcaldesa de Albania Guajira, pero que según la fiscalía produjo un enorme detrimento patrimonial sin cumplir los objetivos del convenio.
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