Una ponencia en la Corte Constitucional volvería a revivir el debate de los toros. Se trata del proyecto de fallo en manos de la magistrada Diana Fajardo que pide dejar en firme la consulta antitaurina en Bogotá.
La magistrada pide a la sala plena negar una nulidad a la tutela que da vía libre para adelantar la consulta, en el debate sobre la ponencia que se realizará la próxima.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue quien declaró ajustada a la Constitución la convocatoria a la consulta popular en la que se interroga al electorado sobre la siguiente pregunta:
“Está usted de acuerdo, si o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?”.
La Corte Constitucional ya se había pronunciado al respecto y había dejado en firme la fecha del 13 de agosto para adelantar la consulta, rechazando el recurso presentado por la Alcaldía que buscaba que se fijará para marzo de 2018 con el fin de que se adelantara a la par de las elecciones para el Congreso de la República.
A pesar de que existe la orden de la Corte, la Alcaldía ha suspendió las votaciones al argumentar que no tiene recursos para adelantarlas o asumir los costos de la jornada de alrededor de $44 mil millones.
La magistrada pide a la sala plena negar una nulidad a la tutela que da vía libre para adelantar la consulta, en el debate sobre la ponencia que se realizará la próxima.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue quien declaró ajustada a la Constitución la convocatoria a la consulta popular en la que se interroga al electorado sobre la siguiente pregunta:
“Está usted de acuerdo, si o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?”.
La Corte Constitucional ya se había pronunciado al respecto y había dejado en firme la fecha del 13 de agosto para adelantar la consulta, rechazando el recurso presentado por la Alcaldía que buscaba que se fijará para marzo de 2018 con el fin de que se adelantara a la par de las elecciones para el Congreso de la República.
A pesar de que existe la orden de la Corte, la Alcaldía ha suspendió las votaciones al argumentar que no tiene recursos para adelantarlas o asumir los costos de la jornada de alrededor de $44 mil millones.
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