El acuerdo Final de Paz fue firmado el pasado 24 de noviembre del 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, integrante de las Farc, en el teatro Colón de Bogotá. Las propuestas generales sobre el acuerdo fueron recogidas en el documento con el fin de legitimar la paz en el país; sin embargo, un año después de la firma, la evaluación de los avances del proceso ha generado dudas e inquietudes al respecto.
Pues los ciudadanos aún no tienen del todo claro las condiciones y los acuerdos firmados aquel día, actualmente a rastras y regañadientes lo aceptan más no lo apoyan en su totalidad.
Durante este año se legalizo a las FARC “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” como partido político y se aprobó para que exguerrilleros puedan presentarse como candidatos en cargos políticos.
Se creo y comenzó a funcionar los tribunales de la JEP “Justicia Especial para la Paz”, con ratificación por parte de la Corte Constitucional, a la fecha han salido de las cárceles 3.491 exguerrilleros y 1.714 miembros de la Fuerza Pública que no se han sometido a la justicia. Lo insólito es que la JEP es solo una de las 588 disposiciones que, según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, contiene el acuerdo firmado hace un año.
Para implementar los acuerdos se han expedido y sancionado 94 normas, entre ellas siete actos legislativos, 36 decretos-ley, cinco leyes aprobadas en el Congreso por el procedimiento fast track, y 46 decretos ordinarios.
De igual manera durante este año se han tenido inconvenientes y presentado falencias en ambas partes, es allí donde se confunde a la ciudadanía hasta llegar al punto de no saber quién está diciendo la verdad, si el gobierno del presidente Santos o nuestro nuevo partido político.
Pues los ciudadanos aún no tienen del todo claro las condiciones y los acuerdos firmados aquel día, actualmente a rastras y regañadientes lo aceptan más no lo apoyan en su totalidad.
Durante este año se legalizo a las FARC “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” como partido político y se aprobó para que exguerrilleros puedan presentarse como candidatos en cargos políticos.
Se creo y comenzó a funcionar los tribunales de la JEP “Justicia Especial para la Paz”, con ratificación por parte de la Corte Constitucional, a la fecha han salido de las cárceles 3.491 exguerrilleros y 1.714 miembros de la Fuerza Pública que no se han sometido a la justicia. Lo insólito es que la JEP es solo una de las 588 disposiciones que, según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, contiene el acuerdo firmado hace un año.
Para implementar los acuerdos se han expedido y sancionado 94 normas, entre ellas siete actos legislativos, 36 decretos-ley, cinco leyes aprobadas en el Congreso por el procedimiento fast track, y 46 decretos ordinarios.
De igual manera durante este año se han tenido inconvenientes y presentado falencias en ambas partes, es allí donde se confunde a la ciudadanía hasta llegar al punto de no saber quién está diciendo la verdad, si el gobierno del presidente Santos o nuestro nuevo partido político.
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