BANCOS DEBEN ENTREGAR PAGARÉS-LIBRANZA A LA LIQUIDACIÓN DE ESTRAVAL
Un grupo de entidades financieras que compró cartera de crédito en la modalidad de libranza a Estraval no podrá cobrarla por derecho propia, pues afectaría a otras víctimas. Se trata de una suma del orden de los 62.000 millones de pesos.
En una decisión sin antecedentes, la Superintendencia de Sociedades les ordenó a los bancos que tienen en su poder pagarés-libranza de Estraval, devolverlos a la liquidación de la comercializadora. La Superintendencia les dio un plazo de 15 días hábiles a partir del 12 de enero para entregar dichos títulos.
La decisión tiene como fin no afectar al resto de víctimas de esta comercializadora, pues muchos de los pagarés fueron duplicados y hasta triplicados, es decir, los mismos papeles que tienen los bancos también están en manos de otras personas.
El grupo de entidades financieros entre los que están Sudameris, Occidente, Giros y Finanzas, Global Security, Juriscoop y Banco de la Mujer se presentó a la audiencia resolución de objeciones a la calificación de créditos que se realizó esta semana. La Superintendencia de Sociedades no aceptó los argumentos de los bancos que pretendían que se levantara la restricción y se les permitiera disponer de los pagarés en su poder para cobrarlos a los deudores. En total se trata de unos 62.000 millones de pesos. La Superintendencia en su análisis consideró que los bancos tenían mejor información y capacidad para entender el negocio de las libranzas, analizar si algo andaba mal y por lo tanto asumir el riesgo de esta cartera.
En aras de que todos los afectados estén en igualdad de condiciones, la liquidación de Estraval es la encargada de cobrar esta cartera para distribuirla posteriormente entre las víctimas de las libranzas. El juez fue tajante en afirmar que los pagarés-libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados. Como se trata de una decisión que tiene que ver con la banca, la Supersociedades compulsó copia de la providencia a la Superfinanciera.
Dentro de la misma audiencia, algunas personas que fueron intervenidas en el proceso de captación ilegal en Estraval, pidieron ser excluidas de la lista. Sin embargo, el juez concluyó que analizados los documentos, no se logró desvirtuar su participación en la captación ilegal de recursos. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, señaló que los trámites “se han adelantado de forma eficiente, a pesar de la gran complejidad que reviste el proceso y del inmenso volumen de documentos que han debido ser analizados”. De igual forma, agregó que este proceso se está trabajando de la mano con diferentes autoridades como la Fiscalía General de la Nación.
En la audiencia, el juez del concurso argumentó las razones que llevaron a la entidad a ratificar el juicio de responsabilidades contra los directivos de Estraval.
Para la preparación de esta decisión el juez analizó las más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados uno a uno los 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la liquidación.
En la audiencia se advirtió que los afectados de Estraval, fueron objeto de un engaño. Los afectados “a pesar de que pensaron hacer un negocio, en realidad estaban siendo víctimas de un esquema de defraudación”.
Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías.
La Superintendencia de Sociedades ratificó que continúan en liquidación judicial como medida de intervención, los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Estrategias en Valores y de varias personas naturales entre las que se cuentan las cabezas de la firma Cesar Mondragón y Juan Carlos Bastidas. Igualmente, los funcionarios Fernando Joya, José Ignacio Alemán Cárdenas, Juan Agustín Vergara, Juan Carlos Gil y Tatiana Quintero.
En una decisión sin antecedentes, la Superintendencia de Sociedades les ordenó a los bancos que tienen en su poder pagarés-libranza de Estraval, devolverlos a la liquidación de la comercializadora. La Superintendencia les dio un plazo de 15 días hábiles a partir del 12 de enero para entregar dichos títulos.
La decisión tiene como fin no afectar al resto de víctimas de esta comercializadora, pues muchos de los pagarés fueron duplicados y hasta triplicados, es decir, los mismos papeles que tienen los bancos también están en manos de otras personas.
El grupo de entidades financieros entre los que están Sudameris, Occidente, Giros y Finanzas, Global Security, Juriscoop y Banco de la Mujer se presentó a la audiencia resolución de objeciones a la calificación de créditos que se realizó esta semana. La Superintendencia de Sociedades no aceptó los argumentos de los bancos que pretendían que se levantara la restricción y se les permitiera disponer de los pagarés en su poder para cobrarlos a los deudores. En total se trata de unos 62.000 millones de pesos. La Superintendencia en su análisis consideró que los bancos tenían mejor información y capacidad para entender el negocio de las libranzas, analizar si algo andaba mal y por lo tanto asumir el riesgo de esta cartera.
En aras de que todos los afectados estén en igualdad de condiciones, la liquidación de Estraval es la encargada de cobrar esta cartera para distribuirla posteriormente entre las víctimas de las libranzas. El juez fue tajante en afirmar que los pagarés-libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados. Como se trata de una decisión que tiene que ver con la banca, la Supersociedades compulsó copia de la providencia a la Superfinanciera.
Dentro de la misma audiencia, algunas personas que fueron intervenidas en el proceso de captación ilegal en Estraval, pidieron ser excluidas de la lista. Sin embargo, el juez concluyó que analizados los documentos, no se logró desvirtuar su participación en la captación ilegal de recursos. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, señaló que los trámites “se han adelantado de forma eficiente, a pesar de la gran complejidad que reviste el proceso y del inmenso volumen de documentos que han debido ser analizados”. De igual forma, agregó que este proceso se está trabajando de la mano con diferentes autoridades como la Fiscalía General de la Nación.
En la audiencia, el juez del concurso argumentó las razones que llevaron a la entidad a ratificar el juicio de responsabilidades contra los directivos de Estraval.
Para la preparación de esta decisión el juez analizó las más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados uno a uno los 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la liquidación.
En la audiencia se advirtió que los afectados de Estraval, fueron objeto de un engaño. Los afectados “a pesar de que pensaron hacer un negocio, en realidad estaban siendo víctimas de un esquema de defraudación”.
Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías.
La Superintendencia de Sociedades ratificó que continúan en liquidación judicial como medida de intervención, los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Estrategias en Valores y de varias personas naturales entre las que se cuentan las cabezas de la firma Cesar Mondragón y Juan Carlos Bastidas. Igualmente, los funcionarios Fernando Joya, José Ignacio Alemán Cárdenas, Juan Agustín Vergara, Juan Carlos Gil y Tatiana Quintero.
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