La Procuraduría General de la Nación determinó la apertura de indagación preliminar contra el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, por presunto abuso de autoridad en las indagaciones que adelanta por el supuesto desvío masivo de boletas con fines de reventa.
Esta medida cobija también al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, y otros funcionarios como Francisco Melo Rodríguez, Camilo Alfredo Bustamante Ordóñez, Lina María Díaz Viera, Orlando Enrique Acosta, Nohemí Rodríguez, Óscar Fabián Ramírez Rodríguez y Andrés Camilo Capera.
El abogado Jaime Lombana presentó una queja disciplinaria contra el Superintendente y varios funcionarios del ente de control, porque afirma sin mediar orden judicial le solicitaron a Christian Tadeo Daes, de la empresa Tecnoglass, su celular para revisar sus conversaciones privadas y ante su negativa lo “constriñeron” y lo habrían amenazado con una multa de más de 1.475 millones de pesos.
Al final, aceptó dar su celular y al parecer también su computador. Esto, habría sucedido según Lombana, un día antes del 15 de septiembre cuando se presentaron órdenes en el caso, para tener acceso a los datos. Pero además, se habría permitido el acceso de esa información a terceros.
La Procuraduría va a entrar a revisar si constituye una falta disciplinaria y si actuó dentro de sus competencias. Para ello, cita al abogado Jaime Lombana a declarar, a los señalados en la queja, incluidos los terceros que habrían tenía acceso a la información. Y, visitará la entidad para revisar el expediente de la indagación.
Esta medida cobija también al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, y otros funcionarios como Francisco Melo Rodríguez, Camilo Alfredo Bustamante Ordóñez, Lina María Díaz Viera, Orlando Enrique Acosta, Nohemí Rodríguez, Óscar Fabián Ramírez Rodríguez y Andrés Camilo Capera.
El abogado Jaime Lombana presentó una queja disciplinaria contra el Superintendente y varios funcionarios del ente de control, porque afirma sin mediar orden judicial le solicitaron a Christian Tadeo Daes, de la empresa Tecnoglass, su celular para revisar sus conversaciones privadas y ante su negativa lo “constriñeron” y lo habrían amenazado con una multa de más de 1.475 millones de pesos.
Al final, aceptó dar su celular y al parecer también su computador. Esto, habría sucedido según Lombana, un día antes del 15 de septiembre cuando se presentaron órdenes en el caso, para tener acceso a los datos. Pero además, se habría permitido el acceso de esa información a terceros.
La Procuraduría va a entrar a revisar si constituye una falta disciplinaria y si actuó dentro de sus competencias. Para ello, cita al abogado Jaime Lombana a declarar, a los señalados en la queja, incluidos los terceros que habrían tenía acceso a la información. Y, visitará la entidad para revisar el expediente de la indagación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario