Tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía General, el juzgado 31 de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y dos meses de prisión al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales por su responsablidad y participación en el manejo de los 6,5 millones de dólares enviados por Odebrecht en el 2009 para garantizar la entrega del contrato de la Ruta del Sol II.
En la diligencia judicial, la jueza determinó que García Morales reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos en el marco de este escándalo de corrupción. Igualmente, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales y a pagar una multa como reparación por sus actos ilegales.
Con aceptación de cargos desde las audiencias preliminares accediendo a la rebaja del 50% por la aceptación”, precisó la jueza de conocimiento en la audiencia. “Tras la imposición de la sentencia, Gabriel García Morales deberá cumplir la sentencia en establecimiento carcelario, en razón al monto de la pena, la cual no sustituye la medida de aseguramiento en este proceso”.
En el fallo se fijó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 6 años, así como el pago al pago de 70 millones de pesos como multa por los daños causados con su conducta ilegal.
En la diligencia judicial, la jueza determinó que García Morales reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos en el marco de este escándalo de corrupción. Igualmente, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales y a pagar una multa como reparación por sus actos ilegales.
Con aceptación de cargos desde las audiencias preliminares accediendo a la rebaja del 50% por la aceptación”, precisó la jueza de conocimiento en la audiencia. “Tras la imposición de la sentencia, Gabriel García Morales deberá cumplir la sentencia en establecimiento carcelario, en razón al monto de la pena, la cual no sustituye la medida de aseguramiento en este proceso”.
En el fallo se fijó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 6 años, así como el pago al pago de 70 millones de pesos como multa por los daños causados con su conducta ilegal.
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