martes, 12 de diciembre de 2017

POR DETENER A PERSONAS INJUSTAMENTE LA FISCALÍA DEBERÁ PAGAR $7.300 MILLONES


presuntos nexos con la subversión, que nunca se probaron, la Fiscalía capturó a 29 personas en el municipio de Quinchía, Risaralda y por esas capturas hoy en Consejo de Estado ordena al ente investigador pagar $7.300 millones. 

Para el alto Tribunal, “testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo”. 

En el 2003 y en el marco de la ‘Operación Libertad’, los capturaron, les dictaron medida de aseguramiento y los acusaron de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo. 

Sobre el caso, en el 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda ya se había pronunciado y había concluido que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues las decisiones tomadas se basaron en testimonios no contrastados de ex militantes de la guerrilla del EPL.

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