presuntos nexos con la subversión, que nunca se probaron, la Fiscalía capturó a 29 personas en el municipio de Quinchía, Risaralda y por esas capturas hoy en Consejo de Estado ordena al ente investigador pagar $7.300 millones.
Para el alto Tribunal, “testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo”.
En el 2003 y en el marco de la ‘Operación Libertad’, los capturaron, les dictaron medida de aseguramiento y los acusaron de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo.
Sobre el caso, en el 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda ya se había pronunciado y había concluido que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues las decisiones tomadas se basaron en testimonios no contrastados de ex militantes de la guerrilla del EPL.
Para el alto Tribunal, “testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo”.
En el 2003 y en el marco de la ‘Operación Libertad’, los capturaron, les dictaron medida de aseguramiento y los acusaron de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo.
Sobre el caso, en el 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda ya se había pronunciado y había concluido que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues las decisiones tomadas se basaron en testimonios no contrastados de ex militantes de la guerrilla del EPL.
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