El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario consideró que la sentencia de la Corte Constitucional Sentencia T-276/17, en donde se le ordena al Inpec y al Ministerio de Tecnología y de la Información (TIC) modificar el sistema actual de telefonía e implementar un modelo piloto de acceso a internet para la comunicación de los reclusos con sus familiares, incidía directamente en la licitación pública que se adelantaba con 14 empresas telefónicas.
El Instituto tomó la determinación de acatar el fallo judicial y revocar el actual proceso licitatorio y adelantar nuevos estudios técnicos, financieros y jurídicos para uno nuevo.
Por ejemplo, establecer políticas para que el servicio de comunicación no resulte ineficiente, costoso o inadecuado.
También se determinará si el Inpec está en condiciones de prestar los servicios requeridos a los reclusos y de paso evaluar la posibilidad de que los presos reciban llamadas entrantes en las cárceles y prestar el servicio de internet.
Por último, se tomarán medidas necesarias para evitar la propagación de los abusos y la corrupción que facilita el actual sistema de tarjetas prepagadas.
El Instituto tomó la determinación de acatar el fallo judicial y revocar el actual proceso licitatorio y adelantar nuevos estudios técnicos, financieros y jurídicos para uno nuevo.
Por ejemplo, establecer políticas para que el servicio de comunicación no resulte ineficiente, costoso o inadecuado.
También se determinará si el Inpec está en condiciones de prestar los servicios requeridos a los reclusos y de paso evaluar la posibilidad de que los presos reciban llamadas entrantes en las cárceles y prestar el servicio de internet.
Por último, se tomarán medidas necesarias para evitar la propagación de los abusos y la corrupción que facilita el actual sistema de tarjetas prepagadas.
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