PLAN DECENAL ARTICULA ESFUERZOS PARA PROTEGER DERECHOS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES Y POBLACIÓN LGBTI Y OFRECERLES UNA JUSTICIA OPORTUNA

Fortalecimiento y articulación de instituciones; desarrollo de actividades de prevención; socialización de políticas públicas; restablecimiento de derechos; y unificación de disposiciones jurídicas en materia de familia. Estas son algunas de las acciones que el Plan Decenal de Justicia (PDJ) desarrolla para prevenir y la violencia intrafamiliar y responder a ella en caso de que se presente.

Por ello, el componente del Plan denominado ‘Justicia de familia’ impulsa protocolos para garantizar los derechos de los sujetos que más vulnerables ante este tipo de conflictividad: mujeres, niños, adolescentes y población LGBTI.

En ese orden de ideas, esta hoja de ruta de la justicia colombiana estructura bajo criterios diferenciadores y perspectiva de género las decisiones de política pública o de programas de prevención del riesgo, de no discriminación, de atención prioritaria a personas víctimas de violencia intrafamiliar y de atención a menores.

Asimismo, impulsa el trabajo en torno a la capacitación constante de los defensores de familia y la implementación de talleres sociales y políticas públicas de promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), teniendo en cuenta los factores sociales de cada región del país.

Apoyada en estos ejes, la dimensión vertical del Subsistema de Familia dentro del PDJ apunta a fortalecer dicha institución de cara al mejoramiento de la sociedad en su conjunto, con el acompañamiento de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Policía Nacional y los ministerios de Educación y de Salud.

El Plan Decenal es el resultado de un ejercicio participativo y colaborativo que involucra al Gobierno Nacional, la Rama Judicial, los entes de control y la ciudadanía en general con el fin de identificar estrategias que mejoren la calidad de la prestación del servicio de justicia y el acceso a la misma por parte de la ciudadanía. 

Las entidades responsables son el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Nacional de Planeación, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.