Mediante el Acuerdo 1055 de 2017, aprobado el 22 de noviembre y publicado en la edición 50.427 del Diario Oficial, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó la reforma al Reglamento General de la Corporación, dirigida a garantizar la imparcialidad, moralidad y ética en la función de administrar justicia, con la creación de una medida administrativa, preventiva y no sancionatoria, que permitirá relevar de funciones jurisdiccionales y administrativas a magistrados penalmente investigados por autoridad competente, cuya honorabilidad se encuentre cuestionada de manera grave y fundada a causa de ello.
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