“SUSCRIBIREMOS UN PACTO DE TRANSPARENCIA ELECTORAL DE CARA AL PUEBLO COLOMBIANO”: MINISTRO GIL BOTERO
El pasado lunes 29 de enero, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, acompañado por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, presidió la sesión de la Comisión de Política Criminal Electoral y Seguimiento a Delitos Electorales celebrada en la Sala Plena del Consejo de Estado. Durante la reunión, Gil Botero aseguró que el gran objetivo es combatir, reducir y prevenir la criminalidad electoral en todas sus manifestaciones.
“Queremos posicionar la lucha contra la criminalidad electoral y en particular contra los carteles electorales como un asunto de seguridad nacional y de orden público, estimular el fortalecimiento institucional para afrontar tanto la prevención como la lucha contra estos carteles en lo judicial y en lo sancionatorio administrativo, así como también en las jurisdicciones penal y contencioso administrativo y en la responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa”, dijo el funcionario.
Además indicó que esta Comisión busca mejorar la articulación y coordinación entre autoridades con responsabilidades directas e indirectas en lo electoral, primero en el orden nacional y luego en el territorial. “Destacamos la cooperación interinstitucional y el compromiso de todas las entidades que hacen parte de esta Comisión en la lucha contra los carteles criminales electorales”, indicó Gil.
De esta Comisión hacen parte el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil – Consejo Nacional Electoral-, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Estado y representantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
En la sesión se conoció que algunos de los efectos adicionales de la criminalidad electoral son: deterioro en la calidad del debate público, disminución de los bienes públicos disponibles en calidad y cantidad para los más vulnerables, pérdida de confianza en el sistema democrático y las instituciones, entre otras.
El jefe de la cartera de Justicia, agregó que “necesitamos revertir la tendencia según la cual los delitos electorales no son graves y en donde la venta del voto se enraizó en nuestras costumbres políticas. Por eso queremos que toda la ciudadanía interiorice que nuestro voto no tiene precio. Sin el apoyo de la ciudadanía no podremos derrotar la corrupción que está destruyendo nuestra democracia”.
Gil Botero culminó su intervención asegurando que “estaremos vigilantes para garantizar el respeto a los topes electorales, prevenir y combatir la financiación ilícita de las campañas. Además vamos a convocar a todos los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para suscribir un pacto de transparencia de cara al pueblo colombiano, en el cual quede claro su compromiso”.
“Queremos posicionar la lucha contra la criminalidad electoral y en particular contra los carteles electorales como un asunto de seguridad nacional y de orden público, estimular el fortalecimiento institucional para afrontar tanto la prevención como la lucha contra estos carteles en lo judicial y en lo sancionatorio administrativo, así como también en las jurisdicciones penal y contencioso administrativo y en la responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa”, dijo el funcionario.
Además indicó que esta Comisión busca mejorar la articulación y coordinación entre autoridades con responsabilidades directas e indirectas en lo electoral, primero en el orden nacional y luego en el territorial. “Destacamos la cooperación interinstitucional y el compromiso de todas las entidades que hacen parte de esta Comisión en la lucha contra los carteles criminales electorales”, indicó Gil.
De esta Comisión hacen parte el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil – Consejo Nacional Electoral-, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Estado y representantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
En la sesión se conoció que algunos de los efectos adicionales de la criminalidad electoral son: deterioro en la calidad del debate público, disminución de los bienes públicos disponibles en calidad y cantidad para los más vulnerables, pérdida de confianza en el sistema democrático y las instituciones, entre otras.
El jefe de la cartera de Justicia, agregó que “necesitamos revertir la tendencia según la cual los delitos electorales no son graves y en donde la venta del voto se enraizó en nuestras costumbres políticas. Por eso queremos que toda la ciudadanía interiorice que nuestro voto no tiene precio. Sin el apoyo de la ciudadanía no podremos derrotar la corrupción que está destruyendo nuestra democracia”.
Gil Botero culminó su intervención asegurando que “estaremos vigilantes para garantizar el respeto a los topes electorales, prevenir y combatir la financiación ilícita de las campañas. Además vamos a convocar a todos los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para suscribir un pacto de transparencia de cara al pueblo colombiano, en el cual quede claro su compromiso”.
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