Sin contar prestaciones sociales, la EPS Colsanitas le cubrió al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia incapacidades médicas que suman cerca de 60 millones de pesos. El pasado jueves, Gustavo Malo, el jurista activo más cuestionado del momento, se alistaba para definir su situación laboral. Después de tres incapacidades, le pidió a sus excolegas que le dieran el día libre (este viernes) para ir otra vez al médico. Es casi un hecho que a Malo le darán una nueva incapacidad con lo que completaría, por cuenta de los médicos, 80 días remunerados por fuera del cargo.
Se conoció que dos han sido los dictámenes bajo los cuales se han expedido estas incapacidades en ocasiones anteriores. El primero está relacionado con un cuadro de estrés. El escándalo tiene respondiendo al magistrado en una investigación ante la Comisión de Acusaciones por los graves hechos de corrupción que sacudieron a la cúpula de la justicia. El segundo diagnóstico tiene que ver con una cirugía que se practicó en diciembre por una hernia abdominal.
Una vez se le vino a Malo el escándalo encima, el 1 de octubre de 2017 la Corte Suprema de Justicia le concedió una licencia no remunerada de dos meses. En ese tiempo, el alto tribunal aprovechó para aprobar un articulito en su reglamento, que les permite con el aval de las dos terceras partes de la Sala Plena apartar de sus funciones a un magistrado que esté siendo investigado por graves hechos.
A pesar de que esta cláusula prácticamente lleva el nombre de su protagonista, Gustavo Malo, no ha podido ser aplicada ya que a su regreso el 30 de noviembre, el magistrado pidió su primera incapacidad médica de 20 días, que le fue concedida por un médico cirujano, que trabaja para la clínica Medihelp Services de Colombia.
De allí, los magistrados de la corte entraron en vacancia judicial y cuando llegaron el 11 de enero se volvieron a quedar con los crespos hechos; el sábado 13, una médica psiquiatra, que trabaja en un centro médico de Bocagrande adscrito a Colsanitas, emitió una nueva incapacidad por otros 20 días.
Esta misma médica fue la que el 2 de febrero de 2018 ordenó que a Malo se le concedieran otros 20 de días de incapacidad, que le cubren hasta este jueves 22. Pidió permiso para este viernes, pero el gran interrogante es ¿qué pasará ahora con el magistrado, señalado como uno de los jefes del cartel de la toga?
Algunos de sus colegas albergan la esperanza de que la Comisión de Acusaciones acelere los trámites para definir pronto la situación jurídica del magistrado. Esto, porque su reintegro al alto tribunal resultaría no solo incómodo sin problemático. En su despacho tiene investigaciones delicadas que involucran a varios congresistas salpicados como los beneficiarios de este cartel de corrupción: Argenis Velásquez, Nilton Manyoma, Julio Gallardo Archbold. En el listado de 50 aforados que estaban bajo su cargo también aparece Bernardo Miguel Elías y el expresidente Álvaro Uribe.
Este fin de semana, precisamente, el presidente de la corte, Jose Luis Barceló, pidió hacer una inspección al proceso contra el exmandantario, que llegó desde el mes de diciembre de 2014, sin que hasta la fecha se hayan tomado decisiones en algún sentido ni se conozca impulso procesal alguno.
El caso está relacionado con la denuncia presentada por el asesinado defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de la Granja en junio 1996. A esta voz se le sumó la de Iván Cepeda, que aportó las entrevistas de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. En el marco de estas investigaciones -dice el tribunal supremo- se realizó una inspección al expediente que cursaba en la Comisión de Acusaciones por la supuesta participación de Álvaro Uribe en la creación de las Convivir.
El caso fue archivado en el año 2000 y reabierto en 2013 en la Fiscalía 6a. Delegada ante la corte. El ente investigador entregó el 25 de noviembre del 2014 las diligencias a la Corte dada la calidad de aforado que adquirió el hoy senador Uribe.
El abogado Álvaro Pérez, que defiende los intereses de Malo, aseguró que estarían presentando la cuarta incapacidad al pleno de la Corte en los próximos días. Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá a futuro, el abogado aseguró que están estudiando la posibilidad de que se pida una nueva licencia no remunerada de tres meses, a la cual los magistrados tienen derecho una vez al año. Sin embargo, no es claro que esta vez reciba la bendición de sus excolegas.
Malo se defiende desde Cartagena. Desde allá está al pendiente de lo que ocurra en su caso y en el de su hija Yara Malo, a quien la Fiscalía llevará a juicio por extorsión. Y en medio del huracán que provocaron sus actuaciones volvería a mandar, por cuarta vez consecutiva, un dictamen que dejaría a la deriva su situación en este alto tribunal.
Tomada de: Semana
Se conoció que dos han sido los dictámenes bajo los cuales se han expedido estas incapacidades en ocasiones anteriores. El primero está relacionado con un cuadro de estrés. El escándalo tiene respondiendo al magistrado en una investigación ante la Comisión de Acusaciones por los graves hechos de corrupción que sacudieron a la cúpula de la justicia. El segundo diagnóstico tiene que ver con una cirugía que se practicó en diciembre por una hernia abdominal.
Una vez se le vino a Malo el escándalo encima, el 1 de octubre de 2017 la Corte Suprema de Justicia le concedió una licencia no remunerada de dos meses. En ese tiempo, el alto tribunal aprovechó para aprobar un articulito en su reglamento, que les permite con el aval de las dos terceras partes de la Sala Plena apartar de sus funciones a un magistrado que esté siendo investigado por graves hechos.
A pesar de que esta cláusula prácticamente lleva el nombre de su protagonista, Gustavo Malo, no ha podido ser aplicada ya que a su regreso el 30 de noviembre, el magistrado pidió su primera incapacidad médica de 20 días, que le fue concedida por un médico cirujano, que trabaja para la clínica Medihelp Services de Colombia.
De allí, los magistrados de la corte entraron en vacancia judicial y cuando llegaron el 11 de enero se volvieron a quedar con los crespos hechos; el sábado 13, una médica psiquiatra, que trabaja en un centro médico de Bocagrande adscrito a Colsanitas, emitió una nueva incapacidad por otros 20 días.
Esta misma médica fue la que el 2 de febrero de 2018 ordenó que a Malo se le concedieran otros 20 de días de incapacidad, que le cubren hasta este jueves 22. Pidió permiso para este viernes, pero el gran interrogante es ¿qué pasará ahora con el magistrado, señalado como uno de los jefes del cartel de la toga?
Algunos de sus colegas albergan la esperanza de que la Comisión de Acusaciones acelere los trámites para definir pronto la situación jurídica del magistrado. Esto, porque su reintegro al alto tribunal resultaría no solo incómodo sin problemático. En su despacho tiene investigaciones delicadas que involucran a varios congresistas salpicados como los beneficiarios de este cartel de corrupción: Argenis Velásquez, Nilton Manyoma, Julio Gallardo Archbold. En el listado de 50 aforados que estaban bajo su cargo también aparece Bernardo Miguel Elías y el expresidente Álvaro Uribe.
Este fin de semana, precisamente, el presidente de la corte, Jose Luis Barceló, pidió hacer una inspección al proceso contra el exmandantario, que llegó desde el mes de diciembre de 2014, sin que hasta la fecha se hayan tomado decisiones en algún sentido ni se conozca impulso procesal alguno.
El caso está relacionado con la denuncia presentada por el asesinado defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de la Granja en junio 1996. A esta voz se le sumó la de Iván Cepeda, que aportó las entrevistas de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. En el marco de estas investigaciones -dice el tribunal supremo- se realizó una inspección al expediente que cursaba en la Comisión de Acusaciones por la supuesta participación de Álvaro Uribe en la creación de las Convivir.
El caso fue archivado en el año 2000 y reabierto en 2013 en la Fiscalía 6a. Delegada ante la corte. El ente investigador entregó el 25 de noviembre del 2014 las diligencias a la Corte dada la calidad de aforado que adquirió el hoy senador Uribe.
El abogado Álvaro Pérez, que defiende los intereses de Malo, aseguró que estarían presentando la cuarta incapacidad al pleno de la Corte en los próximos días. Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá a futuro, el abogado aseguró que están estudiando la posibilidad de que se pida una nueva licencia no remunerada de tres meses, a la cual los magistrados tienen derecho una vez al año. Sin embargo, no es claro que esta vez reciba la bendición de sus excolegas.
Malo se defiende desde Cartagena. Desde allá está al pendiente de lo que ocurra en su caso y en el de su hija Yara Malo, a quien la Fiscalía llevará a juicio por extorsión. Y en medio del huracán que provocaron sus actuaciones volvería a mandar, por cuarta vez consecutiva, un dictamen que dejaría a la deriva su situación en este alto tribunal.
Tomada de: Semana
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