INVESTIGACIÓN CONTRA URIBE ENREDA A SU HERMANO Y A LUIS ALFREDO RAMOS
Miles de llamadas, decenas de testimonios y documentos hacen parte de las pruebas recaudadas en el expediente con el que la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia que el expresidente Álvaro Uribe hizo en el 2012 contra el senador Iván Cepeda, señalándolo de crear un “cartel de falsos testigos” para supuestamente vincularlo con paramilitares.
En la decisión, la Corte determinó que Cepeda no manipuló las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, y que los testimonios que obtuvo de esos exparamilitares, en los que señalan a los Uribe Vélez de conformar supuestamente el Bloque Metro en la finca Guacharacas (Antioquia), de su propiedad, fueron obtenidos en una labor legítima como integrante de la comisión de derechos humanos del Congreso.
Pero las repercusiones del fallo de la Corte van más allá de la investigación que ese alto tribunal llevará contra Uribe por la presunta manipulación de testigos contra Cepeda, y que por primera vez podría tener un mayor avance que los casos que ha llevado la Comisión de Acusaciones o el mismo alto tribunal contra el expresidente.
La Corte también trasladó las grabaciones y testimonios a tres investigaciones: los casos contra Uribe, su hermano Santiago Uribe y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quienes tienen procesos por presuntos vínculos con paramilitares.
En el caso de Álvaro Uribe, la Corte recordó que desde diciembre del 2014 no hay ninguna decisión en el radicado 45.110 –proceso que, según fuentes, está en manos del magistrado Gustavo Malo, investigado por la Comisión de Acusación por el escándalo del ‘cartel de la toga’–.
Por eso, el alto tribunal le ordenó a ese despacho rendir un informe para conocer en qué va la investigación de ese caso, iniciado por una denuncia de Jesús María Valle Jaramillo –asesinado en 1998–, en la cual denunció “las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de La Granja en junio de 1996”. También por una denuncia de Iván Cepeda contra Uribe, en la cual adjuntó los testimonios de Sierra y Monsalve.
El segundo caso en el que se compulsaron copias es en el de Santiago Uribe, quien tiene un proceso en el juzgado primero penal del Circuito Especializado de Antioquia por la supuesta creación del grupo de ‘los 12 Apóstoles’, por lo que se le sindicaron los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
A ese proceso la Corte remitió las declaraciones del exparamilitar Alexánder Amaya Vargas, quien aseguró que nunca ha hablado con Iván Cepeda y que jamás le hizo comentarios al coronel Pedro Manuel Benavides para que supuestamente declarara en contra de Santiago Uribe sobre ‘los 12 Apóstoles’.
Según le dijo Amaya a la Corte, nadie le hizo ofrecimientos para testificar en contra de los Uribe y, por el contrario, “él fue el primero en destapar en 1996 la conformación de esa agrupación y sus integrantes”.
La Corte califica las declaraciones del coronel Benavides de “inconsistentes”, pues aseguró que se había enterado por el mayor Juan Carlos Meneses (testigo clave contra Santiago Uribe y condenado a 27 años por el homicidio del líder Camilo Barrientos) de la supuesta compra de testigos por parte de Cepeda. Para la Corte, sus afirmaciones no son creíbles porque Benavides asegura haberse enterado de esos ofrecimientos en el 2009, cuando Cepeda ni siquiera era senador.
El tercer caso enredado es el de Luis Alfredo Ramos, quien está libre pero tiene un proceso en el alto tribunal por supuestos vínculos con paramilitares.
El alto tribunal entrevistó a Carlos Enrique Areiza Arango, exparamilitar que testificó contra Ramos y luego se retractó.
Tras esas diligencias, el alto tribunal ordenó investigar las conductas del Fiscal de la Unidad de Falsos Testigos y del juez 16 penal del Circuito de Medellín, por el “cuestionable preacuerdo con Areiza por el delito de falso testimonio”, en el cual se aceptó su retractación en lo dicho contra Ramos y por el que le dieron tres años de cárcel.
Areiza le dijo a la Corte que estaba en prisión domiciliaria por ese preacuerdo, pues supuestamente el fiscal “le propuso que si no aceptaba ese delito, le imputaba el de extorsión, por el que, al igual que el de falso testimonio, lo denunció la defensa de Ramos. Entonces terminó aceptándolo para preservar su vida y reiteró sus temores frente a su seguridad”, dijo la Corte y ordenó que se le brinde protección.
Según la Corte, ese preacuerdo se basó en pruebas de manifestaciones de terceros y no en el contenido de las supuestas declaraciones falsas de Areiza. Y, en otra diligencia, Areiza le dijo a la Corte que sentía temor de declarar “porque venía siendo objeto de amenazas en la cárcel a raíz de su declaración contra Luis Alfredo Ramos”.
La Corte también ordenó investigar la presunta falsedad en una carta que supuestamente Areiza envió a esa corporación y en la que decía que Cepeda le había hecho ofrecimientos a cambio de declarar contra Ramos y los Uribe. Según la Corte, el documento, que para la Fiscalía y el juez fue prueba de la retractación de Areiza, “no se dio en el juicio y bajo la gravedad de juramento” sino que llegó por un correo cuya autoría Areiza desmintió ante el alto tribunal.
Tomada de:El tiempo
En la decisión, la Corte determinó que Cepeda no manipuló las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, y que los testimonios que obtuvo de esos exparamilitares, en los que señalan a los Uribe Vélez de conformar supuestamente el Bloque Metro en la finca Guacharacas (Antioquia), de su propiedad, fueron obtenidos en una labor legítima como integrante de la comisión de derechos humanos del Congreso.
Pero las repercusiones del fallo de la Corte van más allá de la investigación que ese alto tribunal llevará contra Uribe por la presunta manipulación de testigos contra Cepeda, y que por primera vez podría tener un mayor avance que los casos que ha llevado la Comisión de Acusaciones o el mismo alto tribunal contra el expresidente.
La Corte también trasladó las grabaciones y testimonios a tres investigaciones: los casos contra Uribe, su hermano Santiago Uribe y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quienes tienen procesos por presuntos vínculos con paramilitares.
En el caso de Álvaro Uribe, la Corte recordó que desde diciembre del 2014 no hay ninguna decisión en el radicado 45.110 –proceso que, según fuentes, está en manos del magistrado Gustavo Malo, investigado por la Comisión de Acusación por el escándalo del ‘cartel de la toga’–.
Por eso, el alto tribunal le ordenó a ese despacho rendir un informe para conocer en qué va la investigación de ese caso, iniciado por una denuncia de Jesús María Valle Jaramillo –asesinado en 1998–, en la cual denunció “las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de La Granja en junio de 1996”. También por una denuncia de Iván Cepeda contra Uribe, en la cual adjuntó los testimonios de Sierra y Monsalve.
El segundo caso en el que se compulsaron copias es en el de Santiago Uribe, quien tiene un proceso en el juzgado primero penal del Circuito Especializado de Antioquia por la supuesta creación del grupo de ‘los 12 Apóstoles’, por lo que se le sindicaron los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
A ese proceso la Corte remitió las declaraciones del exparamilitar Alexánder Amaya Vargas, quien aseguró que nunca ha hablado con Iván Cepeda y que jamás le hizo comentarios al coronel Pedro Manuel Benavides para que supuestamente declarara en contra de Santiago Uribe sobre ‘los 12 Apóstoles’.
Según le dijo Amaya a la Corte, nadie le hizo ofrecimientos para testificar en contra de los Uribe y, por el contrario, “él fue el primero en destapar en 1996 la conformación de esa agrupación y sus integrantes”.
La Corte califica las declaraciones del coronel Benavides de “inconsistentes”, pues aseguró que se había enterado por el mayor Juan Carlos Meneses (testigo clave contra Santiago Uribe y condenado a 27 años por el homicidio del líder Camilo Barrientos) de la supuesta compra de testigos por parte de Cepeda. Para la Corte, sus afirmaciones no son creíbles porque Benavides asegura haberse enterado de esos ofrecimientos en el 2009, cuando Cepeda ni siquiera era senador.
El tercer caso enredado es el de Luis Alfredo Ramos, quien está libre pero tiene un proceso en el alto tribunal por supuestos vínculos con paramilitares.
El alto tribunal entrevistó a Carlos Enrique Areiza Arango, exparamilitar que testificó contra Ramos y luego se retractó.
Tras esas diligencias, el alto tribunal ordenó investigar las conductas del Fiscal de la Unidad de Falsos Testigos y del juez 16 penal del Circuito de Medellín, por el “cuestionable preacuerdo con Areiza por el delito de falso testimonio”, en el cual se aceptó su retractación en lo dicho contra Ramos y por el que le dieron tres años de cárcel.
Areiza le dijo a la Corte que estaba en prisión domiciliaria por ese preacuerdo, pues supuestamente el fiscal “le propuso que si no aceptaba ese delito, le imputaba el de extorsión, por el que, al igual que el de falso testimonio, lo denunció la defensa de Ramos. Entonces terminó aceptándolo para preservar su vida y reiteró sus temores frente a su seguridad”, dijo la Corte y ordenó que se le brinde protección.
Según la Corte, ese preacuerdo se basó en pruebas de manifestaciones de terceros y no en el contenido de las supuestas declaraciones falsas de Areiza. Y, en otra diligencia, Areiza le dijo a la Corte que sentía temor de declarar “porque venía siendo objeto de amenazas en la cárcel a raíz de su declaración contra Luis Alfredo Ramos”.
La Corte también ordenó investigar la presunta falsedad en una carta que supuestamente Areiza envió a esa corporación y en la que decía que Cepeda le había hecho ofrecimientos a cambio de declarar contra Ramos y los Uribe. Según la Corte, el documento, que para la Fiscalía y el juez fue prueba de la retractación de Areiza, “no se dio en el juicio y bajo la gravedad de juramento” sino que llegó por un correo cuya autoría Areiza desmintió ante el alto tribunal.
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