EN 50 DÍAS FUERON DESPLAZADAS 2.192 PERSONAS EN LAS REGIONES DEL NORTE DE ANTIOQUIA, BAJO CAUCA Y EL SUR DE CÓRDOBA
La Defensoría del Pueblo denunció la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia), debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.
Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.
La causa han sido los combates entre Grupos Armados Ilegales posdesmovilización de las AUC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas conocidos también como ‘los caparrapos’) en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.
Simultáneamente, se observa el fortalecimiento del ELN en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las FARC-EP en Ituango, que se ha enfrentado con las AGC.
En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes.
Lo anterior ha configurado un contexto de violaciones masivas de los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la dignidad humana de las comunidades campesinas, indígenas y la población urbana.
En las verificaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo se ha hecho evidente que ante la magnitud de la Emergencia Humanitaria (cantidad de personas desplazadas y confinadas, así como la persistencia en el tiempo de la situación de riesgo), se han presentado dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, las Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los Derechos Humanos y las garantías para el retorno.
Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.
La causa han sido los combates entre Grupos Armados Ilegales posdesmovilización de las AUC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas conocidos también como ‘los caparrapos’) en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.
Simultáneamente, se observa el fortalecimiento del ELN en Cáceres y Tarazá, así como la presencia de una disidencia del Frente 36 de las FARC-EP en Ituango, que se ha enfrentado con las AGC.
En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes.
Lo anterior ha configurado un contexto de violaciones masivas de los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la dignidad humana de las comunidades campesinas, indígenas y la población urbana.
En las verificaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo se ha hecho evidente que ante la magnitud de la Emergencia Humanitaria (cantidad de personas desplazadas y confinadas, así como la persistencia en el tiempo de la situación de riesgo), se han presentado dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, las Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los Derechos Humanos y las garantías para el retorno.
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