Una investigación disciplinaria inició la Procuraduría General de la Nación al secretario de movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por la licitación para administrar el servicio de patios y grúas en la capital del país.
También serán investigadas tres funcionarias de esa entidad, por las presuntas irregularidades presentadas en la adjudicación, en 2017, de la licitación.
Las investigación de la delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial también vincula a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo, la directora de Asuntos Legales, Carolina Pombo Rivera, y la directora del Servicio al Ciudadano, Laura Sofía Carvajal de León.
Para la Procuraduría en el proceso de adjudicación no se habrían realizado los estudios técnicos necesarios y suficientes para prever y resolver las posibles circunstancias que pudieran presentarse a futuro y evitar así poner en riesgo la administración pública.
A juicio del Ministerio Público se hace necesario verificar si las decisiones tomadas por los funcionarios fueron debidamente planeadas para asegurar el mejor interés de la ciudad, y si la apertura de la licitación y la administración del servicio de patios y grúas en la capital respondieron a una estrategia clara, planeada, coherente y encaminada a la obtención de los objetivos que debe perseguir la administración pública.
La Procuraduría busca determinar si las acciones ejecutadas hasta ahora por los directivos de la Secretaría de Movilidad han contribuido a la protección del patrimonio público, acatando los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes.
Tomada de: Caracol
También serán investigadas tres funcionarias de esa entidad, por las presuntas irregularidades presentadas en la adjudicación, en 2017, de la licitación.
Las investigación de la delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial también vincula a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo, la directora de Asuntos Legales, Carolina Pombo Rivera, y la directora del Servicio al Ciudadano, Laura Sofía Carvajal de León.
Para la Procuraduría en el proceso de adjudicación no se habrían realizado los estudios técnicos necesarios y suficientes para prever y resolver las posibles circunstancias que pudieran presentarse a futuro y evitar así poner en riesgo la administración pública.
A juicio del Ministerio Público se hace necesario verificar si las decisiones tomadas por los funcionarios fueron debidamente planeadas para asegurar el mejor interés de la ciudad, y si la apertura de la licitación y la administración del servicio de patios y grúas en la capital respondieron a una estrategia clara, planeada, coherente y encaminada a la obtención de los objetivos que debe perseguir la administración pública.
La Procuraduría busca determinar si las acciones ejecutadas hasta ahora por los directivos de la Secretaría de Movilidad han contribuido a la protección del patrimonio público, acatando los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes.
Tomada de: Caracol
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