CON NARCOTRÁFICO Y MINERÍA ILEGAL, ELN, AGC Y DISIDENCIAS DE LAS FARC VIOLAN DERECHOS HUMANOS

La Defensoría del Pueblo denunció este viernes que luego de los acuerdos de paz y en época de posconflicto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc están copando territorios donde violan los derechos fundamentales y cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en su interés por controlar el narcotráfico y la minería ilegal.

En un evento realizado en Tumaco (Nariño), el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo entrega del informe ‘Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’, en el que se solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales que adopten medidas para prevenir y proteger a la comunidad ante hechos de violencia y constreñimiento cometidos por grupos ilegales en varios lugares del país.

Algunas regiones afectadas por la presencia de actores armados que ejercen control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería aurífera, son el corregimiento de Llorente en Tumaco y el casco urbano de ese municipio; Argelia, El Tambo, Suárez, y corregimientos de Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, en el Valle del Cauca; el corregimiento La Gabarra, y los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander. Tarazá, Caucasia y El Bagre, en Antioquia.

Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento.

La Defensoría del Pueblo también advierte sobre la necesidad de que se realicen acciones de prevención, protección y disuasión de factores de violencia en relación con comunidades vulnerables que habitan en los sitios donde hay embarque de estupefacientes e importación de armamento, especialmente en áreas portuarias de Tumaco, El Charco, Guapi y Buenaventura, así como en puntos de fronteras terrestres, como Cúcuta, Puerto Santander y aledaños.

En el informe se hace referencia al Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño como zonas estratégicas para los actores armados ilegales, como quiera que sirven de corredor para el narcotráfico, al mismo tiempo que existen explotaciones ilegales de oro. Se indica en un aparte del informe como, “En esta región se registran disputas entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Por otra parte, se agrega que “en Nariño y Cauca se han configurado disputas entre agrupaciones residuales: norte del Cauca y Tumaco. En este escenario, las disputas entre grupos residuales impactan los derechos humanos de los pobladores”.

Un capítulo especial merece la solicitud de cumplir, a la mayor brevedad, con lo pactado en La Habana para implementar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera en Tumaco, como prerrequisito para impulsar la sustitución de cultivos.

En cuanto al narcotráfico, durante la presentación se indicó que en el 2000 había 161.971 hectáreas de cultivos de coca en todo el país y para el 2016 la cifra estaba en 146.140 hectáreas. Es preocupante que solo en Tumaco hay en la actualidad unas 23.000 hectáreas de cultivos de coca, afectando principalmente a la comunidad de Alto Mira y Frontera.